La incipiente crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) ha acelerado el paquete de reformas legales y constitucionales del Gobierno para combatir la corrupción que adelantó EL PAÍS en el verano y que más tarde instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum. Las enmiendas avanzaban lento, pero los tiempos políticos las han catapultado y hoy se alistan como el golpe en la mesa de la mandataria tras la revelación del entramado de presuntas corruptelas que tienen bajo sospecha a Guadalupe Taddei, la expresidenta del organismo encargado de organizar las elecciones en México, a contratistas y a un puñado de funcionarios más. La transformación del Sistema Nacional Anticorrupción, la reingeniería de las auditorías, el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), la eliminación del fuero constitucional y la aplicación de la figura de extinción de dominio sobre bienes y recursos financieros, son parte de la apuesta de calado que se empuja desde Palacio Nacional.
Un bloque de diputados y senadores de Morena, cercano a Sheinbaum, prepara una ofensiva legislativa que se presente como una sacudida anticorrupción. Ese paso se ha precipitado en medio del escándalo por presuntas irregularidades, conflictos de interés, y delitos vinculados con la asignación de contratos y el manejo de recursos públicos que han empujado la renuncia de Taddei a la presidencia del organismo electoral.
La maniobra tiene dos tiempos: Que un bloque de Morena presente una parte del paquete de reformas en los próximos días, que Sheinbaum haga lo propio y envíe otra parte de las propuestas de enmienda. Todo antes del 15 de diciembre que es cuando concluye el periodo ordinario de sesiones. El segundo movimiento es que ante la falta de margen para discutir un paquete de reforma de semejante calado, se convoque a un periodo extraordinario de sesiones en enero, solo un mes antes de que comience el siguiente periodo legislativo. El apremio tiene detrás un cálculo político, de acuerdo con una fuente de peso en el oficialismo, Sheinbaum busca acelerar el paquete para enviar una señal de autoridad frente a la corrupción y la impunidad.
No se trata únicamente de una reforma administrativa. El oficialismo necesita recuperar la narrativa política después de que la polémica de Taddei golpeó uno de los flancos más sensibles de Morena: la promesa de que el poder dejaría de ser un espacio de privilegios y protección entre aliados.
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, cercano a la presidenta, encabeza una parte de los trabajos para construir la propuesta. El legislador detalla que el proyecto contempla modificaciones a una decena de legislaciones, entre ellas, la Ley Orgánica de la FGR, con el objetivo de fortalecer su autonomía presupuestal y de las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción. “Estamos trabajando en una reforma integral para reconstruir el sistema de auditorías en el país y fortalecer el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción”, ha dicho. La agenda incluye cambios constitucionales y legales para reforzar la prevención, fiscalización, investigación y sanción de las conductas ilícitas, así como recuperar recursos públicos desviados, a través de la extinción de dominio.
El grupo promotor ha incorporado a la discusión a representantes de la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, el Consejo Mexicano de Negocios, la Asociación de Bancos de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). También participan magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, representantes de la Comisión Antimonopolios, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción. Ramírez Cuéllar ha presentado una parte de la propuesta este lunes al presidente del Senado, Higinio Martínez.
El contenido de las reformas recupera buena parte de la reingeniería institucional que el Gobierno delineó meses atrás. Modificaciones al Sistema Nacional Anticorrupción, al modelo de auditorías, fortalecer las capacidades de investigación y establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades responsables de perseguir el desvío de recursos. El huachicol fiscal y las redes de facturación falsa figuran entre los objetivos de la estrategia.
La discusión tiene un capítulo sensible: la concentración de atribuciones en el Estado. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), en mayo de 2025, dejó bajo control gubernamental funciones que antes ejercía un organismo autónomo. Ahora, la intención de reorganizar el sistema anticorrupción vuelve a abrir las preguntas sobre quién vigilará a quienes concentran el poder si se es juez y parte.
Ramírez Cuéllar defiende que la nueva arquitectura debe tener capacidad para actuar y coordinarse. Sin embargo, fuera del discurso, se han debilitado los contrapesos que permiten fiscalizar al Estado. La autonomía de las fiscalías —un tema espinoso que Sheinbaum ha negado que busque cambiar, por el costo que representa—, la independencia de las auditorías y la publicidad de sus resultados serán pruebas para medir el alcance de las reformas.
En el paquete se recupera una propuesta que Ramírez Cuellar ha defendido y Sheinbaum ha respaldado con reservas, por la presión política que le representa: eliminar el fuero constitucional. “Siempre estuvimos en contra del fuero. Se debe poner a debate”, dijo la mandataria en marzo de 2025, pero hasta ahora no ha avanzado el planteamiento que busca quitar el blindaje constitucional para que legisladores y altos funcionarios sean procesados penalmente.
Obstáculos dentro de Morena
Las resistencias de algunos sectores de Morena a los términos de las propuestas han frenado su avance, porque, señalan figuras del oficialismo, afecta a intereses dentro del propio partido. Ramírez Cuéllar ha evitado confirmarlo, pero tampoco lo ha negado. “Vamos a presentar las propuestas. Veremos quién las apoya”, ha zanjado. La declaración exhibe los obstáculos que deberá cruzar la iniciativa. El episodio de presunta corrupción en el INE y otros, como el desfalco millonario en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, dejan en evidencia que instituciones o personajes vinculados al oficialismo no están exentos de cometer actos ilícitos.
Los morenistas defienden que Sheinbaum es un activo para impulsar la ofensiva. “Tenemos la fortaleza y la decisión de la presidenta para ir a fondo en las investigaciones y castigar a los responsables de actos ilícitos”, ha ofrecido la mandataria. Pero ya hay antecedentes de la falta de consenso en reformas aupadas por ella. La propuesta para eliminar el nepotismo en los cargos de elección y hacer efectiva la modificación en 2027 fue corregida y trasladada a 2030 por presión de sus socios políticos. Otro caso fue el de la enmienda político-electoral que buscaba eliminar los espacios de representación proporcional en el Congreso y adelantar la consulta de revocación de mandato para emparejarla con la elección del próximo año. La voluntad presidencial no ha sido suficiente para sacar temas que tocan intereses políticos y externos. Con todo, la apuesta de la mandataria es que la aprobación del paquete anticorrupción marque un punto de inflexión y envíe un mensaje a la clase política antes de que la disputa electoral absorba la agenda pública.