En el tablero del sistema judicial guatemalteco hay teclas que no suenan a justicia, sino a impunidad. Son las que, desde hace años, presiona la fiscal general María Consuelo Porras Argueta, pieza central de un engranaje que ha vaciado de sentido al Ministerio Público y lo ha puesto al servicio de los poderosos. Los mismos que se resisten a que el país mire de frente sus heridas del pasado y que hoy traban los proyectos democráticos y de modernización del presidente Arévalo.
En beneficio de criminales
Nada simboliza mejor esa captura institucional que la reciente maniobra en el caso Diario Militar, el proceso judicial más emblemático de las investigaciones penales sobre los crímenes de Estado cometidos durante el conflicto armado interno (1960–1996).
Después de cuatro décadas de investigación, más de 7.000 medios de prueba, un centenar de testimonios de sobrevivientes y la recuperación de restos de personas desaparecidas en instalaciones militares, la Fiscalía de Derechos Humanos —bajo la tutela de Porras y dirigida por Noé Nehemías Rivera Vásquez— solicitó la “clausura provisional” del caso, procurando la impunidad.
Un acto abiertamente ilegal, contrario al propio expediente fiscal y en beneficio directo de los acusados de crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada y asesinato.
Un pacto de impunidad
Esa decisión no es un hecho aislado. Forma parte del pacto de impunidad que desde hace años protege a quienes —en uniforme o en toga— usaron al Estado para reprimir y desaparecer.
El Ministerio Público ha desoído las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan a Guatemala a investigar y sancionar a los responsables de esas atrocidades. En cambio, ha preferido perseguir a jueces, fiscales y periodistas que se atrevieron a tocar los intereses del poder.
Por eso, no sorprende que Consuelo Porras haya sido señalada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una de las funcionarias “que socavan los procesos democráticos y la lucha contra la corrupción”.
Claridad y valentía
Frente a este cuadro desolador, el reciente pronunciamiento del presidente Bernardo Arévalo marca un punto de inflexión.
Con claridad y valentía, ha denunciado la “degeneración moral y jurídica” del sistema judicial y exigido que las instituciones sirvan al pueblo, no a las élites del miedo.
Su mensaje no es retórico: es un llamado a rescatar la legitimidad del Estado frente a una justicia secuestrada por intereses corporativos y militares. Arévalo encarna una esperanza democrática que algunos actores dentro del poder judicial se intenta neutralizar.
La misma maquinaria que persiguió a Thelma Aldana, a Juan Francisco Sandoval y a los fiscales de la extinta que colaboraron con la CICIG ahora busca blindarse antes de que el cambio político la desmonte.
De ahí la urgencia de desmontar las “teclas corruptas” del sistema judicial: las fiscalías cooptadas, las cortes colonizadas, los jueces del miedo.
La memoria y el futuro
Guatemala necesita reconciliarse; pero no con el olvido, sino con la verdad.
Las organizaciones de víctimas —FAMDEGUA, GAM, CALDH, UDEFEGUA— lo recordaron esta semana con dignidad: su lucha de más de cuarenta años no puede ser enterrada por la desidia o la complicidad de los fiscales.
El cierre del caso Diario Militar no solo ofende a las víctimas; insulta al país entero y al derecho internacional. y desacata la sentencia de la Corte Interamericana del 2012 que ordena investigar, juzgar y sancionar. No es solo un atropello a las víctimas: es una afrenta al Estado de Derecho.
El mandato de Porras concluye en ocho meses.
El desafío del gobierno democrático de Arévalo será garantizar que ese final no sea la simple rotación de nombres, sino el principio de una reconstrucción moral de la justicia guatemalteca. Las instituciones democráticas de Guatemala seguro encontrarán la forma de articularse por la justicia y la transparencia respaldando el uso que decida hacer el presidente Arévalo de su derecho a solicitarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que inste a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que puede dictar fallos de obligatorio cumplimiento)
Solo entonces, el país dejará de tocar las notas de la impunidad y podrá, por fin, escuchar la música de la justicia. Arévalo tiene en sus manos una herramienta constitucional poderosa.
La Ley Orgánica del Ministerio Público autoriza al presidente a iniciar la remoción de la fiscal general cuando existan faltas graves o actuaciones contrarias a los intereses de la nación. El procedimiento exige el voto del Consejo del Ministerio Público, pero si este —controlado por Porras— “mira hacia otro lado”, el Ejecutivo puede recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando que esta pida a la Corte Interamericana medidas provisionales ordenando al Estado, a su vez, cesar a Porras, garantizar la independencia de la fiscalía y proteger el proceso judicial. Es decir, hay cauces institucionales disponibles.
En Guatemala, la impunidad ha tenido nombre y rostro durante demasiado tiempo. Si la comunidad internacional guarda silencio, volverán los fantasmas de un pasado que se resiste a morir. El presidente Arévalo ha hecho su parte: ha nombrado las cosas por su nombre. Ahora le toca dar un paso adicional e importante actuar —con la Constitución en la mano y con el sistema interamericano— para que la justicia deje de ser rehén de quienes le temen.