Como el que mira al cielo para coger o no el abrigo, la pregunta recurrente entre los ceutíes es: “¿Cómo están hoy?”. La frase, pronunciada al aire por una mujer sentada en la parada de taxis del centro de la ciudad, indaga por el minuto y resultado de los miles de migrantes que entraron en la gran llegada del 30 y 31 de julio y que aguardan para saber si les expulsarán a Marruecos, como el Gobierno quiere hacer una vez que tramite sus expedientes, o podrán alcanzar sus sueños de futuro. Su presencia en una ciudad de 83.000 habitantes y 20 kilómetros cuadrados altera la vida de los ceutíes desde hace ya tres semanas y tiene al Gobierno de la Ciudad y al Ejecutivo en plena búsqueda de soluciones que alivien la tensión y el desgaste que acusan los ceutíes con esta situación.
Al desbordamiento inicial y el miedo a que volviera a haber una avalancha el pasado 15 de agosto, han seguido esta semana los intentos de las Administraciones de procurar a los migrantes una atención humanitaria y hacer que los vecinos recuperen algunos de sus espacios.
“Estaban por todos lados, luego se escondieron, ahora están cogiendo confianza y se les vuelve a ver por el centro”, resume Mohamed Barjiji, de 17 años. El joven, vecino del barrio de El Príncipe, está muy pendiente, como todos, de sus movimientos y comportamientos. Muchos ciudadanos tienen la sensación de que cada vez hay más migrantes. Los propios implicados reconocen que no paran de moverse, que cambian los lugares en los que duermen y que se recorren la ciudad de un lado a otro porque no saben muy bien qué hacer. Solo esperar. No hay ninguna cifra oficial que los cuantifique. La horquilla va de los 7.000, incluyendo a los menores, a los 10.000, dependiendo de las fuentes. Solo en la Playa de El Trampolín, uno de los mayores asentamientos, Cruz Roja ha repartido comida para 4.000 personas.
Los dos espacios habilitados por el Gobierno, uno en un gran aparcamiento en Loma Colmenar, cerca de la frontera, y otro en una instalación militar en Loma Margarita, acogen ya a 1.800 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno. En esas instalaciones podrán comer, tendrán literas, agua y atención psicosocial. Sus ocupantes reciben una pulsera, que puede ser azul o verde, y tienen libertad de movimiento. El día que comenzaron a funcionar, en el Ministerio de Migraciones tenían esperanza de que así se puedan cuantificar. Este domingo los emplazamientos estaban llenos y había migrantes esperando para acceder. Pero otros muchos no terminan de fiarse. Sospechan que estos espacios sean una treta para terminar sacándoles por la fuerza y se resisten a entrar.
Hasam y sus amigos, de poblaciones cercanas a Tánger y Tetuán, explicaban este domingo que prefieren dormir sobre un plástico junto a la carretera porque creen que los centros son una trampa. “Nos quieren tener ahí porque es más fácil expulsarnos. No voy a ponérselo tan fácil. Si vienen a por nosotros, aquí puedo escapar y echarme hacia el mar si es necesario”, decía en una mezcla de español, marroquí e inglés bajo un sol de justicia.
Desde hace tres semanas, los migrantes se han ido instalando en barrancos y zonas de monte, y también en los barrios de El Príncipe, o en Loma Colmenar, cerca de la frontera. Los mayores asentamientos se han levantado en playa de El Trampolín, de donde se han retirado más de un centenar de cabañas precarias esta semana para devolver a la costa su imagen habitual, y que los migrantes siguen frecuentando. También en los alrededores de las naves de El Tarajal.
Entre naves semiabandonadas y pequeños negocios de plásticos y ropa en venta a cinco euros, hacían vida este domingo cientos de jóvenes que reconocen que solo salen de la zona para ir a por la bolsa que diariamente reparte la Cruz Roja. Todos son hombres. La mayoría de las mujeres, entre ellas la hermana de Hasan, está en el albergue habilitado por los vecinos en el barrio La Reina, donde se respira un ambiente más alegre, menos pesado que en El Tarajal, aunque también pasen la mayoría del tiempo en el suelo mirando el móvil durante horas.
Asociaciones de vecinos de barrios como El Príncipe, que están atendiendo a niñas y mujeres con recursos propios o apoyándose en organizaciones de ayuda humanitaria, llevan toda la semana con pequeñas protestas, reclamando soluciones y denunciando que están al límite. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), se reúne con frecuencia con sus representantes y les pide “templanza, firmeza y serenidad para afrontar la situación”. También, que no pierdan la compostura.
Sobrevuela la sensación de que una chispa puede hacer explotar la buena convivencia y la mezcla de culturas de la que hace gala la ciudad. “Objetivamente no hay un problema de orden público”, valora una fuente policial. “Pero la mecha se puede prender por cualquier cosa, por robar un bocadillo, por ejemplo”. Otro agente asegura que los robos violentos no han llegado a veintena.
Regreso de las vacaciones
La vuelta a la rutina, el regreso de vacaciones, el inicio del curso y los primeros fríos también preocupan. Tanto el Gobierno de la ciudad como el Ejecutivo buscan y acondicionan lugares a marchas forzadas para atenderles. “Esto va a continuar en los próximos días”, anunciaba la ministra de Migraciones cuando se pusieron en marcha los primeros recursos. Pero tanto el Ejecutivo como el Gobierno local se topan con las reticencias de los vecinos, que no quieren que les quiten sus espacios ni ver alteradas sus calles con gritos, concentraciones de personas o peleas entre ellos.
Uno de los lugares que se preparan para recibir a nuevos migrantes es la Hípica, un club público-privado donde más de medio centenar de caballos convivirán con los jóvenes a partir de la próxima semana. Sus usuarios han tenido que asumir que dejarán de emplearlo, porque la ciudad autónoma ha cedido su uso, pero evidencian su postura con una lona pegada a la puerta. “No a la ubicación de emigrantes en la Hípica”, dice el cartel pintado a mano.
El área de menores de la ciudad, que debe asumir la tutela de los niños migrantes, también se topa con reticencias para encontrar espacios para albergar a los niños. El Gobierno intenta trasladar al menos 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península a través del Ministerio de Juventud e Infancia, aunque la Ciudad Autónoma sigue defendiendo que hay que encontrar fórmulas para que sean devueltas a Marruecos.
Infecciones y miedo
Con tanto movimiento de aquí y allá y el hacinamiento que se produce en los asentamientos, el control sanitario se ha complicado. Hay casos de infecciones y de sarna, debidos a la situación de masificación. La imagen de policías o trabajadores de los centros equipados con guantes y mascarillas genera sensación de alerta o miedo al contagio. “Cuando estén en los recursos tendremos algo más de control de la situación”, aventuraba Nabila Benzina, la consejera de Sanidad.
“Cada vez hay más”, repite Mohamed, vecino del barrio Hadú. Mueve la cabeza mientras ve pasar a los migrantes por el paseo, cerca de la Frontera de El Tarajal. “El otro día conté cien en solo unos metros”. “Es un problema, sin duda. Están pidiendo en la calle, en los supermercados, vendiendo pañuelos en los pasos de peatones. Y el tiempo cambia rápido. ¿Qué pasará cuando haga frío? ¿Y con las lluvias?”, se pregunta. “Que los saquen para Marruecos, que metan funcionarios y hagan los expedientes”, pide. “Hay que ponerse en su piel”, continúa. “Si puedo, yo les ayudo, con una barra de pan, una botella de agua. Nadie se puede meter con mi caridad”.