Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley para crear el Consorcio de Inversiones entre el Gobierno central y la Generalitat para garantizar una subida en el porcentaje de la ejecución de las obras. El anuncio, vía nota de prensa, llega el mismo día en que el Ejecutivo de Salvador Illa aprueba de manera inicial el proyecto de Presupuestos para este año. Para que esas cuentas salgan adelante en el Parlament son necesarios los votos de los republicanos, que rechazan esa posibilidad porque no hay avances en la cesión del IRPF.
El Consorcio es uno de los puntos del acuerdo de investidura de Illa, firmado entre el PSC y ERC. Su creación había sido puesta sobre la mesa en los últimos días, justo cuando ambas partes también intentaban cerrar el acuerdo sobre la cesión del IRPF. En las filas republicanas insisten en que no se trata de un sucedáneo del punto sobre la recaudación y el propio jefe de filas, Oriol Junqueras, había dicho que esperaba que el no a las cuentas no torpedeada el instrumento con que buscan poner fin a los déficits estructurales acumulados en Cataluña.
La iniciativa, según ERC, fija un plazo máximo de nueve meses para constituir el consorcio, después de ser aprobado. Su actividad debería comenzar antes del 1 de enero y se da un un plazo de doce meses adicionales para crear la sociedad mercantil. El ente sería paritario entre la Administración General del Estado —a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible— y la Generalitat.
Entre sus funciones estarían la elaboración de un Plan Plurianual de Inversiones, realizar el seguimiento y control de la ejecución, coordinar a los entes estatales inversores e impulsar medidas correctoras cuando los plazos o los niveles de ejecución no se ajusten a lo acordado.
Fuentes de Esquerra Republicana han negado que la decisión de registrar la proposición de ley coincidiendo con la aprobación inicial de los Presupuestos sea una vía de presión. Esas mismas voces aseguran que había un acuerdo con ambos ministerios para llevar el texto en el Congreso este mes.
Junts per Catalunya, cuyo voto es necesario en las Cortes para que salga adelante la votación, ha insistido en que se aplique un precepto del Estatut que el Tribunal Constitucional no aceptó: que si no se ejecutan las inversiones, se transfiera el dinero a la Generalitat. “La gente está harta de empresas mixtas y de que le mareen la perdiz. Lo que hace falta es que el Estado pague”, ha dicho el portavoz Salvador Vergés, que ve en el consorcio una manera de colectivizar los incumplimientos con Cataluña.