Murcia, Cantabria, Extremadura, Baleares, la Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia suspenden en el desarrollo de sus servicios sociales al no alcanzar los cinco puntos sobre diez en el Índice DEC de 2025, un análisis elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que mide los derechos sociales reconocidos y su organización, los recursos económicos destinados a los servicios sociales y la cobertura efectiva de las prestaciones. “En la práctica, esto supone que 20 millones de personas que viven en estos territorios no tienen garantías por parte de las Administraciones de ser atendidas de manera adecuada cuando tienen problemas de convivencia, de integración, de inserción social u otro tipo de vulnerabilidades”, explica José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la entidad que elabora el informe.
En el extremo opuesto, País Vasco se posiciona como la única comunidad autónoma cuyo desarrollo de los servicios sociales el índice califica como “alto”, con 7,35 puntos. Le siguen Castilla y León (7,20), Navarra (7,18) y Canarias (6,35), territorios en los que su desarrollo queda valorado como “medio”. El informe destaca además el avance de Canarias, que ha pasado de ocupar la última posición en años anteriores a situarse entre las comunidades con mayor puntuación en el índice.
El índice analiza, a través de una treintena de indicadores, el sistema de servicios sociales en España. Entre ellos se encuentran las rentas mínimas de inserción, las residencias para personas mayores, los centros para mujeres víctimas de violencia de género, los recursos para personas sin hogar y distintos indicadores relacionados con la infancia. El índice abarca así buena parte de las situaciones de vulnerabilidad que atienden los servicios sociales, desde la convivencia y la inclusión social hasta la atención a distintos colectivos. Entre los distintos ámbitos estudiados, la ayuda a domicilio aparece como uno de los puntos débiles del sistema. Su cobertura apenas ha avanzado en los últimos años y la intensidad de la atención sigue siendo limitada para quienes necesitan apoyos continuados en su vida diaria.
Como cada año, el índice constata la desigualdad entre las comunidades autónomas. La desigualdad también se refleja en el porcentaje del PIB que cada territorio destina al sistema de servicios sociales: en 2024, el País Vasco (3,17%) dedicó más del triple que Baleares (0,97%), mientras que Canarias (2,78%) destinó casi el triple que Madrid (0,98%).
Ramírez Navarro asegura que su principal preocupación es “llegar a conseguir el 2% del PIB dedicado a servicios sociales”. Actualmente, las Administraciones destinan de media el 1,75% del Producto Interior Bruto a estas políticas, según el informe. Alcanzar ese 2%, sostiene el presidente de la asociación, permitiría atender a más personas dependientes.
Otro problema que ha quedado reflejado en el informe es que algunas comunidades, como Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, reconocen por escrito derechos “muy por encima” de la cobertura real en servicios sociales que realmente ofrecen. En Cantabria, Murcia y Castilla y León, en cambio, las prestaciones y servicios no están suficientemente respaldados por derechos que garanticen que lleguen a quienes los necesitan. El informe señala que, sin una base jurídica suficiente para respaldar estas prestaciones y servicios, la ciudadanía no tendrá garantías para reclamar sus derechos si se recortan, limitan o eliminan. Ramírez Navarro señala el origen del problema: “No se ha desarrollado suficientemente un sistema de servicios sociales basado en el derecho subjetivo de la ciudadanía”.
El gasto medio que ejecutaron las Administraciones en servicios sociales en 2024 es de 575,1 euros por habitante, aunque, como sucede con el resto de indicadores, existen grandes diferencias entre territorios. La inversión oscila entre los 1.304 euros del País Vasco y los 353 de Baleares. La diferencia es especialmente acusada en algunos casos: Castilla y León invirtió 628 euros por habitante, un 77,9% más que Baleares.
La prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que contempla la lista oficial de servicios sociales y prestaciones económicas que el Estado garantiza para ayudar a las personas que no pueden valerse por sí mismas, es otra de las cuestiones que preocupa a la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En el informe se detalla que la subvención solo la percibe el 43,7% de las personas beneficiarias, con un importe medio mensual de 261,6 euros. Una cuantía que el análisis califica de “insuficiente” para que los familiares asuman el cuidado en casa de personas que necesitan apoyos continuados para todas las actividades básicas de su vida diaria.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales asegura: “Confiamos que esta situación cambie tras la reforma de la ley y el incremento de la financiación de la dependencia aprobado en julio de 2026″. Esta reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, aprobada definitivamente el miércoles por el Congreso, avanza precisamente en esa dirección. El nuevo marco refuerza los cuidados individualizados, la atención en el hogar y amplía la ayuda a domicilio al entorno comunitario próximo, de modo que pueda incluir acompañamientos para actividades como acudir al médico o hacer la compra. También elimina el régimen de incompatibilidades, lo que permitirá combinar servicios y prestaciones que hasta ahora no podían recibirse simultáneamente, como la ayuda a domicilio y la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. La reforma establece además la teleasistencia como un derecho universal para las personas con dependencia reconocida y crea nuevos servicios de cuidados y apoyos en viviendas.
La asistencia domiciliaria, el punto débil del sistema de servicios sociales
La ayuda a domicilio fue uno de los principales puntos débiles del sistema de servicios sociales en 2025. El último Índice DEC refleja que su cobertura apenas ha mejorado desde 2010: el porcentaje de mayores de 65 años que reciben esta prestación ha pasado del 4,7% al 5,8%, un aumento de poco más de un punto. La intensidad también es baja. De media, el servicio se prestó durante 23,8 horas al mes, menos de una hora al día, según el análisis. Si se toma solo la ayuda a domicilio reconocida como prestación de derecho en la lista oficial de servicios sociales y prestaciones económicas que el Estado garantiza para ayudar a las personas que no pueden valerse por sí mismas, la intensidad media asciende a 38 horas al mes: 20 para los dependientes de grado uno, 43 para los de grado dos y 65 para los de grado tres. Incluso en este último caso, la atención apenas superó las dos horas y media diarias de lunes a viernes, una cantidad que el informe considera claramente insuficiente.
Esta carencia adquiere mayor relevancia ante el avance de la apuesta por que las personas mayores y dependientes puedan permanecer en sus hogares en lugar de vivir en residencias. El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, reclama un refuerzo de esta prestación: “La desinstitucionalización viene de Europa y es una práctica que ha asumido España. El 94% de las personas mayores y de las personas dependientes quieren terminar su proyecto vital en el hogar donde viven y eso no se compadece con la escasez de ayuda domiciliaria”.
Ramírez Navarro reclama que el aumento de la financiación que destinan las comunidades autónomas al sistema de servicios sociales se traduzca en una mejora efectiva de los servicios de proximidad, especialmente de la atención domiciliaria. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ya pedía un aumento de la financiación de la dependencia después de dos años sin incrementos, hasta que el Gobierno puso en marcha el llamado Plan de Choque de Dependencia, que entre 2021 y 2023 aportó más de 600 millones de euros adicionales. Ahora, el Gobierno ha aprobado una inversión adicional de 6.200 millones de euros para el sistema de la dependencia entre 2026 y 2027. El incremento eleva la aportación estatal hasta los 5.513,8 millones en 2026 y los 7.239,4 millones en 2027, con el objetivo, entre otros, de ampliar la atención a domicilio y mejorar los servicios para las personas dependientes. En 2027, la aportación del Estado alcanzará el 50% del gasto total de la dependencia.