El Tribunal Constitucional (TC) de Polonia se ha convertido en un campo de batalla político y judicial. La suspensión del presidente y vicepresidente del tribunal el pasado viernes desencadenó un nuevo episodio convulso en una crisis que dura más de una década. Un bando acusa al otro de golpe de Estado, mientras el otro considera delictiva la actuación del presidente, Karol Nawrocki. Estas son las claves para no perderse en lo que el exjuez del Constitucional Miroslaw Wyrzykowski llama con humor “una telenovela brasileña”.
¿Quién gobierna Polonia?
Dos políticos se alternan en el poder desde hace más de 20 años: Donald Tusk, líder del partido de centroderecha liberal de Coalición Cívica (KO), y el ultraconservador Jaroslaw Kaczynski, presidente de Ley y Justicia (PiS). Tusk ganó las elecciones legislativas de 2023 con la promesa de restaurar el deteriorado Estado de derecho tras dos mandatos de PiS. Una reforma judicial que afectó sobre todo a la independencia de los jueces y otras controvertidas medidas de Ley y Justicia le costó al país el bloqueo de 137.000 millones de euros de fondos europeos.
En tres años de mandato, Tusk no ha logrado sacar adelante las reformas legislativas prometidas a Bruselas para acceder a los fondos. El presidente en Polonia no tiene demasiadas competencias, pero entre sus poderes está la capacidad de vetar leyes o demorarlas, enviándolas al Tribunal Constitucional. La jefatura de Estado está en manos de los ultraconservadores, primero con Andrzej Duda y, desde las elecciones presidenciales de junio de 2025, con Karol Nawrocki. Ambos han hecho un uso intensivo de su poder de veto.
¿Cuál es la composición del tribunal? ¿Quién elige a los jueces?
El TC está formado por 15 jueces con mandatos de nueve años, elegidos por mayoría absoluta en el Sejm, la Cámara baja del Parlamento polaco. Después de ser nombrados, el presidente les toma juramento. Hasta este año, la mayoría de los jueces eran conservadores, incluidos el presidente y vicepresidente, Bogdan Swieczkowski y Bartlomiej Sochanski. Entre los magistrados elegidos durante el mandato de PiS había dos diputados de esa formación. La presidenta entre 2016 y 2024, Julia Przylebska, era además una persona muy cercana a Kaczynski y su sucesor, Swieczkowski, es a su vez una de las figuras más próximas al exministro de Justicia Zbigniew Ziobro, buscado por la justicia polaca y refugiado primero en la Hungría de Viktor Orbán y, ahora, en Estados Unidos.
Desde que Tusk llegó al poder se habían producido varias vacantes, pero no las abordó. Entre marzo y septiembre de este año, el Sejm ha elegido a ocho nuevos jueces. De estos, el presidente solo ha tomado juramento a tres y ha bloqueado la toma de posesión de otros cinco. Ante la negativa del jefe de Estado, los magistrados juraron su cargo ante el presidente el Sejm, la tercera autoridad del país. Un dictamen de la Comisión de Venecia del 13 de octubre concluyó que el presidente de Polonia debe tomar juramento a los jueces elegidos por el Parlamento, como explica Dariusz Mazur, viceministro de Justicia, en su despacho del ministerio.
¿Qué ha detonado la crisis?
Una medida cautelar dictada en mayo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obliga a las autoridades polacas a permitir a los nuevos jueces desempeñar sus funciones. Tanto el presidente como el vicepresidente del tribunal han impedido que tomen posesión, según Mazur. El fiscal general del Estado (que es a la vez el ministro de Justicia), Waldemar Zurek, ha iniciado una investigación penal contra ambos por incumplimiento del deber. Pero para poder presentar cargos, un comité disciplinario elegido por la Asamblea General del Constitucional debe retirarles la inmunidad. La Fiscalía solicitó esta medida el viernes.
La jueza Anna Korwin-Piotrowska, como magistrada con más años de carrera, asumió la presidencia interina del TC para suspenderles temporalmente de sus funciones y convocar la asamblea para este martes. La decisión y el método son controvertidos desde el punto de vista jurídico. El viceministro reconoce la diversidad de opiniones, pero recuerda que “la situación no tiene precedentes: el legislador no pudo predecir este tipo de comportamiento”. Figuras como el exjuez Wyrzykowski sostienen que la decisión de Korwin-Piotrowska es correcta, según el principio iudex in causa sua, que establece que Swieczkowski y Sochanski “no tienen derecho a decidir sobre sí mismos”.
¿Qué pasó el viernes y la madrugada del sábado?
La petición de levantamiento de inmunidad emitida por Zurek y la decisión de suspensión de Korwin-Piotrowska, tensaron la situación en la sede del tribunal. Ambos llamaron a la policía para proteger el perímetro del edificio de una protesta de políticos y simpatizantes ultras. La nueva presidenta interina prohibió la entrada a Swieczkowski —que este lunes ha vuelto a intentarlo—, y a su número dos. Mientras, en la calle se produjeron momentos de tensión que derivaron en cuatro detenciones, pero no grandes disturbios porque los manifestantes son de edad avanzada.
El presidente, que volaba hacia Senegal, anunció en X que daba media vuelta. Sobre la una de la madrugada, se presentó en el Constitucional y forcejeó con varios jueces, incluida Korwin-Piotrowska, para abrirse paso a la fuerza. Después de pasar unas horas sentado con su equipo, volvió a salir sobre las cinco de la mañana. Zurek ve delictivo que Nawrocki forzase su entrada en el tribunal. La jefatura de Estado —que ha mantenido consultas con los partidos parlamentarios, excepto KO y su socio progresista, y este lunes volverá a verlos en un Consejo de Seguridad— considera, por su parte, que tres jueces atentaron contra la integridad física del jefe de Estado.
¿Quién acusa a quién de golpe de Estado?
El Gobierno de Tusk cree que la derecha dura asedia al tribunal, lo que hace necesario el amplio despliegue policial para protegerlo. Los partidos de la oposición y sus seguidores acusan en cambio al Gobierno de ejecutar un golpe de Estado. Ese discurso lo han repetido y replicado en redes sociales tanto la extrema derecha europea, como el entorno MAGA de Estados Unidos y hasta el exdirigente ruso Dmitri Medvédev.
Enfrente están los cuatro expresidentes del Constitucional, que recuerdan que el tribunal “atraviesa una profunda crisis desde hace más de una década” que exige actuar. El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, no ha entrado a valorar la suspensión de la cúpula del tribunal ni si el presidente incumple la ley al no darles juramento, pero ha recordado el dictamen de la Comisión de Venecia que respalda la validez de la elección de los nuevos jueces. También ha avalado que “las autoridades polacas aseguren que el tribunal pueda funcionar de acuerdo con la Constitución” y las decisiones de la justicia europea.
¿Por qué ambos bandos quieren controlar el TC?
El Constitucional, que ha dictado sentencias en asuntos de gran calado político como el aborto, es uno de los últimos reductos de poder de PiS, junto con la jefatura del Estado y una parte del Supremo. El Ejecutivo de Tusk lo considera ilegítimo por la composición defectuosa de su panel de jueces, como afirma también la justicia europea, y no publica ni ejecuta sus decisiones en el boletín de Estado. Pero a menos de un año de las elecciones legislativas, la batalla por el control se vuelve crítica: a KO le conviene restaurar la credibilidad y funcionamiento del TC, con una mayoría de jueces en principio favorables, mientras PiS quiere mantener el status quo.
El origen de la crisis comenzó en 2015. La mayoría parlamentaria de Coalición Cívica, justo antes de perder las elecciones de aquel año, nombró cinco jueces, cuando solo podía cubrir tres vacantes. El nuevo Sejm dominado por PiS nombró otros cinco magistrados al tomar posesión, aunque debía haber elegido jueces únicamente para las dos plazas que KO había intentado cubrir antes de tiempo. Duda, el presidente de entonces, se negó a tomar juramento a los tres jueces que sí habían sido legítimamente nombrados durante el mandato de KO y, sin embargo, sí se lo tomó a los cinco de PiS. Esos tres jueces que venían a cubrir puestos ya ocupados son conocidos como jueces dobles y su presencia en el tribunal hace que las decisiones sean consideradas defectuosas e ilegítimas.
¿Qué soluciones hay?
Expertos independientes llevan tiempo pidiendo fórmulas de consenso, con jueces apartidistas y sistemas de elección que garanticen un equilibrio del poder. “Este Gobierno propuso una ley que establecía una mayoría de tres quintos para la elección de jueces y que los candidatos no hubiesen desempeñado altos cargos relacionados con la política en los cuatro últimos años”, recuerda el viceministro de Justicia Mazur. Duda envió la ley al TC y ahí murió la propuesta. Ahora partidos de la derecha y socios conservadores del Gobierno piden lo que llaman un “reset” del tribunal, tanto de los jueces que lo forman como de la manera de elegirlos.
Tusk se niega y rechaza buscar compromisos. Para el primer ministro, la “solución del conflicto es simple y posible sin cambios en la Constitución”, como ha publicado este lunes en X: “El presidente reconoce a los jueces legítimamente elegidos por el Sejm, porque así lo establece la Constitución, y ellos asumen sus funciones en el tribunal”.