El Gobierno ratificó este jueves su disposición a flexibilizar la redacción del proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad que se tramita en el Senado, con el objetivo de asegurar herramientas clave contra la delincuencia organizada y la gestión penitenciaria.
La iniciativa, radicada en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, ha experimentado modificaciones en las conversaciones entre parlamentarios, proyectando la mantención de cerca del 50% de las disposiciones formuladas de manera inicial.
Frente a este escenario, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, descartó disputas de forma y recalcó que “no estamos enamorados de un texto, de si eran tantas palabras y queda la mitad, o de si eran tantos artículos y quedan menos”.
“Mientras se produzca el efecto de que Gendarmería sea quien segmenta en las cárceles por criterios de seguridad, o mientras se produzca el efecto que tengamos un listado de organizaciones criminales y que no tengamos que demostrar en cada juicio la existencia de esa organización, bienvenido sea“, puntualizó el secretario de Estado.
Las líneas rojas de la oposición
Tras varias semanas en pausa legislativa, el Ejecutivo planea reactivar la discusión después del receso de Fiestas Patrias, apostando a consolidar un entendimiento transversal entre el oficialismo y la oposición antes del término de septiembre.
Para el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (PPD), los representantes de la alianza de Gobierno en las conversaciones, Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos), “tratan de salvar los muebles y generar algún grado de consenso en algunos puntos de la reforma que pudieran tener viabilidad política”.
“En este sentido, he manifestado a ambos senadores que estamos disponibles a escuchar la propuesta que van a realizar, en la medida que se trate de un proyecto serio, que apunte a resolver problemas, y que no afecte los actuales estados de excepción constitucional“, remarcó el opositor.
A la vez, Araya admitió que de momento, los que los oficialistas plantean, “especialmente en tema de cárceles, es algo absolutamente razonable”.