La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un apoyo financiero esencial para adultos mayores en Chile. Tanto pensionados como aquellos que aún no se han jubilado pueden acceder a esta prestación, que proporciona un monto máximo de $206.173 mensuales. Sin embargo, es fundamental comprender las condiciones y requisitos asociados a este beneficio, así como las situaciones que podrían resultar en la pérdida temporal o definitiva de la PGU.
Para mantener el derecho a recibir la PGU, es importante tener en cuenta que no cobrarla durante seis meses consecutivos resultará en la suspensión del beneficio. Sin embargo, los beneficiarios tienen la opción de solicitar la reactivación del mismo dentro de un plazo de hasta seis meses contados desde la suspensión. Si no se realiza esta solicitud durante dicho período, la PGU se extinguirá.
Otra consideración es que, si el Instituto de Previsión Social (IPS) solicita antecedentes para verificar el cumplimiento de los requisitos y estos no se proporcionan dentro de los tres meses posteriores al requerimiento, el beneficio puede extinguirse. En cuanto a las situaciones que pueden llevar a la extinción de la PGU, estas incluyen el fallecimiento del beneficiario, en cuyo caso el beneficio se extinguirá a partir del último día del mes de su deceso.
Además, si un beneficiario permanece fuera de Chile por más de 180 días continuos o discontinuos durante el año calendario, podría perder la PGU. Entregar información incorrecta o falsa con el propósito de acreditar el cumplimiento de los requisitos también es motivo para la extinción del beneficio. Del mismo modo, si un beneficiario ya no cumple con el requisito de focalización, la PGU podría extinguirse.
Los requisitos para acceder a la PGU incluyen tener 65 años de edad o más, no pertenecer al 10% más rico de la población según el Registro Social de Hogares y contar con una pensión base inferior a $1.048.200, según la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE) de la PGU. Asimismo, se debe acreditar residencia en Chile, cumpliendo uno de dos criterios: un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos desde que el solicitante cumplió 20 años de edad, o un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.