El reciente anuncio del ministro de Vivienda, Iván Poduje, sobre proyectos de integración social en comunas como Las Condes, La Reina, Lo Barnechea y Peñalolén vuelve a tensionar un debate que Chile conoce bien. No es una política completamente nueva, pero sí llega en un momento distinto, con mayor presión social, más evidencia acumulada y una pregunta cada vez más ineludible ¿Quién puede hoy acceder a vivir en barrios donde realmente existen oportunidades?
Durante años la política habitacional chilena logró avanzar en una dimensión clave, reduciendo el déficit de viviendas. Hoy ese déficit sigue siendo significativo y supera las 490 mil viviendas según el Censo 2024, pero el problema se ha vuelto más complejo ya que no es solo cuántas soluciones faltan, sino dónde están y qué tipo de vida permiten construir y proyectar.
Esa lógica no es neutra y ha exacerbado las diferencias entre barrios y comunas, profundizando una segregación que no solo es territorial, sino también social y de oportunidades. Mientras algunos sectores concentran acceso a transporte, áreas verdes, servicios y empleo, otros siguen creciendo en condiciones de desconexión. Y esa brecha no es casual, es el resultado de decisiones acumuladas en el tiempo.
Hoy, sin embargo, el contexto es distinto. Chile cuenta con más herramientas que nunca para enfrentar este desafío, existen nuevos marcos regulatorios, planes como Ciudades Justas, instrumentos de planificación más ágiles y una creciente articulación entre actores públicos y privados. También hay una mayor comprensión de que la vivienda debe pensarse junto con el entorno urbano, no después.
Pero quizás el cambio más relevante es otro, la evidencia de que sí es posible hacer las cosas de manera distinta. Proyectos como Ciudad Parque Bicentenario en Cerrillos o estudios que proponen un desarrollo orientado al transporte muestran que es posible avanzar hacia modelos más integrados, donde la vivienda se articula con el espacio público, la movilidad y los servicios. Existen ya propuestas concretas, como la idea de desarrollar vivienda en torno a estaciones de la red de Metro o los nuevos proyectos ferroviarios, que permitirían acercar oportunidades a miles de familias.
El punto crítico entonces ya no es solo técnico, sino también de decisión ¿Estamos dispuestos a invertir en suelo mejor ubicado, aunque sea más caro? ¿A asumir que la integración social requiere intervenir en zonas de alto valor urbano? ¿A entender que la planificación no puede seguir reproduciendo la expansión periférica como única respuesta?
Porque el problema no es abstracto y, por ejemplo, en comunas como Lo Barnechea, cerca de 1.500 familias forman parte del déficit habitacional, muchas de ellas en condiciones de allegamiento o hacinamiento. En Las Condes, la cifra es incluso mayor, y en Providencia supera las 2.500 familias. No son casos aislados, son vecinos que ya viven en esos territorios, pero sin acceso a condiciones adecuadas de vivienda.
Ahí aparece otro fenómeno que ha permanecido relativamente oculto, el hacinamiento. Un “drama silencioso” que no siempre se refleja en las estadísticas más visibles, pero que impacta directamente en la calidad de vida, la salud mental y las trayectorias de desarrollo de miles de familias.
A nivel internacional, esta discusión no solo está instalada, sino que ha derivado en políticas concretas. Ciudades como Viena han construido, durante décadas, un modelo donde la vivienda asequible forma parte estructural de la ciudad, con una fuerte presencia de vivienda pública y subsidiada distribuida en distintos barrios. Nueva York, por su parte, ha avanzado en mecanismos de ‘Mandatory Inclusionary Housing’, que obligan a incorporar porcentajes de vivienda asequible en nuevos desarrollos inmobiliarios. Lo mismo ocurre en otros territorios de Estados Unidos, donde programas como el de Montgomery County han demostrado que es posible integrar vivienda social en proyectos privados a gran escala.
En América Latina, Bogotá comienza a transitar por un camino similar, impulsando desarrollos urbanos mixtos que combinan vivienda, áreas verdes, comercio y conectividad. No se trata solo de construir más, sino de construir mejor ciudad.
Estos ejemplos tienen un punto en común, entienden que la vivienda social no puede seguir concentrándose en la periferia ni depender exclusivamente del Estado. La integración social no es un efecto colateral del crecimiento urbano, es una decisión de política pública que requiere instrumentos, incentivos y, sobre todo, voluntad.
Chile está hoy en un punto de inflexión similar. Tiene los instrumentos, la experiencia acumulada y las oportunidades territoriales para avanzar. Lo que falta es dar el paso político y cultural de asumir que la vivienda social no puede seguir siendo abordada como un problema periférico.