Uno de los argumentos que con más insistencia hemos oído estos días de quienes se oponían a los decretos para evitar los desahucios y paliar crisis de la vivienda es que las medidas llegan tarde y no van a resolver el problema. Es verdad que se podría haber actuado mucho antes, pero todos los que han gobernado en los últimos treinta años tienen responsabilidad sobre lo que ocurre. En realidad, los argumentos del PP y Junts son retórica vacía para tapar las posiciones de fondo y los intereses que estas fuerzas representan. Porque la situación actual tiene muy pocos ganadores, y muchos, muchísimos, perdedores, y no queda bien decir que se está con los primeros.
Cuando se habla de soluciones, la derecha insiste en que la única solución es construir más y cita el informe del Banco de España que estima en 755.000 el déficit actual de viviendas. Es cierto que hay que construir más, pero aquí emerge la primera gran diferencia: la derecha considera que basta con ofrecer facilidades a la iniciativa privada para construir y que una vez equilibrada la oferta y la demanda, el mercado se encargará de moderar los precios.
Pero la mera construcción de viviendas no garantiza el acceso de una parte importante de la población. El actual desequilibrio procede del fuerte aumento de la población, pero también de dinámicas especulativas y sociales que han hecho que los precios se dispararan mientras se devaluaban los salarios. De manera que una parte cada vez mayor de la demanda no alcanza el nivel de ingresos necesarios para acceder a una vivienda libre. Si se quiere resolver el problema, se ha de construir vivienda social: cientos de miles de viviendas de precio tasado y protegidas a perpetuidad. En España apenas tenemos un 3% de vivienda social, cuando el promedio de la UE es el 15%.
Pero por mucho que se acelere, cubrir el déficit de viviendas va a llevar un tiempo. Mientras tanto, el desequilibrio entre la oferta y la demanda seguirá produciendo dinámicas especulativas. No solo por parte de los fondos buitre y grandes tenedores: el propietario mejor intencionado no cobrará 800 euros de alquiler si puede cobrar 1.300. De manera que la única solución es intervenir sobre el mercado del alquiler.
Cada vez hay más gente abocada a vivir de alquiler y el actual sistema hace que este régimen se haya convertido en una sangría de ingresos no solo para las rentas bajas sino también para las clases medias. En España hemos pasado de un sistema paternalista creado por el franquismo (los alquileres indefinidos de renta antigua), a un sistema de liberalismo salvaje en el que cada cinco años el propietario tiene la posibilidad de aumentar el alquiler y expulsar al inquilino si no puede pagar. Hay un gran desequilibrio entre el casero y el inquilino. La situación es tan bestia que la inseguridad del inquilino se está volviendo a veces como un bumerán en forma de inseguridad para el casero.
Lo único que buscaban las medidas que se proponían en los decretos a los que se han opuesto PP, Vox y Junts era un mayor equilibrio y protección para la parte vulnerable del contrato. Y lo hacía con dos figuras esenciales: poner topes a la subida de los alquileres y permitir el encadenamiento de contratos para dar estabilidad al inquilino. No son propuestas descabelladas. Son medidas necesarias para garantizar un mayor equilibrio mientras se trabaja en la solución definitiva: crear un gran parque público de vivienda protegida realmente asequible.