La geopolítica actual ha dictado sentencia: abandonar nuestra adicción a los combustibles fósiles ya no es sólo un imperativo climático; es la única vía para garantizar la paz y nuestra propia soberanía. El petróleo, el gas y el carbón no solo son la principal causa de la emergencia climática, sino que son el motor de los conflictos y las violaciones de derechos humanos que vemos hoy en día. Además, nos empobrecen: cada vez que sube el precio de la energía, se encarece nuestra cesta de la compra y disminuye nuestra calidad de vida.
Como advertía recientemente la Agencia Internacional de la Energía, vivimos una crisis energética sin precedentes. Europa sigue atrapada en una dependencia exterior que nos convierte en blanco fácil para las amenazas de líderes tiranos e imprevisibles como Trump o Putin. En este tablero, España juega con cierta ventaja: gracias al despliegue de las renovables, tenemos una de las facturas eléctricas más baratas de la Unión Europea. Pero no nos engañemos; este éxito es solo un espejismo si ignoramos que el 70% de nuestra energía total sigue encadenada a los fósiles, especialmente en el transporte y la industria.
Frente a esta vulnerabilidad, surge una oportunidad histórica: la Conferencia por una Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles, que se celebra en Santa Marta (Colombia) del 24 al 29 de abril, coorganizada por el país latinoamericano junto con Países Bajos. Por primera vez, más de 50 gobiernos de todos los continentes, junto a científicos, sociedad civil y pueblos indígenas, se reunirán para trazar el camino hacia un mundo sin petróleo, gas ni carbón. No se trata de una reunión más, sino de un paso adelante para diseñar un nuevo marco de cooperación que impulse soluciones reales en financiación, transferencia de tecnología, gobernanza y justicia climática.
Sabemos que las cumbres oficiales de Naciones Unidas (las COP) llevan treinta años teniendo dificultades para señalar directamente y eliminar al principal culpable de la crisis climática: la producción y consumo de combustibles fósiles. Por eso, Santa Marta emerge como el inicio de un proceso complementario que contribuya al cumplimiento del Acuerdo de París. Su objetivo debe ser actuar como catalizador hacia un tratado internacional jurídicamente vinculante que detenga la expansión de estos combustibles y asegure una transición ordenada, justa y equitativa, sin repetir los errores colonialistas del pasado. Al mismo tiempo, debe contribuir a impulsar con fuerza un plan para el abandono global de los combustibles fósiles en la COP31.
Esta transición es, ante todo, una cuestión de justicia. Los países que menos han contribuido al problema son quienes más sufren sus consecuencias. No es casualidad que el clamor por un Tratado sobre Combustibles Fósiles naciera en islas del Pacífico como Tuvalu o Vanuatu: su vida depende literalmente de ello. Pero también hablamos de aquellos países que no tienen medios para acceder a tecnologías renovables, controladas por un reducido grupo de países, o se ven obligados a vender sus combustibles fósiles como única vía para pagar las obligaciones de una deuda ilegítima. Santa Marta debe enviar una señal clara: el mundo avanza hacia un modelo que no deje a nadie atrás. Ya no hay tiempo para palabras vacías. La Unión Europea (UE), con su enorme responsabilidad histórica y su aparente narrativa verde, no puede permitirse retroceder ni un paso más, ni tampoco achantarse ante quienes juegan con nuestro destino. España ha demostrado recientemente un liderazgo remarcable en la defensa de la paz y el derecho internacional; ahora tiene la oportunidad de liderar también para frenar la raíz de todos estos problemas.
El Gobierno español debe ejercer un papel audaz en esta conferencia. Es el momento de desplegar su diplomacia para unir a sus socios europeos en torno a un mecanismo internacional vinculante que regule los combustibles fósiles de forma definitiva. El reto es inmenso, pero la recompensa lo es más: dejar de hablar solo de clima para empezar a hablar de sus causas (combustibles fósiles) y de las soluciones: bienestar, soberanía y justicia social. Santa Marta puede ser el lugar donde inclinemos la balanza a favor de la gente para construir un futuro sostenible, justo, democrático y, sobre todo, en paz.