El Parlament rechazó ayer, en el Debate de Política General, el plan de Junts para reprobar al president Salvador Illa. El principal grupo de la oposición había justificado la iniciativa al considerarle “el peor presidente de la historia de la Cataluña moderna” e intentar exigirle así un cambio de rumbo. El bloque de la investidura, formado por PSC, ERC y Comuns, impidió que esa propuesta prosperara, si bien los dos socios del Govern volvieron a amonestar a Illa sobre su orientación, como ya ocurrió hace un año. El president vio como la Cámara tumbaba, gracias a la abstención de Comuns, su plan de propiedad compartida de pisos para facilitar el acceso a la vivienda. Junts sí logró enmendar el programa del Ejecutivo de promoción de las energías renovables y le instó a acelerar las negociaciones con los médicos, que han anunciado huelgas.
El PSC solo recabó el apoyo de ERC para impulsar la fórmula planteada por Illa de promover la propiedad compartida el martes en la primera sesión del debate. La votación tiene un carácter simbólico, porque no desbarata el plan como ya sucedió hace un año cuando Illa anunció un programa para promover la creación de 214.000 pisos. “Vamos a seguir adelante”, dijeron fuentes del Govern. Socialistas y Comuns escenificaron en ese punto su desencuentro, que se extendió después a la abstención del PSC a la puesta en marcha de la unidad antidesahucios que ambos pactaron anteriormente y que debía estar en funcionamiento hace un año. La portavoz socialista, Elena Díaz, sostuvo que esa oficina está licitada y que no tenía sentido exigir su puesta en marcha inmediata.
La sesión evidenció la tensión entre el Govern y Comuns en el debate más importante del año. El PSC no llevó a votación su plan para agravar las penas por posesión de armas, pero sí elevó las dos medidas de Illa en vivienda: el fondo dotado de 25 millones de euros para atender en último extremo a las personas vulnerables con riesgo de desahucio, y otro de 100 millones para la compra compartida. En ninguna de las dos resoluciones figuraban las cifras. La primera prosperó, pero no la segunda. Comuns se abstuvo y su portavoz David Cid advirtió desde el atril al Govern que no está haciendo “bien su trabajo” y que no darán ni un apoyo más a sus políticas de vivienda si no cumplen con las pendientes como la unidad antidesahucios.
“Ponga la mirada en la Cataluña de hoy y no en la de 2030. Mientras tanto ¿qué?”, reprochó. No solo eso: advirtió de que abandonarán el pacto por la educación si ven que tiene un interés partidista y que pedirán la dimisión de la consejera. El PSC, por su parte, no apoyó tampoco la medida de Comuns de la prórroga indefinida de contratos. “Nunca votamos como consecuencia de lo que deciden otros”, alegó Díaz rechazando una represalia. Comuns logró que la Cámara acepte reducir progresivamente las ratios en las aulas, rebajar hasta un máximo de 67 días la espera media para una primera visita al especialista y garantizar el acceso al aborto en toda la red sanitaria pública y concertada.
La relación entre los socios chirrió también con una propuesta de ERC, que decayó, que cuestionaba directamente la gestión cotidiana del Govern, uno de los ejes sobre los que Illa ha construido su acción de gobierno. Los dos socios minoritarios votaron a favor de ese texto, que no salió adelante por un voto. La resolución constataba una “insuficiente capacidad de reacción y de gestión” ante las crisis del último año en ámbitos como la educación, la salud, la movilidad, la emergencia climática, la seguridad o la salud animal. En un debate que se celebró en el noveno aniversario del 1-O, Esther Capella, portavoz de Esquerra, afirmó que el conflicto político sigue existiendo “por mucho que no se hable de él”. ERC logró, con el voto del PSC, que se aprobara, como hace un año, una resolución que certifica la persistencia del “conflicto político” en Cataluña.
El diagnóstico está incluido en el pacto de investidura pero no se ha celebrado lo que se acordó: una convención nacional para afrontarlo. ERC consiguió, con la abstención del PSC, que la Cámara aprobara la falta de compromiso de algunas consejerías con el catalán. Los dos grupos pactaron también crear un grupo para analizar la fiscalidad de la vivienda. Y el Pleno le dio al PSC una de cal y otra de arena en dos de sus propuestas estrella: aceptó regular el reconocimiento de la autoridad pública del profesorado y tumbó su plan de transición ecológica y cambio climático, que incluía medidas sobre renovables, gestión del agua, residuos y protección de espacios naturales.
Junts no logró que fructificara su apuesta de reprobar a Illa y a las titulares de Interior y de Educación, Núria Parlon y Esther Niubó. Pero sí consiguió que el Govern se llevara algunos varapalos en puntos clave de la legislatura. Es el caso, por ejemplo, del despliegue de las renovables. El Pleno aprobó instar al Govern a que suspenda la tramitación de nuevas licencias mientras no se apruebe de manera definitiva el Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables (Plater). La resolución instó al Ejecutivo a abrir un nuevo periodo de participación en el mundo local. Y también se fue del Pleno con el espaldarazo de la Cámara en uno de sus principales caballos de batalla en el Congreso: se insta a que se haga efectivo el traspaso de competencias en inmigración.
Salvador Vergés, portavoz de Junts, que tildó de vergonzosa la falta de concreción en vivienda del PSC —“Mi hija de 11 años lo haría mejor”—, defendió el concierto económico para poder afrontar, por ejemplo, el destinar el 6% del PIB en educación que reivindica Illa. “Si quieren pensar en sus hijos, apóyenlo”, afirmó acusando a ERC y a Comuns de hacer un discurso y no votar en consecuencia. Comuns defendió acelerar la aplicación del modelo de financiación. Lorena Roldán, del PP, señaló que “Cataluña no chuta”. “Les está quedando una Cataluña preciosa”, dijo.
