Desde que la Administración Trump lanzó su campaña de combate contra las drogas y el narcotráfico, ha puesto en su lista negra a empresarios, abogados, casinos, bancos y hasta músicos por presuntos vínculos con las organizaciones criminales que provienen de México. A partir de la declaración de varios carteles mexicanos como organizaciones terroristas, que se materializó en febrero de 2025, se han vuelto constantes las sanciones contra miembros y colaboradores de estas agrupaciones delictivas por parte del Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). En su comunicado más reciente, en el que señala a dos casinos de presuntos nexos con un entramado de tráfico de fentanilo y el blanqueo de dinero en Tamaulipas, ha incluido a Raymundo Ramos, un activista polémico y director de la única organización de derechos humanos en ese Estado, que se ha granjeado una reputación de hombre incómodo por sus denuncias contra las malas prácticas del Ejército y la Armada, entre ellas casos de desapariciones forzadas, ejecuciones y uso excesivo de la fuerza.
La OFAC afirma que Ramos está asociado al Cartel del Noreste (CDN) y que lidera la campaña de desinformación de esta agrupación criminal contra las autoridades mexicanas, haciéndose pasar por un activista de “derechos humanos”. “Bajo el pretexto del activismo, Ramos defiende exclusivamente a miembros violentos del cartel, presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que participen en protestas y protegiendo la reputación de sus miembros caídos o arrestados”, recoge la acusación estadounidense. El comunicado no señala en qué basa sus acusaciones.
Ramos no ha salido a desmentir nada personalmente, pero sí lo ha hecho el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A. C., ONG que preside desde hace más de 20 años. En un comunicado han señalado que el lenguaje del comunicado de la OFAC es “atípico”, además de “tendencioso e inusual” en documentos de sanciones, especialmente en comparación con estándares previos a la era Trump. “Sugiere una descalificación directa de su trabajo como defensor de derechos humanos”, detalla la misiva.
Las quejas y amenazas contra Ramos no son nuevas. Se remontan a por lo menos una década atrás. Sus denuncias de desapariciones forzadas en 2018, cuando su organización documentó más de 50 casos de personas desaparecidas entre enero y mayo de ese año, a manos de la Armada, lo pusieron en el centro de una campaña que difundía información personal de él, su esposa y sus hijas en redes sociales, tratando de relacionarlas con diferentes grupos del crimen organizado. La campaña de desprestigio en ese entonces no se quedó solo en Tamaulipas, tuvo repercusión a nivel nacional. Una nota periodística de un diario de circulación en todo el país publicó que Los Zetas, cuyas facciones evolucionaron hacia lo que hoy se conoce como el Cartel del Noreste, pagaban a Ramos para promover denuncias en contra de la Marina.
“Como empleado de esta organización delictiva, Ramos participa en estas actividades con el objetivo de mejorar la opinión pública sobre el CDN y desacredita las iniciativas de las autoridades mexicanas contra el cartel. Ramos ha apoyado al CDN en esta función durante más de una década”, agrega el documento reciente de la OFAC.
El comunicado de su ONG explica que la narrativa en contra de Ramos es de vieja data: “Ninguna de las acusaciones ha sido comprobada hasta la fecha. […] Raymundo ha denunciado casos de gran gravedad sobre la participación de miembros de las fuerzas armadas en violaciones graves, y, hasta ahora, en ninguno de esos casos se ha determinado que sus denuncias sean falsas. […] Las afirmaciones del documento lo ponen en una situación de riesgo como defensor de derechos humanos previamente amenazado”.
En octubre de 2022, Ramos, junto a los periodistas Ricardo Raphael y Daniel Moreno, denunció al Ejército por haber intervenido su celular con el malware de espionaje Pegasus. Una investigación de los medios Animal Político y Proceso confirmó que el defensor de derechos humanos fue espiado a través de su dispositivo con el mencionado programa con el objetivo de proporcionar a la Policía Ministerial Militar información para desprestigiarlo, acusándolo, sin pruebas, de tener nexos con el CDN.
Una investigación de la organización R3D, publicada en 2023, reveló dos puntos cruciales: que el Ejército cuenta con un área de inteligencia especializada en el uso de Pegasus y que el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, estaba al tanto de la utilización del programa espía en contra de Ramos.
La ONG que preside el activista ha insinuado que la redacción del documento de la OFAC, particularmente las líneas “Ramos defiende exclusivamente a los miembros violentos de los cárteles presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano”, puede interpretarse como “una exoneración implícita del Ejército mexicano y un posible gesto político o concesión hacia la Sedena”. Además, recalca, es un reflejo del “alcance de las Fuerzas Armadas en espacios de inteligencia y cooperación bilateral y la debilidad de las instituciones civiles de seguridad frente al poder militar”.
Tamaulipas es un inmenso territorio en la frontera con Estados Unidos que se ha convertido en una más de las zonas de silencio en México. Ante la presencia del crimen organizado y del Ejército, las pocas ONG que persisten, así como periodistas y algunos políticos han ido poco a poco apagando su voz por miedo a las represalias.