La temporada de alto riesgo de incendios forestales de este año en Andalucía, que va de junio a octubre, ha terminado con el peor balance de las tres últimas décadas: 15 fallecidos, 6.444 desalojados y 58.735 hectáreas arrasadas, según informó el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en el comité asesor del Infoca, el dispositivo de lucha contra estos siniestros. Este récord negativo coincide con el ejercicio de mayor gasto de la historia en este programa: 271,6 millones de euros, un 5% más que el año pasado y un 60% más que en 2018, antes del primer mandato de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta. Un resultado similar, en términos deportivos, sería como descender a Segunda con el equipo más caro y, en el ámbito económico, abocaría al relevo de la dirección. En el plano medioambiental, supone quemar una gran parte de las zonas donde reside el 80% de la biodiversidad terrestre.
La justificación de Sanz ante el comité asesor del Infoca es que “las emergencias naturales están evolucionando hacia una mayor virulencia con comportamientos nunca antes vistos”. Para el responsable en el Gobierno andaluz de la lucha contra el fuego, “esta excepcionalidad ha llegado para quedarse, es una nueva realidad”. Sin embargo, los técnicos forestales y de medio ambiente consideran que el balance es una evidencia de una gestión ineficaz que obliga a revisar los planteamientos.
José María Sánchez, ingeniero forestal con más de 30 años de experiencia en incendios, técnico de la Junta y miembro de la Asociación Forestal de Andalucía (AFA), defiende que el nefasto balance responde a un proceso de deterioro progresivo del territorio forestal andaluz, que ocupa un 53% de la región. “Desde hace décadas, por razones socioeconómicas, los montes ya no son rentables y la Administración se ha desentendido de esa realidad, tanto los gobiernos anteriores como los del PP”, lamenta.
El resultado es el abandono y, con este, la acumulación de combustible vegetal listo para arder. “El cambio climático es innegable y causa incendios más graves, pero también es cierto que la inversión en prevención ha caído un 30% en la última década”, explica.
Según los datos de la AFA, la Junta de Andalucía ejecutó en partidas de prevención el año pasado unos 30 euros por cada hectárea de las 1,2 millones que gestiona. “Tan solo durante los dos últimos años, la Junta de Andalucía ha dejado sin invertir en los montes andaluces un total de 347 millones de euros previstos para este fin en sus presupuestos”, resalta Sánchez. En el ámbito privado, la situación es aún más grave y, en los 3,4 millones de hectáreas forestales que no son públicas, las inversiones en prevención son casi inexistentes por la escasa rentabilidad y la falta de ayudas e incentivos.
En el Infoca, la mayor parte del gasto se destina a una plantilla de 4.700 personas, 43 medios aéreos y unidades de maquinaria pesada y móviles. Para el presidente de la Junta, este es “el mejor dispositivo contra incendios forestales de España y Europa”, según afirmó en la presentación de la pasada campaña antes del verano, cuando ya habían ardido 6.800 hectáreas sin que hubieran comenzado las olas de calor.
A la falta de prevención se suma, según Sánchez, un cambio en el modelo de gestión que coincide con la creación de la EMA (Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía) hace dos años. “Más de 350 profesionales de la extinción de incendios y la gestión forestal, incluidos antiguos responsables del Infoca, expusimos nuestras dudas en un manifiesto”, recuerda.
Esta agencia amplió el campo de actuación a las emergencias de todo tipo, desde inundaciones a nevadas o fuegos. Este incremento de responsabilidades supone, según la AFA, más trabajo que resta horas de prevención y de entrenamiento especializado para afrontar incendios, así como la incorporación de personas ajenas a los territorios y al siniestro específico en los que tienen que actuar. “No conocen el monte que tienen que proteger, hay retenes incompletos y puestos de vigilancia sin cubrir. Hay un problema de gestión del personal”, resume Sánchez.
Menos conatos
Para la AFA, la evidencia de esta falta de especialización y vinculación con el terreno es el descenso en el número de fuegos que se quedan en conatos (menos de una hectárea afectada). De acuerdo con los datos del Infoca de esta campaña, de las 842 intervenciones en terreno forestal, el 61,3% se quedó en conato. “La media antes era del 80%. La detección rápida del fuego y la actuación inmediata, cuando todavía es abordable, es capital para evitar que se vuelvan incontrolables. Ahí no hay cambio climático ni razón externa. El dispositivo no es eficaz en la detección y en el primer ataque. Para serlo es fundamental la experiencia de los trabajadores y el conocimiento del terreno”, argumenta Sánchez.
El resultado de un incendio forestal, más allá de las víctimas mortales y lde os desalojos, es la destrucción de la mayor reserva de biodiversidad, de la forma de vida de la población rural, el desarrollo de una masa vegetal en terreno degradado que es aún más combustible que la quemada, zonas expuestas a la erosión y sin capacidad de frenar avenidas e inundaciones, así como un coste de restauración que llega a suponer, por hectárea, el doble que el de extinción de un fuego.
“Los 400 millones de euros que costará restaurar un solo incendio como el de Niebla (Huelva) es más de 10 veces la inversión ejecutada en prevención en Andalucía y supera el gasto del Infoca este año”, resume Sánchez, quien reclama un nuevo modelo de gestión para el que ofrecen el conocimiento de los ingenieros, técnicos, agentes medioambientales, profesores universitarios e investigadores integrados en AFA.
Ningún responsable del Infoca respondió a las peticiones de información. Solo fuentes de la consejería de Sanz, responsable de la EMA, atribuyeron el balance negativo a que este año “ha sido el peor en España e incluso en otras zonas de Europa” en relación con los incendios. Destacan que las intensas lluvias de otoño e invierno generaron muchísimo combustible y fueron seguidas de prolongadas y sucesivas olas de calor.
Sin embargo, el verano de 2025 también alcanzó registros de calor históricos y el balance de hectáreas arrasadas, con un 5% menos de gasto, fue de 6.327 hectáreas, 52.000 menos que este año. La campaña de 2022, considerada entonces “la más exigente desde que se creó el Infoca”, acabó con 15.564,71 hectáreas quemadas.