Shakira ha ganado el último pulso que aún mantenía con la Hacienda española, que previsiblemente deberá devolverle más de 60 millones de euros por sanciones que, según ha concluido la justicia, le fueron impuestas de forma indebida. La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha dado la razón a la cantante colombiana y ha anulado el expediente que le obligó a pagar, entre liquidaciones y sanciones, casi 55 millones de euros; esas cantidades le tendrán que ser devueltas ahora con intereses, que según fuentes judiciales suman nueve millones. La resolución considera que Shakira no debía ser considerada residente fiscal en España en 2011. La decisión no afecta, sin embargo, a la causa penal por la que ya fue condenada, en sentencia firme, por impago de impuestos en años posteriores, de 2012 a 2014.
El caso, no obstante, todavía dará que hablar. Un portavoz de la Agencia Tributaria explica que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda no comparte el criterio de la Audiencia Nacional, por lo que instará a la Abogacía del Estado a que recurra la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo. Además, prosigue el portavoz de la agencia, en caso de que el alto tribunal finalmente dé la razón a la cantante, la devolución será muy inferior a esos 60 millones de euros, ya que “difícilmente se puede devolver una sanción que no te han ingresado”.
La artista ha celebrado la victoria y ha vuelto a cargar contra la Agencia Tributaria en una nota de prensa triunfalista, que obvia la condena penal que ella misma aceptó: “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, afirma sobre la sentencia, que se limita a examinar sus circunstancias en el año 2011, después de su éxito con Waka-Waka (la canción del Mundial de fútbol de Sudáfrica, donde conoció al entonces futbolista del Barça Gerard Piqué) y de completar su gira mundial Sale el Sol.
Shakira, que aceptó una pena de tres años de cárcel por fraude fiscal en los ejercicios 2012 a 2014 —admitió que debía haber pagado impuestos en España y accedió al pago de una multa de 7,3 millones— se presenta, en la nota difundida, como víctima: “Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio”.
Pese a que aceptó la pena de prisión, en parte, para evitar el juicio, Shakira nunca ha dejado de criticar el comportamiento de la Hacienda española en su caso: “Se me ha tratado como culpable (…) y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”. “Mi mayor deseo”, añade, “es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad”.
Los inspectores de la Agencia Tributaria concluyeron que, en 2011, Shakira ya debía ser considerada residente fiscal en España. Y firmaron actas de liquidación que le supusieron el pago de 24,7 millones por no abonar el IRPF (19,9 de cuota y otros 4,7 de intereses) y de otros 2,6 millones por no abonar el Impuesto sobre el Patrimonio. Esas resoluciones derivaron, a su vez, en expedientes sancionadores por “infracción muy grave”, de un 125% de multa por la cuota defraudada en cada uno de los impuestos. En total, entre liquidaciones y sanciones, las cantidades ascienden a 54,7 millones. Ese ejercicio 2011, uno de los más boyantes de la carrera de Shakira, no formó parte finalmente de la querella de la Fiscalía porque, penalmente, el delito había prescrito.
163 días y una “relación”
Para que una persona sea considerada residente fiscal en España debe haber pasado en el país más de 183 días. Hacienda solo pudo probar, entre días acreditados y los llamados días “presuntos”, un total de 163, pero insistió en que la cantante tenía una “relación sentimental” con Gerard Piqué, que había hecho de España el núcleo de su actividad y que la residencia fiscal de Bahamas, alegada por la cantante, era un espejismo.
A través del abogado José Luis Prada, Shakira recurrió la decisión administrativa ante la Audiencia Nacional, que ahora le ha dado la razón. La sentencia considera que, por mucho que tuviera una relación con el futbolista catalán, en 2011 “no existía vínculo conyugal” ni “núcleo familiar”, puesto que no había “hijos menores”. Tampoco se ha probado que España fuera el núcleo de la actividad económica de la cantante, que en esa época (la gira Sale el Sol) “desarrolló la mayoría de su actividad económica en el extranjero”.
El tribunal concluye que Shakira no debía pagar impuestos por su renta mundial en España en 2011. De ahí que “las liquidaciones y sanciones” impuestas sean “contrarias a derecho”. La sentencia, que no es firme —la Agencia Tributaria instará a la Abogacía del Estado a recurrir ante el Tribunal Supremo— anula las resoluciones de la administración y acuerda “la devolución de cantidades” a la artista, o sea, los 54,7 millones de euros más los intereses.
Según fuentes judiciales consultadas por este diario, Shakira abonó en su día 27,3 millones de euros, que se corresponden con el resultado de las liquidaciones de los impuestos (IRPF y patrimonio). Las sanciones, que fueron del 125% (el porcentaje se calcula solo sobre la cuota defraudada, no sobre los intereses) suman otros 27,4 millones y con ellas se procedió de otra forma: Shakira presentó el aval de un banco que ahora será cancelado. A esas cantidades hay que sumar los intereses acumulados que, hasta esta semana, las mismas fuentes cifran en 9,2 millones.