Abelardo de La Espriella debe sentir que la sacó del estado en sus primeros 15 días en el poder y que todo le está saliendo a pedir de boca. En medio de la desolación y el dolor que nos dejó el terremoto, consiguió meter una agenda tan impresentable como antidemocrática y sacó adelante por lo menos tres hitos: nos declaró la guerra cultural, le entregó la soberanía de Colombia a los Estados Unidos y se dio el lujo de apelar a las mismas prácticas opacas, clientelistas y nepotistas que su vicepresidente le cuestionó al Gobierno Petro en un informe conocido como el “El libro de la Verdad”.
La guerra cultural fue declarada por la ministra de educación, la temible exfiscal Viviane Morales a pocos días de sucedido el terremoto. Ella, muy oronda, salió a los medios a anunciar una persecución contra profesores y colegios a los que acusó de estar propagando “la ideología de género”. Este término, bueno es aclararlo, no proviene de una teoría científica o académica sino de un concepto crítico y político que acuñó el Vaticano a finales de los noventa con el fin de combatir el avance del feminismo y de las políticas con enfoque de género. Su propósito es el de crear una narrativa que satanice los avances en materia de los derechos de las mujeres y de la población LGTBIQ+, y se acabe el aborto y la adopción para las parejas gays. Pero, sobre todo, busca asentar la falsa tesis de que hablar de derechos sexuales es un acto ideologizador que atenta contra la “niñez” y la familia tradicional. Los que asustan con el coco de la ideología de género, pretenden imponer el modelo hegemónico de la familia patriarcal y heterosexual, en el que la mujer es considerada como cuidadora del hogar y procreadora de vida. Poco importa que en Colombia más de la mitad de las unidades familiares, según el Dane, sean lideradas por mujeres. Ya lo saben: cerca de ocho millones de mujeres que son cabeza de familia, pueden terminar invisibilizadas por cuenta de esta guerra cultural que ha desatado Abelardo de La Espriella.
La ministra Morales tiene todo el derecho de profesar su credo religioso -en Colombia hay libertad de cultos-, pero lo que no puede es cambiar la constitución por la biblia. Nuestra carta dice que somos un Estado laico y pluralista que reconoce, protege y garantiza los derechos de las minorías étnicas, culturales y sociales. Lo mismo se puede decir de la cruzada desatada por la directora del ICBF, la entidad que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ella ha propuesto suprimir las palabras “niñas” y “niños” de todos los folletos y comunicaciones de la agencia y reemplazarlas por “niñez” que, según ella, es más incluyente.
No se confundan. Este Gobierno no busca incluir sino excluir e invisibilizar a las niñas con el propósito de borrar sus derechos. Nos quieren devolver a la caverna pero primero van a tener que pasar por encima de la Constitución del 91 y de una sociedad que ya es consciente de sus derechos. No les va a quedar fácil.
Además de la guerra cultural, en estos 15 días Abelardo de La Espriella logró otro hito: le entregó la soberanía colombiana a los Estados Unidos, un hecho histórico que supera con creces otras embarradas históricas como la que cometió en 1952, el presidente interino de Colombia, Roberto Urdaneta. Él le regaló a Venezuela la estratégica isla de los Monjes sin haber contado con el permiso del Congreso colombiano.
De la Espriella pasará a la historia como el primer presidente que invita a las tropas estadounidenses a que vengan a hacer en Colombia operaciones militares, un escenario insólito e indigno que empuja una puerta que nunca se había abierto porque ni en los tiempos del Plan Colombia se llegó a tanto. Bajo ese programa, la presencia de las tropas estadounidenses estuvo siempre reducida a labores de inteligencia. No más. Esta corrida de cerca tan feroz, va a tener grandes repercusiones en la vida de los colombianos y debería ser objeto de un gran debate nacional que debe darse desde ya.
El tercer hito es el colmo del cinismo. En estos 15 días, Abelardo de la Espriella armó un gabinete que es un monumento al nepotismo y a la exclusión y en el que se privilegia a los activistas por encima de los técnicos. Este Gobierno terminó dándole a Miguel Gómez y a Nicolás Gómez, el nieto y el bisnieto del expresidente Laureano Gómez los puestos de los “nunca”. Otros consentidos, fueron los Char, uno de los clanes políticos más poderosos e intocables del Caribe colombiano. A ellos, De la Espriella le dio dos ministerios y le abrió la puerta a grupos político-religiosos como el que representa el afortunado ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien pudo irse de vacaciones mientras miles de colombianos estaban a la intemperie y sin casa.
También hubo puestos para activistas inexpertos como los que tuvo Petro, para los socios del bufete del presidente, para su primo que ahora es el capellán de Palacio y hasta para su exesposa. La cereza en el pastel fue la fundación de la esposa del presidente Ana Lucía Pineda, creada un mes antes de la posesión de su marido. Tras el terremoto empezó a recaudar dineros públicos y privados para ayudar a las víctimas y la plata empezó a llegar a raudales. Hoy no se sabe cuánto ha recaudado ni en que lo está invirtiendo porque nadie se atreve a exigir ninguna transparencia. Si a Verónica Alcocer le hubiera dado por hacer lo mismo cuando se produjeron las inundaciones, los mismos que hoy se quedan callados ante la falta de transparencia de la primera dama, la habrían crucificado.
Estos hitos que tanto valora este Gobierno son un desacierto monumental que debería producir una gran ola de indignación nacional. Sin embargo, quienes hasta hace poco se rasgaban las vestiduras y se oponían a la constituyente de Petro, erigiéndose como defensores de la Constitución, hoy callan. Unos no hablan porque quieren pasar de agache. No están de acuerdo con estas agendas antidemocráticas pero les puede más su odio por Petro. A otros, como el constitucionalista Mauricio Gaona, lo silenciaron desde que le dieron un puesto. Los expresidentes han optado por no reclamarle a De la Espriella por la entrega de la soberanía colombiana a los Estados Unidos y los intelectuales, con algunas excepciones, andan todavía descifrando el momento. A los empresarios, la guerra cultural les resulta irrelevante y a la izquierda que aún no se ordena como oposición, le falta autoridad moral para exigirle transparencia al Gobierno.
Yo sé que este país, tan dolido y triste, pronto va a salir a defender la Constitución de quienes la quieren cambiar por la biblia y va a cobrarle a este nuevo gobierno su falta de empatía y su indolencia. Un Gobierno que es capaz de armar falsos momentos y crear una popularidad ficticia en medio de un pueblo devastado por el terremoto, no sabe lo que significa la empatía. Un gobernante que cree que acierta llevando balones de fútbol firmados por el tigre al derruido puerto de Buenaventura, es un presidente que es incapaz de leer el corazón de su país.