El Senado aprobó este martes el proyecto que busca castigar con penas de cárcel el delito de usurpación, además de ampliar el periodo de flagrancia y facilitar la detención de ocupantes de viviendas y terrenos.
La iniciativa tuvo 43 votos a favor y solo una abstención, de la senadora Ximena Rincón (Demócratas).
En el marco del debate del proyecto, el senador José García Ruminot (RN) sostuvo que «nuestra legislación no inhibe a que las personas tomen la decisión de usurpar terrenos, viviendas, porque la única penalidad es finalmente una multa. Lo que hemos propuesto es que tanto la usurpación violenta como la no violenta, en distinta gradualidad, tengan penas de cárcel».
Por su parte, la senadora Isabel Allende (PS) argumentó que quienes suelen concurrir en la usurpación «son personas casi desesperadas que no han tenido otra solución».
«Hoy día se quiere pasar (como sanciones) de lo que era una multa que era muy baja, pero ahora se propone un presidio que va de 61 días a tres años, y yo no creo que eso sea razonable y me parece que es tratar de criminalizar a mucha gente», criticó.
El proyecto pasará a su segundo trámite en la Cámara de Diputados.
APROBADO✅| Sala del Senado despachó el proyecto para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de ocupantes.
La iniciativa pasa a segundo trámite a la @camara_cl.
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«UN RETROCESO», REPRENDE EL GOBIERNO
El avance de este proyecto es un traspié para el Gobierno, que lo considera un «retroceso» respecto a la tradición jurídica de Chile.
«Se aprobaron normas que establecen la autotutela o la justicia por mano propia para resolver conflictos jurídicos. Representa un retroceso respecto del marco regulatorio que existe en el mundo civilizado en la materia«, reprochó el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.
La senadora republicana Carmen Gloria Aravena, precursora de una de estas medidas, defendió que «simplemente es en condición de defensa propia, que esperamos que no ocurra».
«Pero no nos perdamos, no se ha hecho justicia y hay casos en que (familias) llevan 10, 15 años con predios tomados y casas que nunca han podido recuperar. No estamos exagerando. El país nos ha perdido orden, seguridad y respeto a sus derechos, y eso estamos haciendo, dando cumplimiento al mandato», dijo.