Eran las 10:30 de la mañana de un domingo reciente y, en Lima, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) había sobrepasado su capacidad de aforo. Los guardias, un tanto nerviosos, trataban de contener a la multitud de adultos mayores, adultos, pero sobre todo jóvenes que se habían reunido para recorrer las salas del lugar bajo la guía del sociólogo e historiador Guillermo Nugent, una actividad convocada por la diputada del Partido del Buen Gobierno, Rossana Alayza. Si alguien hacía un poco de bulla, otros emitían unos firmes “shhh” “shhh”. La gente quería escuchar.
No es que el LUM —el lugar dedicado a la conmemoración y aprendizaje sobre el periodo de la violencia entre 1980 y el año 2000 en Perú— sea un páramo sin visitantes, pero esa mañana era distinta. Días antes, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, había propuesto, a través de una carta firmada por un par de decenas de excongresistas, exministros y otras personalidades, que la dirección del LUM pasase a su cartera. En resumen, porque hoy su “sentido pedagógico está completamente restringido por acción de elementos con rasgos ideologizados”.
El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, respondió escuetamente que esta era “la opinión del ministro” de Justicia y que el “museo” al que hacía referencia pertenecía al sector de la cultura. Días más tardes declaró que, si bien no hay intenciones de cerrarlo, había que hacer cambios en él, pues era “un punto de desencuentro, desunión y de permanente enfrentamiento entre los peruanos”.
La profusa visita al LUM y las discordias en torno a este espacio se enmarcan, además, en un asunto mayor que ha sido nombrado, discutido y temido desde incluso antes que la presidenta Keiko Fujimori asumiera el cargo: la posibilidad de la reescritura de la historia.
¿De qué se habla cuando se habla de la reescritura de la historia en el Perú de hoy?
Para el politólogo José Alejandro Godoy, autor de un par de libros sobre el clan Fujimori, tiene que ver con dos periodos que se intersecan. Uno es, ciertamente, el periodo del conflicto armado interno de 1980 al año 2000 y las acciones de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El otro es la década del régimen de Alberto Fujimori, condenado por delitos de corrupción y de violación de los derechos humanos.
La lectura sobre estos acontecimientos que defiende cierto sector de derecha y conservador, señaló Godoy, no es aquella amplia y compleja que propone la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en su informe final (para el cual, entre otras tantas acciones, se visitaron 129 provincias y 509 distritos del Perú, muchas de ellas, las más vulneradas y vulnerables). Una lectura en la que se reconoce y condena los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por los grupos terroristas, pero también los perpetrados por los agentes del Estado. Para dicho sector, el Estado dirigido por Alberto Fujimori venció el terrorismo y, por lo tanto, hizo ante todo el bien. Criticar sus acciones o compararlas con las de los terroristas es, prácticamente, vejatorio e indecoroso.
Esta versión parcial, por supuesto, también es defendida por los partidarios de Alberto Fujimori y los miembros del partido Fuerza Popular, cuya lideresa, Keiko Fujimori, ahora gobierna el país. Y aunque ella desde hace un tiempo no se pronuncia al respecto, su silencio más bien parece ser una suerte de equidistancia propicia que no la indispone, sobre todo ahora que casi la mitad del país no la apoya.
Guillermo Nugent, que al final de su visita guiada por el LUM estuvo conversando con varios jóvenes por largo rato, explicó que la “idea de reescribir la historia siempre ha sido un instrumento de poder”. En Perú, no es una maniobra desconocida ni mucho menos. Uno de sus ejemplos más antiguos, dijo Nugent, podría ser cuando el virrey Francisco de Toledo le encargó a Pedro Sarmiento de Gamboa escribir la historia de los incas como la de unos tiranos sanguinarios, para justificar y legitimar la conquista española.
Por otro lado, la administración de la memoria también es ansiada por las clases dominantes, señaló Nugent. Pero la memoria, al ser un recuento o reconstrucción de los hechos, resulta plástica y más pasible de modificación.
En cualquiera de los casos, eventos tan intrincados necesitan de reflexión y esta, según el sociólogo e historiador, nunca es plana. Puede ser incluso contradictoria. “Si hay reflexiones, hay una cosa heterogénea”, dijo. Habrá distintos puntos de vista y estos son “saludables para nuestra cultura pública”, para acostumbrarnos a la diversidad.
En eso coincide Godoy. Los eventos traumáticos de una sociedad siempre traen tensiones relacionadas con cómo los recordarnos. Hay distintos tipos de memoria, dijo Godoy, porque, para empezar, hay distintos lugares de enunciación de las víctimas. “Puedes tener una memoria desde distintas regiones, desde distintos tipos de víctima y de distintos tipos de perpetrador”, dijo.
Precisamente por eso es importante recordar que, en cuanto al conflicto armado interno, la CVR no solo recogió los testimonios de las víctimas, sino que también escuchó la versión de distintos miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Hay que “recordar que estos no han sido procesos aislados; han sido procesos participativos donde han estado involucrados las Fuerzas Armadas y las víctimas”, dijo Vanessa Cuentas, coordinadora de Incidencia de Amnistía Internacional Perú. “No han sido espacios donde no se haya dado la oportunidad de escuchar otras voces”.
Por supuesto, la propensión a controlar el relato del pasado violento no es una novedad en la región. Movimientos similares se están viendo en Chile y Argentina con José Antonio Kast y Javier Milei, respectivamente. Y si bien es cierto que el reacomodo del pasado no solo lo ejerce la derecha, en América Latina, los gobiernos derechistas, que a estas alturas ya son mayoría, sí están especialmente interesados en hacerlo.
En Perú no solo está la reinterpretación de la época de la violencia política y del régimen de Alberto Fujimori. También existe la negación del pasado más reciente a través de la indiferencia y/o la defensa de los más de 50 asesinatos cometidos por la Policía y las Fuerzas Armadas durante las protestas de los gobiernos de Manuel Merino, Dina Boluarte y José Jerí.
Rossana Alayza, desde que comenzó como diputada, se ha reunido con las víctimas del conflicto armado interno, así como las víctimas de las más recientes protestas. En sus testimonios dijo haber reconocido cómo aún persiste el sentimiento perenne del vivir en la impunidad y el agotamiento ante la espera por la justicia.
Ahora bien, la reciente visita guiada al LUM que ella impulsó no era precisamente una respuesta al desencuentro de los ministerios, según dijo. La convocatoria, señaló, fue pensada desde antes. Pero su éxito quizá sí tuvo que ver con la coyuntura actual, que despierta en un sector de la población cierto ímpetu de protección de lo que se entiende como memoria.
Para Alayza, el éxito de iniciativa demuestra “la necesidad que tienen los ciudadanos por estos espacios”, que lejos de ser lugares de desunión o conflicto, como afirmó Beingolea, pueden llegar a ser unificadores.