Francisco Garduño, exdirector del Instituto Nacional de Migración (INM) y ahora director general de los Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, llega este martes a una nueva audiencia en Ciudad Juárez. La cita es parte de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por el incendio en la Estación Migratoria en que murieron 40 personas y resultaron heridas otras 27 en marzo de 2023. La cita llega ante la creciente inconformidad de los sobrevivientes, familiares de las víctimas, sus defensas y organizaciones civiles que denuncian presión por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para cerrar el caso.
“Este proceso es una burla para las familias, no han reparado en ningún aspecto. Los servicios no han sido cumplidos, no se han cubierto gastos médicos, ni de atención psicológica como se prometió, mucho menos hay justicia. Esto es un espectáculo político”, dice Cecilia Quiñonez, hermana de Juan Fernando Quiñonez, un joven de 26 años, originario de Guatemala. De acuerdo con la legislación, que marca que no se puede retener por más de 36 horas a los migrantes, Quiñonez debió salir de la Estación Migratoria por lo menos un día antes del incendio, y sin embargo, murió en aquella tragedia en la frontera con Estados Unidos.
El 17 de agosto de este año, las familias de las víctimas representadas por la CEAV recibieron el siguiente mensaje a través de WhatsApp: “Se informa que el 01 de septiembre de 2026, se llevará una audiencia en la causa penal, en la que se revisará si el imputado Francisco Garduño ha cumplido con las obligaciones impuestas por el Juez”. Entre esas obligaciones estaban tomar cursos de capacitación por todo el personal del INM, seguro de salud en México para las víctimas y haber cubierto los pagos de las reparaciones de los daños a las víctimas.
El mensaje añadía que “se conoce que ya fueron cumplidos estos puntos y que el Juez podría ya tener por cumplido para proceder a cerrar el proceso de la causa penal”. El mensaje fue enviado por quien, apenas en ese momento supieron, era su abogado por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Daniel Canela Jiménez. La última parte del mensaje, el anuncio del probable cierre del caso, cayó como un balde de agua fría sobre los familiares. Este diario buscó la versión del abogado Canela, pero no obtuvo respuesta.
“Que este señor Garduño enfrente su responsabilidad penal es lo mínimo que pedimos. Él tenía bajo su cargo la integridad de nuestros familiares. Espero que el juez nos escuche, que vea que se están aprovechando de nuestro dolor y que lo que están tratando de hacer es indignante”, añade Quiñonez. Francisco Garduño también fue consultado sin respuesta para este reportaje.
La presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró en la conferencia del 26 de enero de este año que Garduño “siguió un proceso y salió en libertad, ya no está bajo proceso de ningún tipo”. Fue el preludio para justificar su nuevo nombramiento. Este martes, va a presentarse a la audiencia como funcionario de la SEP en un proceso que no ve final.
Son cinco causas penales abiertas y hay al menos tres amparos firmes (de 13 presentados) en espera de resolución, “La audiencia ni siquiera tiene lugar para existir jurídicamente”, explica Marcos Zavala, abogado de 19 de las víctimas del incendio a través de la organización civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) asentada en Ciudad Juárez. Que la CEAV plantee la posibilidad de cerrar el proceso es para el abogado “un fraude procesal”.
Los mandos más altos del INM que fueron vinculados a proceso, Francisco Garduño y Antonio Molina, quedaron sujetos por ejercicio indebido del servicio público. Ambos enfrentan el proceso en libertad. Antonio Molina, segundo al mando en el INM, estuvo prófugo y fue detenido apenas el 3 de junio, pero por otros delitos: delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Está en la cárcel, pero no por el incendio.
Los detenidos
Hasta ahora hay cuatro detenidos, los únicos que no pudieron enfrentar el proceso en libertad. Dos migrantes venezolanos que, además de imputados por homicidio, aparecen como víctimas en la lista de la CEAV. Un guardia de seguridad de una empresa privada que tenía un mes de conseguir el empleo, cuyo jefe se encuentra prófugo, y una agente del INM que trabajaba en la Estación Migratoria y que fue detenida intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos. “Lo que se está castigando es la pobreza”, dice el abogado Zavala, en referencia tanto a los migrantes como a los eslabones más bajos de una cadena de mando intacta hacia arriba.
Carlos Eduardo despertó en mayo de 2023 del estado de coma en que estuvo después del incendio. La noche del jueves 1 de junio, una decena de agentes de la FGR lo arrestaron en el cuarto del hotel en el que se encontraba bajo protección como víctima del incendio. Fue acusado de homicidio de 40 personas por iniciar el incendio de las colchonetas en la protesta que se llevó a cabo para inconformarse por la falta de alimento y agua así como el derecho a hacer una llamada. Estaba esa noche con su hermano Jordani, que grabó en un video el arresto de su hermano, esposado mientras aseguraba que era inocente.
“Desde entonces, a pesar de que ellos me trajeron (CEAV), quedé durmiendo en la calle. “Luego me dijeron que me fuera a mi país, que no tenía permiso para estar en México”, dice Jordani a través de una llamada desde algún lugar de Estados Unidos en el que se encuentra trabajando para mantener a su mamá, que está en Venezuela, y enviarle dinero a su hermano Carlos Eduardo, que sigue preso en el Centro de Reinserción Social en Ciudad Juárez, hace más de tres años, sin emitirle una sentencia, cuenta. “Yo quisiera tener dinero para pagar abogados como los del señor Garduño. Si hubieran abierto la puerta, nada de esto hubiera pasado”, dice Jordani.
Yarleny Leticia Velázquez tiene 22 años y una hija que va a cumplir cinco años. “El 26 de marzo ella cumplió un año y él 27 él falleció”, dice Yarleny sobre su hija y sobre su esposo, Elvis Adelmar Pérez Esteban, un joven de 23 años, originario de Guatemala, que murió encerrado. “Tenemos un representante legal, según. Que hasta ahora solo nos mandó un mensaje para decir que ya cumplieron con todo, aunque nosotras no tengamos nada”, dice sobre el mensaje que recibió por parte de la CEAV, al igual que Cecilia. Cuando se le pregunta si cree que alguien es responsable, responde: “Garduño principalmente, y los funcionarios que estaban ahí, los que tenían las llaves y no quisieron abrir”.
Los fuegos que no fueron
En Santa Cruz del Quiché, cada vez que uno de sus habitantes migra y logra llegar a Estados Unidos, el cielo se ilumina con fuegos artificiales y el pueblo se viste de fiesta. La mamá de Cruz Ernesto Chich, solo piensa en los fuegos que no se hicieron por su hijo, que nunca llegó. Se queda callada. Sin lágrimas y sin drama, exhorta en las luces en el cielo. “Pero yo sé que piensa en mi hermano, siempre piensa en él”, dice César David Chich. Cuando la mujer de casi 70 años llegó a la Ciudad de México para escuchar la disculpa pública que Garduño ofreció a las víctimas, no pudo entender casi nada, porque no habla español.
“Nos dejaron fuera a las comunidades indígenas”, dice César David. Con todo esto pendiente, llega Garduño a una audiencia de la que espera salir absuelto mientras las familias esperan justicia.