El fantasma de la censura recorre México. El régimen morenista ha hecho saltar diversas alertas con su intención de poner acotaciones veladas o descaradas a la libertad de expresión. El temor de regresión se alimenta tanto por decisiones de autoridades administrativas como por proyectos de ley que enmascaran límites a contenidos que podrían molestar a un Gobierno sin credenciales de imparcialidad.
Durante su sexenio, Andrés Manuel López Obrador emprendió en la mañanera un embate cotidiano y hasta explosivo en contra de medios y periodistas. La conferencia diaria en Palacio Nacional se convirtió en un espacio de supuesta réplica a la prensa. Más que un intercambio de preguntas y respuestas, aunque las hubiera, fue un mecanismo para socavar credibilidad e impacto a noticias.
Burlarse de una primera plana o de periodistas en concreto, y hasta divulgar datos como teléfonos de una corresponsal extranjera, fueron parte del ritual donde el expresidente ponía su autoridad encima de la información. El repertorio incluyó descalificar a antiguos aliados —como la revista Proceso o la periodista Carmen Aristegui— y publicar salarios, propiedades o ingresos publicitarios de personas y medios.
Al amparo de esa rutina de acoso, nacieron o se desarrollaron plataformas de contenido propagandístico que colonizaron la mañanera, al tiempo que otros medios deliberadamente hacían un giro pro-régimen. Llamar periodismo militante a la mayoría de esos espacios sería concederles demasiado. Por su irreflexivo proceder merecen el término de voceros oficiosos, no más que eso.
Lo que la disciplinada desacreditación presidencial también hizo germinar fueron casos de acoso callejero y digital contra periodistas que, catalogados por López Obrador como adversarios del movimiento, vieron coartada su seguridad de trabajar en público. Y en el plano legal, desde el poder usaron normativas para acallar a personas e incluso en legislaturas morenistas estatales se promovieron leyes censoras.
Una de las figuras de las que más se abusa es la que nació para proteger a las mujeres de la violencia política de género. Prominentes miembros del obradorismo han desvirtuado esa legislación. El caso de la ciudadana Karla Estrella, de Sonora, multada y obligada a disculparse por treinta días con una diputada, expediente conocido como Dato Protegido, evidenció esa manipulación desde el poder.
El inicio del nuevo sexenio en octubre de hace dos años cristalizó el escenario de una presidenta retomando la proclividad de su antecesor por denostar a la prensa. Con Claudia Sheinbaum las mañaneras son aún más propagandísticas (si antes de casualidad acudía un periodista profesional, mexicano o foráneo, eso ha ido a la baja) y su tolerancia a intentos censores de sus compañeros de movimiento es abierta.
Y ya bien entrado el sexenio, el cinco de agosto pasado ocurrió un punto de quiebre de lo que la presidenta piensa con respecto a las condiciones en que se ejerce la labor periodística, cuando en plena conferencia mañanera Sheinbaum reconoció que el reparto del dinero público para los medios obedece criterios de si muestran o no lo que ella considera animadversión hacia su Gobierno y partido.
“No quieren al Gobierno”, dijo ese día la presidenta sobre columnistas en general. “¿Y por qué no lo quieren? Pues porque no les damos ‘chayote’ [embute], así, tan sencillo como eso; porque nosotros no le damos dinero a un periodista, a un reportero, para que diga lo que queremos que diga. Sí hay recursos que se distribuyen en medios de comunicación a partir de sus audiencias, esencialmente, es el esquema que tomamos. Hay algunos a los que no les damos: TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco. Abiertamente lo digo, porque también en particular TV Azteca, pues ustedes saben que hasta tiene que terminar de pagar sus impuestos también, porque así debe ser. Pero todos los demás medios reciben a partir de sus audiencias. Esencialmente esa es una fórmula que definimos desde que entramos al Gobierno. Y es una tercera parte de lo que se daba con (el expresidente) Peña”.
Dejando de lado la mescolanza que la presidenta hace del soborno (chayote) con el uso de presupuesto para comprar anuncios en medios, el decir que la publicidad oficial se da a partir de audiencia y al mismo tiempo reconocer que ella margina a los dos principales diarios y a una televisora que compite vis-à-vis con Televisa por el número uno en el rating, es una aceptación de una conducta discrecional que iguala en gravedad a lo dicho por el presidente López Portillo en 1982: que su Gobierno no pagaba para que le pegaran.
Esa frase de la presidenta Sheinbaum llegó en medio de la polémica por unos criterios propuestos por su Gobierno para la fijación de los derechos de las audiencias, criticados por la manga ancha que se daba al organismo que los aplicaría —la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, propuso la presidenta, podría solicitar cualquier revisión de contenidos de radio y televisión—, y una semana antes de que su consejera jurídica difundiera una lista de medio centenar de periodistas y analistas que, según la Administración, se dedican sistemáticamente a inflar digitalmente contenidos adversos a Morena.
Con tales antecedentes a nadie extraña la suspicacia que han desatado lo mismo decisiones del Instituto Nacional Electoral, que legislaciones que supuestamente buscan regular la propiedad intelectual, que al prohibir el uso “comercial” de la identidad de “cualquier institución pública” podría terminar en la censura de contenidos periodísticos, humorísticos y hasta de memes.
¿Es un “chaleco guinda” (color oficial de Morena, y en buena medida señal de identidad de los funcionarios de varios gobiernos morenistas) parte de eso que ya nadie podría dibujar o caricaturizar, pues un diario o un portal también tienen, además de una misión social, un fin de lucro? ¿Quedaría la imagen de la presidenta misma fuera del alcance de moneros, tradicionales o digitales, que monetizan su trabajo?
La atmósfera está cargada de alertas de opositores, académicos y periodistas que advierten que, por un lado, Morena pretende nuevas normas que derivarían en censura previa (que alegando derechos de autor se lograría cancelar contenido sin tener que recurrir a un juez), y, por otro lado, de la reiterada complacencia oficialista del INE, árbitro electoral que ha exigido al PRI no llamar narcopartido a Morena.
Por si fuera poco, Morena se ha quejado ante el INE para que este evalúe contenidos satíricos que se difunden en un programa de TV Azteca; se trata de una parodia donde con inteligencia artificial se caricaturizan a prominentes morenistas en situaciones escandalosas o de plano ilegales. ¿Es el INE la reencarnación del aparato de censura que solía tener el priismo en la Secretaría de Gobernación?
La relación entre la prensa y el poder en México nunca ha tenido un momento de normalidad. Las leyes que salvaguardan la libertad de expresión o de imprenta fueron durante décadas letra muerta. Una lucha de décadas, en la que en su momento participaron valerosos miembros de la izquierda que supuestamente Morena honra, hizo que en los últimos lustros se ampliara el ejercicio de esos derechos.
López Obrador prometió que en su sexenio la prensa se combatiría con la prensa. Fue una más de las apropiaciones de una inspiración liberal que terminó prostituida por el propio Andrés Manuel, que no cesó en sus ataques a periodistas, incluso a nivel personal. Y en el nuevo periodo, la presidenta Sheinbaum ha tolerado la persecución de periodistas por morenistas lo mismo en Campeche que en Puebla.
En tiempos que se creían idos, la sociedad mexicana sabía que la libertad de ideas tenía tres muros: no se debía criticar a la virgen de Guadalupe, al Ejército ni, padre todopoderoso de esa trinidad, al presidente de la República. Eran tiempos de monopolio en la venta de papel imprenta y de censores de Gobernación —y en gobiernos de los Estados— que aplicaban la mordaza a quien se pasara.
La llamada ley antimemes (que supuestamente pretende cuidar que no se abuse de los logotipos e identidad de instancias de Gobierno) pasará al pleno del Senado la semana entrante. Incluye cárcel y multas. ¿Quién vigilará que no se abuse de esa nueva ley? ¿Alguien de Morena? Y al mismo tiempo, autoridades como el INE y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual pretenden erigirse en filtros de lo que se puede publicar y lo que no.
Si el Gobierno de Sheinbaum hubiera acumulado en sus dos primeros años crédito en cuanto a su interés y compromiso por salvaguardar la libertad de todas y todos para que el debate de las ideas sea amplio y se autorregule, una nueva ley, o una disposición del INE, tendrían el beneficio de la duda. La evidencia estos dos años, y sobre todo en la antesala de una polarizada elección, no permite abrigar la idea de que en México son tiempos óptimos para el ejercicio de las libertades.