El Consejo de Estado ha decidido avalar, en una votación con 16 votos a favor y 4 en contra, la reforma del artículo 43 de la Constitución que planteó el Gobierno para blindar el derecho al aborto, que la protección de ese derecho no dependa de quién gobierne, y su ejercicio efectivo; es decir, que no solo esté reconocido como derecho sobre el papel sino que las mujeres tengan acceso a él realmente. Y, en este sentido, una reforma pensada también para garantizar que el aborto pueda ser realizado en centros públicos, algo que ahora prácticamente no sucede en la mayoría de autonomías. Y en algunas, como Madrid, es especialmente mayoritario el número de las interrupciones voluntarias del embarazo que se dan en la privada por el rechazo de sus gobiernos a implementarlo.
Este órgano consultivo, que debe ser escuchado en cuestiones como esta pero cuya opinión no es vinculante, sanciona el corazón de la propuesta, pero plantea un redactado diferente al que propuso el Gobierno y salió del Consejo de Ministros porque según fuentes conocedoras del debate el planteamiento del Gobierno era equivocado.
La redacción de la reforma constitucional que planteó el Ejecutivo era muy clara. Decía así: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.
El texto que plantea ahora el Consejo de Estado con esta amplia mayoría, según fuentes conocedoras de la decisión, que afirman haber tenido un debate “complejo” durante el pleno para tomar la decisión, es el siguiente: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para hacerlo efectivo”.
Es un cambio relevante de redacción, pero en aras de poder garantizar realmente ese derecho, según fuentes conocedoras del debate jurídico. Han quitado la primera parte, la del reconocimiento del derecho expreso, y lo que se garantiza con la modificación es el derecho a la prestación, ya que, según esas mismas fuentes, es la mejor forma de protegerlo. Explican que no sirve tener reconocido un derecho fundamental si luego no puede ejercerse, si en la práctica las mujeres no pueden realmente tener acceso a ese derecho. Para las mujeres esta modificación, alegan, es lo más “garantista”.
Ahora el texto pasará de nuevo al Consejo de Ministros, que en breve lo tratará en una segunda vuelta para llevarlo ya rápidamente al Congreso de los Diputados. Y aunque es difícil que prospere, porque el PP ya advirtió de que votaría en contra, y se necesitan tres quintos de la mayoría del Congreso para sacarla adelante, el Gobierno consideró que solo la votación en sí misma tiene un valor político relevante, para que cada grupo fije posición, pública, ante un asunto que reagrupa a la izquierda, que está de acuerdo en bloque con el derecho al aborto, mientras divide a la derecha y especialmente al PP.
Este jueves, durante el acto de apertura de la campaña electoral del PSOE de Castilla y León, organizado en Burgos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aludido a que la derecha y la ultraderecha le acusarán de nuevo de usar este tema como “cortina de humo”, pero ha atribuido a la “casualidad” que el informe del Consejo de Estado haya llegado hoy. Y ha asegurado que promoverán este cambio porque la ley actual “no se cumple” en su integridad ya que la mayoría de los abortos se producen en las clínicas privadas.
También el Ministerio de Igualdad se ha pronunciado en un comunicado en el que aseguran sentir respaldo por parte del Consejo de Estado en su propuesta “de modificación constitucional para reforzar la protección del derecho al aborto como prestación sanitaria dentro del sistema público de salud”. “Desde el Ministerio de Igualdad valoramos positivamente el pronunciamiento y consideramos que fortalece la seguridad jurídica y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos como parte integrante del sistema público de salud”, remata la nota.
El aborto como pieza política
El derecho al aborto ya está reconocido por una sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó un recurso presentado precisamente por el PP y avaló la reforma legal del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ―tras 13 años―; e hizo lo mismo en 2024 avalando también la última reforma, la de 2023, y tumbando el recurso presentado por Vox a cuenta de la posibilidad de abortar para las menores de 16 y 17 años sin el consentimiento de madres, padres o tutores.
El aborto, despenalizado desde 1985, lleva desde entonces sujeto a trabas y obstáculos que están muy relacionados con el arco político y que han hecho que ese derecho no se ejerza de forma efectiva. La mayoría de autonomías en España, las encargadas de garantizarlo porque son las que tienen las competencias sanitarias, todavía no permiten a las mujeres interrumpir de forma voluntaria el embarazo en la red pública, y son, y han sido siempre, las clínicas privadas las que han puesto a disposición de las mujeres los recursos y el personal especializado para ello.
Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, de 2024, se registraron en España 106.173 abortos, unos 3.000 más que en 2023; una tendencia al alza sostenida desde hace más de una década, que solo bajó durante el primer año de la pandemia (2020). De ellos, solo el 21% se hace en los centros públicos, la inmensa mayoría sigue realizándose en los centros privados concertados con la administración, algo que, aunque también contempla la ley, no es el modelo ideal si lo que se quiere conseguir es un acceso homogéneo territorialmente, es decir, que sea igual de fácil poder hacerlo para una mujer que viva en un pueblo de Castilla y León que para una que viva en Barcelona.
Y esas diferencias territoriales tienen en la mayoría de ocasiones mucho que ver con quién gobierna y qué posición tiene frente al aborto, un derecho que ha sido de forma histórica una de las piezas del debate y la lucha política. El avance en todo el mundo de la ultraderecha en los últimos años, que tiene los derechos sexuales y reproductivos como una de sus principales dianas, ha hecho que cada vez de forma más aguda las mujeres de diversos países vean amenazado ese derecho, mientras que hay territorios que intentan hacer frente ante ese posible riesgo.
Ese avance-retroceso tiene un ejemplo visible en la decisión en Estados Unidos de acabar con la protección constitucional de este derecho en 2022; y en la de Francia de blindarlo en su Ley Fundamental el 8 de marzo de 2024, con apoyos de todo el arco parlamentario. España, ahora, intenta seguir los pasos de Francia y hacerlo mientras aún cabe alguna posibilidad de protegerlo en la Constitución, antes del fin de esta legislatura y ante la incertidumbre de qué pasará en la siguiente.