La Generalitat Valenciana de Carlos Mazón tuvo información en tiempo real sobre la magnitud de la dana que dejó 230 muertos en 2024. Y, sin embargo, no alertó a la población hasta lo peor de la catástrofe. Una responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, ha apuntalado este viernes esta tesis ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la riada, Nuria Ruiz Tobarra. La comisaria de aguas del organismo, Cristina Sola, ha revelado a la instructora que el Cecopi –el órgano de la Generalitat que se reunió de urgencia el día de la desgracia- conocía a media tarde de la jornada la gravedad de la situación del barranco del Poyo, la rambla que desató la tragedia al inundar municipios como Paiporta (27.800 habitantes) o Catarroja (30.612), donde la riada dejó 55 y 25 muertos, respectivamente. Así lo indican a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.