Una operación militar encubierta para arrestar a un mando de Hamás —organizada por Israel y aparentemente ejecutada por una de las milicias que arma y protege en Gaza — se ha saldado este martes con cuatro muertos (entre ellos un niño de tres años, un adolescente de 13 y una mujer) por el intenso fuego de la aviación militar israelí para facilitar la huida del grupo que realizó la captura. Aún reina la confusión sobre lo ocurrido. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha anunciado la captura de un mando de Hamás, sin dar más detalles, y medios israelíes lo identifican como un pez gordo: el jefe de seguridad interna del Gobierno del movimiento islamista, Muin al Arabid. Hamás, en cambio, asegura que la misión fracasó, al ser descubierta, y que se llevaron a un cargo menor tras matar a su esposa.
Los bombardeos repentinos obligaron a huir a muchas familias previamente desplazadas. En total, una decena de misiles cayeron en un barrio de la capital densamente poblado. Las imágenes muestran dos coches calcinados. El ejército israelí se limitó a señalar que abrió fuego para “eliminar varias amenazas a las fuerzas de seguridad”, sin aclarar si participaron en la operación fuerzas especiales, milicianos leales o ambos.
“Esta es nuestra política: no esperamos a que lleguen las amenazas, sino que perseguimos a los terroristas de Hamás, los neutralizamos y destruimos su infraestructura terrorista”, declaró el ministro durante una visita a Netiv Haasara, cerca de la frontera con la Franja.
La operación saca a la luz el rol que han ido adquiriendo los grupos armados gazatíes promovidos, financiados y protegidos (están en el alrededor del 60% del enclave que controla el ejército) por Israel para debilitar o derrocar al Gobierno de Hamás. Se trata, más bien, de clanes familiares con un pasado de actividades delictivas o enfrentamientos con el movimiento islamista. Israel también ha favorecido que se enriquezcan, en los peores días de la hambruna, asaltando camiones de ayuda humanitaria, según fuentes locales.
Las muertes de este martes muestran además cómo el Gobierno de Benjamín Netanyahu no solo sigue vulnerando el alto el fuego acordado en octubre (durante el que ya ha matado a 1.326 palestinos, más de 300 de ellos menores), sino también los mínimos que le pide la Junta de Paz. Es el organismo encargado de supervisar el alto el fuego y justo acaba de reinterpretar el pacto de desarme que había alcanzado con Hamás para adaptarlo a las exigencias de Netanyahu.
Su máximo representante, Nikolay Mladenov, quiere que Israel limite el fuego a lo que identifique como amenazas reales contra sus tropas dentro de Gaza, una categoría en la que el ejército ya incluye decenas de muertos que han resultado ser civiles.
Mladenov admitió la pasada semana ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el impacto de estos ataques en la credibilidad del proceso. “Un alto el fuego en el que se sigue enterrando a civiles no es uno que la población de Gaza pueda sentir plenamente. Cada uso de la fuerza que no responde a una amenaza inmediata […] cuesta a este proceso algo que es muy difícil de recuperar”, aseguró.
En realidad, el asunto de las milicias gazatíes y la credibilidad del alto el fuego están interconectados, ya que Hamás insiste en que solo entregará sus armas defensivas (a diferencia de las que puede usar contra Israel, como los cohetes o lanzagranadas) una vez desmantelados estos grupos que patrocina Israel. De lo contrario, argumenta, quedaría indefenso ante ellos. Pese a su debilidad, el Gobierno islamista ha logrado forzar rendiciones en estos grupúsculos y una victoria particularmente simbólica el pasado diciembre, al matar a uno de sus principales representantes, Yasir Abu Shabab.