Cientos de miles de judíos ultraortodoxos tienen previsto concentrarse contra su alistamiento militar este jueves en Jerusalén, que ha cerrado ya su única estación de tren y el acceso a la carretera hacia Tel Aviv en anticipo de una protesta sin precedentes en una década.
Técnicamente, es un rezo y una recitación colectiva de salmos en apoyo al estudio de la Torá. Es decir, a cómo los judíos ultraortodoxos entienden que contribuyen a proteger a Israel, en vez de colgarse el uniforme militar al cumplir 18 años, como hace obligatoriamente el resto de sus conciudadanos judíos. Durante 32 meses, los hombres; y 24, las mujeres. Tampoco participan en la reserva castrense, que puede extenderse hasta los 49 años.
La protesta es, sobre todo, una demostración de fuerza contra el alistamiento en la que participarán casi todas las ramas del judaísmo ultraortodoxo, a menudo enfrentadas. Jasídicos, lituanos y sefardíes se han sumado. Solo la boicotea la más radical facción jerosolimitana. Precisamente por las divergencias internas sobre la estrategia a seguir, no habrá discursos ni escenario, y los grupos estarán organizados en función de su rabino o líder espiritual. La presencia de mujeres se prevé anecdótica.
Los autobuses urbanos no pueden salir ya de la estación central y el tranvía ha interrumpido parte de su trayecto. Los organizadores la han bautizado como “la marcha del millón”. Es aproximadamente el número total de ultraortodoxos en Israel, donde suponen un 13% de la población (diez millones).
Aunque la convocatoria es extraordinaria, la exención militar de los ultraortodoxos es un asunto muy sensible en el país que colea desde hace décadas. La chispa que lo ha encendido ahora es el aumento desde el verano de los arrestos por ignorar órdenes de reclutamiento. Superan los 870, un 7% de los casi 7.000 declarados insumisos. La semana pasada, podían verse en Mea Shearim, el barrio ultraortodoxo por excelencia de Jerusalén, manifestaciones de cólera por una de las detenciones. También ha calentado los ánimos la filtración de un nuevo proyecto de ley de alistamiento que no contenta prácticamente a nadie y que ha dividido al Likud, el partido de Benjamín Netanyahu.
El primer ministro necesita a los dos partidos ultraortodoxos, Judaísmo Unido de la Torá y Shas, para mantener en pie la coalición que forjó tras las elecciones de 2022 y que incluye también a la ultraderecha. Ambas formaciones, presionadas también por sus bases y con diferencias internas, vienen haciendo equilibrismos para teatralizar su enfado. El primero abandonó en julio el Gobierno, pero siguen votando con él. Y la semana pasada, los altos cargos ministeriales de Shas dimitieron de sus puestos en el Parlamento, pero se han quedado en la coalición.
Polémica
Netanyahu viene ganando tiempo —su especialidad— para mantenerse en el poder sin aprobar una ley de reclutamiento, por la que presionan tanto colectivos de reservistas, como una parte de su partido y sus socios del nacionalismo religioso, cuyos votantes se proponen con entusiasmo para las unidades de combate. Netanyahu defenestró de hecho al entonces presidente del comité parlamentario de Exteriores y Defensa, Yuli Edelstein, también del Likud, por su rechazo a exonerar retroactivamente a miles de ultraortodoxos insumisos.
Pero algo tiene que hacer. El año pasado, el Tribunal Supremo dictaminó por unanimidad que el Gobierno está obligado a alistar a los ultraortodoxos y dejar de financiar a las yeshivot (seminarios religiosos) en las que estudian. Su exención del servicio militar, argumentó, carece de marco legal y “genera una discriminación grave” respecto a quienes sí sirven.
Ahora le toca la patata caliente a Boaz Bismuth, otro diputado del Likud. Ha prometido una propuesta que “respete a los estudiosos de la Torá” y “equilibre” dedicación a los textos religiosos y servicio militar. Pero la ley de exención deberá pasar el filtro del Supremo, que ya tumbó otra en 2002 por discriminar a quienes sí sirven.
La invasión de Gaza ha vuelto a recrudecer la polémica, con cientos de miles de soldados y reservistas movilizados (a menudo, una y otra vez) en Gaza, Cisjordania, Líbano o Siria. En la calle, los medios de comunicación y las redes sociales es aún más palpable la sensación de que los ultraortodoxos siempre acaban librándose, por integrar casi siempre los últimos ejecutivos, de aportar —fiscal, social o militarmente— al Estado. Es lo que llaman en las protestas “la igualdad en la carga”. Una organización de reservistas militares ha convocado para primera hora de la tarde una contramanifestación para pedir una “auténtica ley de alistamiento”.
La oposición, además, viene haciendo bandera del asunto, con un discurso de criminalización de los ultraortodoxos que cala en amplias capas de la sociedad y en el que dibuja a Netanyahu como rehén de sus socios ultraortodoxos.
De hecho, el líder de la oposición, Yair Lapid, lanzó este lunes una polémica y antidemocrática propuesta que refleja cuánto toca la fibra la exención al centro-izquierda sionista, que se autodefine como liberal y a menudo secular y tiene Tel Aviv y sus alrededores como epicentro. En un evento parlamentario del partido que preside, Yesh Atid, Lapid prometió que —si vuelve a ser primer ministro— habrá una “ley simple”: “Quien no acuda [al llamamiento a filas] no irá a las urnas. Quien no se aliste, no votarán en las elecciones […] Diremos a los ultraortodoxos: no es contra vosotros, no es un castigo. Al contrario, es una invitación a ser parte de la historia israelí, de nuestro destino común, de un país donde todos tienen las mismas obligaciones. Si no, no tendrán los mismos derechos”, agregó.
Su excepción se remonta al nacimiento del Estado, en 1948. Su padre fundador, el secular David Ben Gurión, la pactó con sus líderes cuando apenas afectaba a 400 estudiantes y suponían apenas el 5% de la población. Hoy, son el 13% y, con casi siete hijos de media, llegarán al 32% en 2065, según las proyecciones de la Oficina Central de Estadísticas. La exención se extiende también a un colectivo más amplio: los palestinos con ciudadanía israelí. Son un quinto de la población del país, pero el consenso sobre su estatus (por uno y otro lado) es infinitamente más amplio.