Japón acaba de reformar su Código Civil para que ambos progenitores puedan compartir la autoridad sobre sus hijos tras el divorcio. Una ley que llega tarde para algunos, demasiado pronto para otros y sin las garantías necesarias para los más vulnerables.
La reforma, promulgada en 2024 y en vigor desde el 1 de abril, permite a ambos progenitores decidir conjuntamente el domicilio, la escuela, las intervenciones médicas importantes y el patrimonio de los hijos. Las decisiones cotidianas —alimentación, vacunas, actividades extraescolares— las podrá tomar uno solo.
El Ministerio de Justicia de Japón declaró que la reforma tiene como objetivo “situar el interés superior del menor en el centro de los acuerdos tras el divorcio”.
Aunque introduce ayudas económicas, la enmienda ha sido recibida con cautela por colectivos de madres divorciadas, pues abre la puerta al reencuentro de víctimas de violencia doméstica con sus agresores.
“La custodia compartida es necesaria como opción, pero en Japón no existen mecanismos que disipen la ansiedad de las madres solteras”, dice a EL PAÍS por correo electrónico Yuka Sano, portavoz de la Asociación para el Apoyo de las Madres Solteras de Japón, grupo civil que colabora con gobiernos regionales en programas de apoyo a familias monoparentales.
“La violencia explícita es fácil de reconocer, pero el miedo y la angustia se acumulan y crecen con el tiempo. Una misma palabra dicha al principio de la relación tiene un significado completamente distinto al que tendrá años después”, afirma la portavoz.
Según las estadísticas oficiales de 2023, de los 183.814 divorcios registrados ese año en Japón, el 51,4% implicaban a hijos menores.
Cerca del 30% de los hogares de madres solas mantiene acuerdos efectivos de visitas regulares del padre, mientras que en los hogares encabezados por padres solos, el 48% sigue en contacto con la madre.
La ley de custodia había sido modernizada en 1947 por las fuerzas de ocupación estadounidenses cuando abolieron la supremacía patriarcal que otorgaba en exclusiva al padre varón la autoridad parental. Pero al mantener la custodia exclusiva a uno de los padres, la ley contribuyó a extender el llamado “secuestro parental”, un fenómeno que cobró visibilidad en los medios de comunicación nipones este siglo por los casos de progenitores extranjeros que protestaron con medidas extremas, como huelgas de hambre.
Algunos países del G7 ejercieron presión política sobre Japón, el único miembro de ese grupo de naciones industrializadas que no tenía ley para la custodia compartida.
El caso más visible fue el de Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, abordó el tema en varias visitas a Japón, una de ellas en 2021 para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. En su reunión con el entonces primer ministro Yoshihide Suga, Macron citó el caso de Vincent Fichot, ciudadano francés que inició una huelga de hambre cerca del estadio olímpico de Tokio para protestar por lo que llamó “secuestro” en 2018 por parte de su esposa japonesa de sus dos hijos, de tres años y once meses.
La experiencia de Fichot, cuyo intenso activismo incluyó la creación de una aplicación digital para ayudar a reunir familias distanciadas, se evoca en la película Una hija en Tokio (2024), dirigida por el cineasta belga Guillaume Senez. El largometraje narra la historia de un taxista francés que busca a su hija mitad japonesa y la encuentra justo cuando está a punto de regresar a Francia después de nueve años sin verla. En la película se recrean las reuniones de padres y madres extranjeros y japoneses que han perdido contacto con sus hijos y buscan apoyo en organizaciones de voluntarios.
Uno de estos grupos es la ONG Kizuna (Lazos, en japonés), fundada en 2013 por John Gomez (sin acento), norteamericano que, a través de la investigación para la búsqueda de su hija, conoció lo que denomina “la infraestructura social japonesa de las separaciones”, desde trabajadores sociales, maestros y tribunales de familia hasta centros de detención.
En una videollamada, Gomez subraya que la reforma que acaba de entrar en vigor no es obligatoria y advierte que “puede crear la falsa ilusión de que es una oportunidad para la custodia compartida”. “Muchos padres pueden gastar tiempo y dinero en abogados para intentar obtenerla y fracasar en última instancia. Si la otra parte no coopera, al final no se consigue”, afirma.
Agrega que en sus repetidos viajes a Washington durante la administración de Obama trabajó con congresistas americanos para ejercer presión sobre el gobierno japonés para que firmara la Convención de La Haya sobre la Sustracción Internacional de Menores en 2014. Gomez descarta la noción de injerencia extranjera y señala que “hay incontables padres japoneses que han perdido el contacto con sus hijos y están consternados con su propio sistema”.
El asesor, que ha dictado conferencias sobre la legislación parental nipona en foros internacionales y prefiere la expresión “pérdida de acceso después del divorcio” a “secuestro parental”, ha orientado a padres y madres de diferentes nacionalidades, incluidos españoles.
Uno de ellos es Juan José Eslava, compositor navarro de música experimental, cuyos hijos de 18 y 22 años viven en Tokio desde 2012 con su madre japonesa. “Aunque en mi caso ha llegado tarde, la medida es muy positiva porque fomentará acuerdos”, dice desde Pamplona.
Un juzgado navarro otorgó la custodia a la madre y autorizó el traslado de los niños a un país que entonces no reconocía ese derecho ni había suscrito la Convención de La Haya. “Los juzgados españoles privaron a dos menores de sus derechos y dejaron sus vínculos familiares al arbitrio de la voluntad de la madre”, dice Eslava, quien añade que al serle denegada la custodia compartida “dejé de existir legalmente como padre en Japón”.
Para Sano, la portavoz de las madres divorciadas, Japón aún no está preparado para recibir la reforma. “Cuando la autonomía de las mujeres japonesas sea algo natural y habitual en la sociedad, nuestra asociación dejará de ser necesaria y la custodia compartida podría existir como una opción más”, concluye.