Para miles de personas que llevan meses o incluso años esperando emigrar legalmente a Estados Unidos, el proceso quedó en suspenso justo cuando se acercaban a una de sus últimas etapas. El Departamento de Estado ordenó posponer las entrevistas para visas de inmigrante en embajadas y consulados de todo el mundo mientras los funcionarios reciben capacitación sobre una versión más estricta del llamado criterio de “carga pública”.
La medida afecta principalmente a personas que solicitan visas desde fuera de Estados Unidos para reunirse con familiares o emigrar mediante un patrocinador. Aunque el Gobierno sostiene que la pausa busca permitir una evaluación más completa y uniforme de los solicitantes, llega después de que tribunales federales bloquearan intentos anteriores de utilizar este mismo criterio para detener solicitudes de grupos enteros.
¿Qué es la “carga pública”?
La carga pública no es un concepto nuevo dentro de la legislación migratoria estadounidense. La ley federal permite negar una visa o una residencia permanente cuando las autoridades determinan que una persona probablemente se convertirá “en cualquier momento” en una “carga pública”.
En el caso de quienes solicitan una visa de inmigrante desde el extranjero, el funcionario no evalúa necesariamente si la persona recibe actualmente beneficios en Estados Unidos. Debe intentar determinar si, después de emigrar, podría depender del Gobierno.
Para hacerlo, las autoridades pueden considerar factores como la edad, salud, situación familiar, recursos económicos, educación y habilidades del solicitante. El Departamento de Estado también ha indicado que sus funcionarios examinarán con mayor atención las finanzas, educación, perspectivas laborales, dominio del inglés y estado de salud.
El Gobierno de Trump ha argumentado que el objetivo es evitar que los nuevos inmigrantes puedan llegar a beneficiarse de programas de asistencia como Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y algunos subsidios de vivienda.
Sin embargo, incluso después de obtener la residencia permanente, muchos migrantes deben esperar cinco años para tener acceso a importantes programas federales sujetos a comprobación de recursos, aunque existen excepciones y las reglas varían según el programa y la situación migratoria.
¿Por qué se están pausando las entrevistas?
El Departamento de Estado asegura que sus funcionarios necesitan capacitación adicional para aplicar las nuevas directrices. “A principios de agosto, lanzamos una iniciativa de capacitación a nivel mundial en todas nuestras embajadas y consulados del mundo. Para dar cabida a esta capacitación exhaustiva, se ajustarán las citas para los servicios de visas”, explicó un portavoz en un comunicado.
La agencia también dijo que el entrenamiento busca que los funcionarios puedan evaluar a cada solicitante de manera “exhaustiva y consistente”.
La pausa comenzó a principios de agosto y, de acuerdo con un funcionario que habló con la agencia Associated Press bajo condición de anonimato, no se espera que se prolongue más allá de principios o mediados de septiembre. Las entrevistas afectadas serían reprogramadas para septiembre, octubre y noviembre.
No obstante, el Departamento de Estado no ha explicado públicamente cuándo comenzará a reprogramarlas ni si los solicitantes conservarán exactamente su lugar en la fila.
¿A quiénes afecta?
Entre los principales afectados están quienes buscan visas de inmigrante por motivos familiares: cónyuges, padres, hijos y hermanos de ciudadanos estadounidenses, además de familiares de residentes permanentes. También existen visas para determinados trabajadores patrocinados por empleadores.
Para muchos, la entrevista llega después de haber pagado tarifas, reunido documentos durante años y realizado exámenes médicos. Algunos incluso deben viajar a otro país para acudir al consulado correspondiente. Una cancelación de último momento puede significar perder dinero en vuelos, alojamiento y citas médicas.
Las visas para trabajadores patrocinados por empleadores no estarían afectadas de la misma manera, debido a que estos solicitantes pueden demostrar ingresos y, por ello, no serían considerados una posible “carga pública”.
La pausa ocurre pocos días después de varios reveses judiciales para la Administración. En enero, el Departamento de Estado había detenido la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países considerados con mayor riesgo de depender de beneficios públicos. La política permaneció vigente durante siete meses hasta que un tribunal la anuló.
El 21 de agosto, la jueza federal Jeannette Vargas determinó que el secretario de Estado, Marco Rubio, había excedido su autoridad al impedir categóricamente que los funcionarios emitieran visas basándose en la nacionalidad de los solicitantes. Cuatro días después, otro juez federal, Richard Leon, declaró ilegal una pausa relacionada con la “carga pública” aplicada a determinados solicitantes de visas de diversidad.
Las decisiones, sin embargo, no eliminaron el criterio de “carga pública”. La distinción establecida por los tribunales es entre evaluar individualmente a cada solicitante, algo permitido por la ley, y bloquear categorías completas sin realizar esa evaluación.
Por ahora, quienes tenían una entrevista programada reciben correos informándoles del aplazamiento y deberán esperar otra comunicación. El Departamento de Estado no ha establecido una fecha definitiva para el regreso a la normalidad.