Javier Milei ha chocado con un nuevo límite político a su programa de desregulación económica. El rechazo mayoritario a la venta sin restricciones de tierras rurales argentinas a extranjeros ha forzado al Gobierno a restablecer los límites previstos en la Ley de Tierras de 2011. Lo hará con la inclusión de dos nuevos artículos en la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Milei cedió para salvar el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que comenzó su gestión. Incluía el polémico artículo sobre la desregulación de la venta de tierras, pero también decenas de otras reformas económicas.
El cambio anunciado ha contribuido al fracaso de la sesión parlamentaria que había convocado la oposición para este jueves. El objetivo era tumbar el DNU 70/2023 y avanzar con otras iniciativas incómodas para el Gobierno argentino, como una ley para aliviar a las familias endeudadas y la prórroga de la emergencia en discapacidad. A la oposición le han faltado ocho diputados para reunir el quórum suficiente para arrancar el debate parlamentario.
El Congreso estará vacío; las calles alrededor, llenas. Docentes, estudiantes universitarios, sindicatos, partidos de izquierda y organizaciones sociales marchan esta tarde a la plaza frente al edificio legislativo para protestar contra el incumplimiento de la Ley de financiamiento universitario —que obliga a subir los sueldos docentes—, defender las casas de estudios públicas, exigir que se garanticen los tratamientos de las personas con discapacidad y denunciar la venta de tierras a extranjeros.
Límite del 15%
El DNU, firmado en diciembre de 2023, apenas diez días después de la llegada de Milei a la Casa Rosada, derogó mediante su artículo 154 la ley de tierras rurales. La normativa establecía un límite del 15% a la propiedad extranjera de tierras tanto en el conjunto del país como en cada provincia y departamento. También fijaba restricciones por nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo agrícola, la más productiva del país.
A día de hoy, unos 13 millones de hectáreas de este país sudamericano, equivalentes a un cuarto de España o a toda Grecia, pertenecen a extranjeros. En Argentina, esa superficie representa el 5% del total, pero en algunos distritos la cifra supera el 50%, en especial en regiones cercanas a la cordillera de los Andes, la frontera natural con Chile.
El Ejecutivo defendió durante tres años la eliminación de esos límites como una herramienta para atraer inversiones y ampliar la capacidad productiva del campo argentino. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llegó a estimar en 15.000 millones de dólares las inversiones que podría movilizar la reforma.
Antes de rendirse, el Gobierno buscó elevar del 15% al 25% el máximo de tierras rurales que podían estar en manos extranjeras, pero tampoco logró reunir los respaldos suficientes. La discusión se dio en el peor momento posible para el Gobierno, en plena efervescencia nacionalista tras el Mundial en el que los futbolistas ganaron a Inglaterra y levantaron una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”. Milei terminó por subirse a la ola soberanista para desviar el foco de la economía y recuperar imagen positiva. La venta irrestricta de tierras a los extranjeros se convirtió de golpe en su talón de Aquiles.
La controversia se reavivó a finales de septiembre, cuando la Corte Suprema dejó sin efecto una cautelar que había frenado la aplicación del artículo 154 del DNU y despejó temporalmente el camino para la venta libre de tierras. Sin embargo, el máximo tribunal cambió de criterio el 9 de octubre y volvieron a quedar vigentes los límites de la ley.
Según el Observatorio de Tierras, en esa ventana temporal de diez días, algunas inmobiliarias se lanzaron a la venta de tierras rurales, como es el caso de Loma Alta Propiedades que ofreció un campo en la provincia de Chubut “con gran costa de lago, laguna y río. Un campo de gran superficie, con aptitud turística y forestal, y acceso directo y exclusivo a sus propios espejos de agua”. Esta inmobiliaria animaba a los inversores extranjeros a comprar tierras en el sur del país: “La Patagonia todavía tiene extensiones de campo con agua, bosque y estepa que ya no existen en buena parte del mundo. Cada hectárea disponible es, por definición, un recurso limitado” señalaba.
Ante el riesgo de un nuevo cambio en la Justicia, la oposición unió filas para invalidar el decreto entero. El oficialismo frenó la maniobra in extremis y se concentra ahora en dos grandes batallas legislativas para lo que queda de año: la aprobación del Presupuesto para el año que viene y la suspensión de las elecciones primarias.