El Gobierno español se encuentra en la fase final de preparación de España Crece, el nuevo fondo soberano que prevé poner en marcha en la segunda mitad del año. El instrumento está diseñado para prolongar el impulso inversor asociado a los fondos europeos, que terminan este año. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado este jueves que “en las próximas semanas” comenzarán las transferencias desde el Tesoro. El objetivo es cerrar en mayo la estrategia de inversión de este fondo con la Comisión Europea y que esté operativo en el segundo trimestre del año, tal y como estaba previsto.
Durante su comparecencia en el Congreso, el vicepresidente primero ha precisado que el fondo aspira a movilizar hasta 120.000 millones de euros mediante esquemas de colaboración público-privada. El fondo contará con una dotación inicial de 13.300 millones de euros procedentes de los préstamos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De ese total, 10.500 millones se canalizarán a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para reforzar su capacidad de financiación y facilitar el apalancamiento de capital privado.
El diseño del fondo, que estará listo antes de julio, contempla un efecto multiplicador cercano a uno a uno entre inversión pública y privada. Bajo este esquema, el Ejecutivo busca ampliar la escala de los proyectos más allá de los límites temporales fijados por Bruselas, que contemplan como frontera 2026.
Las prioridades de inversión se estructuran en cuatro áreas: mejora de la competitividad y resiliencia empresarial, digitalización de pequeñas y medianas empresas, transición energética y desarrollo de vivienda asequible. Este último ámbito concentra una gran parte del esfuerzo previsto, con una movilización estimada superior a 23.000 millones de euros orientada a ampliar la oferta de alquiler.
El lanzamiento del fondo coincide con la fase final de ejecución del Plan de Recuperación. El Gobierno mantiene como fecha límite agosto de 2026 para cumplir los hitos comprometidos con la Comisión Europea y asegurar el desembolso completo de los fondos antes de que finalice el año. España ha recibido hasta ahora 71.400 millones de euros tras los cinco primeros tramos aprobados. El Ejecutivo trabaja en la aprobación del sexto desembolso, por valor de 7.300 millones, que elevaría el nivel de ejecución por encima del 75% del total asignado, según ha detallado Cuerpo. La planificación oficial prevé solicitar un séptimo tramo en septiembre y completar la recepción de recursos en diciembre.
Su efecto en el PIB nacional
A escasos meses de que finalice el programa Next Generation, empiezan a aflorar estimaciones más precisas sobre su impacto en la economía española. Un trabajo de Funcas y Afi publicado este jueves, precisa que los fondos europeos explican entre el 10% y el 14% del avance medio anual del PIB real entre 2021 y 2025. El porcentaje, aunque significativo, apunta a que ha habido otros factores ―entre los que destaca el turismo y el aumento de la fuerza laboral― que han servido de motores para el buen desempeño económico de los últimos años.
El despliegue de los recursos ha seguido una concentración sectorial clara. Las manufacturas, con un peso destacado de la automoción y la cadena de valor de las baterías, junto con las tecnologías de la información y la construcción, reúnen más del 60% de los fondos comprometidos. En el caso del sector tecnológico, el volumen de ayudas ha alcanzado niveles poco habituales, hasta situarse en torno al 29% de su valor añadido bruto previo a la pandemia.
Tal como ha reconocido Cuerpo este jueves, el informe de Funcas pone énfasis en que el calendario administrativo no marca el final de sus efectos económicos. Gracias a la Adenda de Simplificación aprobada a finales de 2025, el efecto arrastre de los fondos se extenderá formalmente hasta 2036 gracias a la canalización de recursos a través de vehículos financieros y fondos de préstamos, como el Fondo España Crece o el esquema de préstamos gestionado por el BEI, cuya vida operativa permite reinvertir retornos y ejecutar proyectos durante la próxima década.
A pesar de estas cifras, los expertos mantienen un tono de cautela y señalan una serie de deficiencias estructurales que han limitado el efecto transformador prometido. Una de las críticas más punzantes recogidas en el informe es el llamado “efecto sustitución”, pues se se estima que una parte significativa de las inversiones financiadas por el programa se habrían producido de todos modos con recursos propios de las empresas, lo que reduce el impacto neto del estímulo. A esto se suma una respuesta de la inversión empresarial más contenida de lo esperado, que a finales de 2025 seguía 3,3 puntos por debajo de los niveles previos a la pandemia.
La productividad, el gran mal endémico de la economía española, tampoco parece haber reaccionado con la fuerza esperada. Aunque es la única de las grandes economías europeas donde la productividad real por hora ha aumentado respecto a su tendencia previa, el avance adicional es de apenas 0,4 puntos, un resultado muy modesto si se compara con el volumen de recursos inyectados. El informe atribuye este resultado a la debilidad estructural del tejido empresarial, pues los fondos se han concentrado en las grandes empresas (el 0,4% absorbe casi el 46% de los fondos comprometidos), mientras que las microempresas y pymes, que representan el 99% del ecosistema, acceden proporcionalmente a los mismos recursos.
A pesar de estos datos, Cuerpo ha insistido hoy en que “el 70% de los adjudicatarios son micropymes y pymes”, que han recibido el 43% del volumen total de fondos asignados, y ha subrayado que “las cifras reflejan una auténtica transformación de nuestra economía”.