El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado este viernes el nuevo Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia, una guía con la que el Ministerio de Sanidad pretende agilizar el acceso a la prestación en los casos más urgentes, reforzar el papel de la enfermería y reducir las desigualdades territoriales que persisten cinco años después de la entrada en vigor de la ley.
El documento sustituye a la guía que se utilizaba desde 2021 y llega después de varios meses de retraso. Su aprobación estaba prevista inicialmente para finales de marzo, pero quedó aplazada porque la reunión interterritorial estuvo prácticamente monopolizada por el conflicto del Estatuto Marco y la huelga médica. Cuando volvió a incluirse en el orden del día, la Comunidad de Madrid pidió más tiempo para que el texto fuera revisado por expertos externos, lo que retrasó de nuevo la votación. Finalmente, ha sido la única autonomía que ha votado en contra del manual.
El manual introduce la recomendación de tramitar por una vía abreviada los casos más urgentes. La ley obliga a que la persona solicite la eutanasia en dos ocasiones separadas por un plazo mínimo de 15 días, pero el nuevo texto recuerda que ese periodo puede reducirse cuando la vida del paciente o sus capacidades corran un riesgo inminente, siempre que el médico lo justifique mediante un informe. El objetivo es acortar al máximo los tiempos sin alterar las garantías legales, que seguirán requiriendo el visto bueno del médico responsable, un segundo facultativo independiente y la comisión de garantía y evaluación.
La necesidad de agilizar estos procedimientos responde a uno de los principales problemas detectados desde la aprobación de la ley: alrededor de un tercio de las personas que solicitan la prestación fallece antes de recibirla. Los últimos datos provisionales del Ministerio de Sanidad muestran que en 2025 murieron 374 solicitantes antes de que pudiera practicarse la eutanasia, el 31,5% del total.
El manual también concede un papel mucho más relevante a la enfermería. Estos profesionales pasarán a ser una figura de referencia durante todo el proceso, encargándose del acompañamiento e información al paciente, de preparar el entorno y el material necesario, de participar en los cuidados y de servir de apoyo a familiares y cuidadores, incluido el acompañamiento en el duelo.
Otro de los objetivos del documento es reducir la fuerte inequidad territorial en la aplicación de la ley. Para ello incorpora una estructura de unidades administrativas de apoyo, ya existentes en algunas autonomías, destinadas a facilitar información a la ciudadanía, coordinar a los profesionales y asegurar un funcionamiento homogéneo de la prestación.
La guía introduce además otros cambios organizativos. Una vez reconocida la prestación, el paciente podrá aplazar su realización hasta seis meses —frente al máximo de uno o dos meses que contemplaba el texto anterior— y se incorpora la posibilidad de suspender temporalmente el procedimiento por circunstancias excepcionales y transitorias. También dedica por primera vez un apartado específico a la donación de órganos para establecer protocolos claros que permitan compatibilizar ambas decisiones sin interferir en la tramitación de la solicitud.
El voto en contra de la Comunidad de Madrid se basa, según ha explicado su consejera de Sanidad, Fátima Matute, en “problemas jurídicos, clínicos y éticos que deben corregirse”. Ha asegurado que el texto introduce supuestos que no están contemplados en la normativa vigente y que, en el ámbito clínico, no incorpora suficientemente las recomendaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales que piden herramientas objetivas de evaluación y la participación de los especialistas de salud mental en aquellos casos que sean más complejos.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido que la Comunidad de Madrid va en contra de los derechos de las personas, ya sea el aborto o, en este caso, la eutanasia. “Argumentan problemas jurídicos, pero no los hay. El nuevo manual garantiza que pacientes y profesionales tengan todas las seguridades jurídicas; lo que Madrid nuevamente hace es intentar bloquear un derecho legal, el derecho a morir dignamente” ha sentenciado en la rueda de prensa posterior al Interterritorial.
La prestación de la muerte digna sigue creciendo cada año en España. Según los últimos datos provisionales de Sanidad, en 2025 recibieron la eutanasia 565 personas, un 32,6% más que el año anterior, mientras que las solicitudes crecieron un 38,2%, hasta 1.284. Pese al incremento, el acceso continúa siendo muy desigual entre territorios y uno de cada tres solicitantes sigue falleciendo antes de completar el procedimiento.
Reparto de fondos
El consejo ha aprobado también repartir 235,4 millones de euros entre las comunidades autónomas para reforzar prestaciones y servicios del sistema sanitario en 2026. La mayor parte de los fondos, 172,4 millones, se destinará al Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, mientras que otros 60 millones servirán para ampliar la cartera común de salud bucodental. El reparto incluye además dos millones para mejorar el sistema de información del SNS y 960.000 euros para el Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería.
Cada comunidad recibirá 60.000 euros para contratar a una enfermera asistencial que permita liberar a otra profesional experta para desarrollar proyectos de planificación de cuidados, con el objetivo de implantar un modelo común que adapte las plantillas enfermeras a las necesidades reales de los pacientes y mejore la coordinación y los sistemas de información en todo el Sistema Nacional de Salud.
Otro de los 16 acuerdos adoptados este viernes en el interterritorial ha sido la aprobación de un protocolo común para coordinar el acceso a los tratamientos farmacológicos de alta complejidad, entre ellos las terapias avanzadas y los medicamentos con un coste igual o superior a 80.000 euros por paciente y año. El acuerdo, que se aplicará inicialmente a 66 tratamientos ya financiados por el Sistema Nacional de Salud, establece un circuito común entre comunidades para las derivaciones, prioriza que la atención se preste, siempre que sea posible, en la autonomía de origen del paciente y fija que esta asuma, por norma general, la financiación del tratamiento aunque se administre en otra comunidad.
García ha subrayado que, en lo que va de legislatura, el CISNS ha adoptado más de 120 acuerdos “para transformar el Sistema Nacional de Salud” y que desde 2018 ―cuando Pedro Sánchez llegó al poder― las transferencias finalistas para sanidad a las comunidades ascienden a 3.700 millones de euros, especialmente tras la pandemia, cuando se han multiplicado por 10.