Tras 25 intensas jornadas de audiencia, el juicio oral por el asesinato de tres funcionarios de Carabineros —Misael Vidal Cid, Carlos Cisterna Navarro y Sergio Arévalo Lobos— ocurrido en abril de 2024 concluyó su etapa de alegatos de clausura.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete fijó para el lunes la lectura del veredicto que determinará la responsabilidad de los cuatro acusados en el crimen: los hermanos Jefferson, Felipe y Tomás Antihuén Santi, y Nicolás Rivas Paillao.
El fiscal jefe de la investigación, Roberto Garrido, reafirmó la solicitud de las penas máximas contempladas en la legislación chilena.
El persecutor enfatizó que la naturaleza del ataque trasciende el homicidio, calificándolo como “un atentado no solo en contra de las personas de los carabineros, sino que también en contra de la institucionalidad y del Estado en su conjunto”.
Argumentos de la defensa
Por su parte, las defensas de los imputados centraron sus argumentos en la supuesta insuficiencia probatoria.
Marco Oñate, abogado defensor de Nicolás Rivas, sostuvo que el Ministerio Público no ha logrado acreditar que “el arma facilitada” por su representado “haya sido empleada en la muerte del único funcionario que fue abatido producto de un disparo de escopeta: don Carlos Cisterna Navarro”.
“Tampoco se ha podido probar el dolo, la intención directa de mi representado en matar o dar muerte con esta arma de fuego empleada por terceros a alguno o a los funcionarios de Carabineros que son víctimas en esta causa”, agregó.
El caso se remonta al 27 de abril de 2024, cuando los funcionarios policiales fueron emboscados y asesinados mientras realizaban patrullajes preventivos para verificar medidas cautelares en una zona rural de la comuna.
Posteriormente, los cuerpos y el vehículo institucional fueron calcinados por los atacantes, en un hecho que conmocionó a la opinión pública nacional.
La decisión del tribunal este lunes pondrá fin a uno de los procesos judiciales más emblemáticos de la Macrozona Sur, bajo un fuerte despliegue de seguridad y la expectativa de las familias de las víctimas y de la institución policial.