Las víctimas bolivianas de abuso sexual cometido en la Iglesia, principalmente a manos de curas jesuitas, han publicado este miércoles una carta abierta dirigida al superior general de la orden, Arturo Sosa, pidiendo que se pronuncie sobre los crímenes. Sosa se encuentra de visita en Chile desde el pasado domingo y hasta el próximo viernes; los afectados exigen que durante su estadía inicie una investigación canónica y busque una “solución justa y definitiva”. Este periódico destapó varios casos de abusadores y encubridores de la orden, calculando 500 víctimas desde la década de 1960; la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) —la organización que agrupa a las víctimas de pederastia— las cifra en más de 1.000.
“El papa Francisco ya se pronunció al respecto; el papa León XIV señala que los abusos sexuales son un crimen; y el provincial boliviano, Bernardo Mercado, dijo que esconder documentos es un crimen. Es tiempo de que usted, como general jesuita, rompa su silencio en este tema”, se puede leer en la carta. El texto hace un recuento de los abusos cometidos en lugares diseñados por jesuitas para dar techo, educación y hacer valer los derechos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Uno de esos sitios es el colegio-internado Juan XXIII, donde el que fuera su director Alfonso Pedrajas abusó de casi 100 menores durante tres décadas (1970-2000), como contó en su diario, al que EL PAÍS tuvo acceso.
Pedrajas no fue el único jesuita abusador en el centro; al menos otros cuatro cometieron el mismo crimen. Todos españoles. Entre ellos están Francesc Peris, director durante el curso 1982-1983, periodo en el que una decena de niñas denuncian haber sido sus víctimas. Después de ejercer su cargo, Peris regresó a Catalunya, al colegio jesuita de Casp, en Barcelona, donde también enfrenta acusaciones de violación; en octubre pasado fue finalmente expulsado de la orden.
Peris llegó a Bolivia para sustituir a Pedrajas porque los superiores de este último lo enviaron a las minas de Potosí después de recibir una carta de denuncia de abuso sexual. Pedrajas fue restituido como director del colegio Juan XXIII en 1984, tiempo en el que siguió cometiendo abusos. “Es complicidad al rojo vivo: les facilitan la comisión de futuros delitos”, se reclama en la misiva. En su diario, Pedrajas confiesa que varios de sus superiores sabían de sus crímenes, entre ellos los exprovinciales Marcos Recolons y Ramón Alaix, sentenciados en 2025 por la justicia ordinaria boliviana a un año de cárcel por encubrimiento.
La CBS pidió al Arzobispado de Cochabamba, ciudad que acoge al Juan XXIII, ahora convertido en una sede institucional de los jesuitas, que iniciara una investigación canónica contra Recolons y Alaix y que sean excomulgados de la orden. La arquidiócesis se declaró incompetente, por lo que las víctimas pidieron la semana pasada al Vaticano que intervenga en el caso y tome las riendas de la investigación.
“Para la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, el silencio de las jerarquías jesuitas, ese que le pedimos romper, permitió que los crímenes se repitieran con total impunidad, gracias a sus políticas de trasladar, a los que habían sido ‘pillados’, a otras obras sociales, educativas, formativas o parroquiales de la Compañía de Jesús, en vez de entregarlos a la justicia para que sean juzgados y encarcelados”, dice la carta. “Si la jerarquía jesuita entregaba a Pedrajas a la justicia ordinaria, este hubiese sido juzgado, encarcelado y, además de los firmantes de esta carta abierta, cientos de niños ya no hubiesen sido abusados. ¿Se entiende el efecto del silencio que ahora le pedimos romper?”, le preguntan los damnificados a Sosa.
Otro de los casos mencionados es el del jesuita catalán Luis Roma, también autor de un diario en el que, junto a cientos de fotos de pornografía infantil, escribe el nombre y apellido de 72 niñas indígenas guaraníes que abusó entre 1994 y 2005 en una parroquia rural de Santa Cruz de la Sierra. Después de una investigación interna, la Compañía de Jesús en Roma ordenó al provincial boliviano de ese entonces, Ignacio Suñol, que preparara un plan de reparaciones económicas, ante la posibilidad de denuncias, y que el diario de Roma se debía “conservar en la curia con mucho cuidado”.