Urdabai es la pequeña Doñana vasca. Es una joya natural que la Unesco elevó en 1984 a la categoría de reserva de la biosfera, la única existente en el País Vasco. Este paraje de Bizkaia está protegido por un régimen jurídico recogido en una ley del Parlamento vasco aprobada por unanimidad en 1989. En esta privilegiada localización situada a unos 40 kilómetros de Bilbao, el Guggenheim Bilbao tiene proyectado expandirse con la construcción de un museo con dos sedes, una en Gernika y otra en Murueta, unidas por una senda y una pasarela de casi seis kilómetros en total. El plan ha puesto en pie de guerra a una gran parte de la ciudadanía y a los ecologistas, que se han opuesto frontalmente a la ocupación del Urdaibai por el daño ecológico irreversible que aseguran que esas instalaciones culturales causarían a un ecosistema único. El patronato del Guggenheim se reunirá este próximo martes para decidir si sigue adelante con el proyecto museístico o le da carpetazo. “Salvo sorpresa de última hora”, aseguran fuentes conocedoras del proceso, “todo apunta a la paralización del proyecto”.
En Urdaibai, la defensa de la naturaleza va camino de imponerse finalmente sobre la cultura. La decisión está en manos del Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia y The Solomon R. Guggenheim Foundation, las tres entidades fundadoras que han impulsado el proyecto, y del resto de miembros del patronato. El entusiasmo y la insistencia con que las instituciones dirigidas por el PNV han defendido el Guggenheim en Urdaibai comienza a desinflarse. Lo que hace pocos meses era algo “irrenunciable”, ahora se ha puesto en solfa y puede derivar en la muerte dulce del desembarco del Guggenheim en la vega del río Oka.
Ramón Gezuraga, vecino de Murueta, no da crédito. Baja hasta el estuario y pide silencio. En ese momento solo se escucha el canto de los pájaros. “¿Qué te parece? Quieren construir un museo aquí“, dice señalando un territorio verde, ”y no se dan cuenta de que el museo ya existe. Urdaibai es un museo en sí mismo”. Gezuraga es uno de tantos lugareños que se opone frontalmente a las pretensiones “invasoras” del Guggenheim. “Se quieren cargar el mayor patrimonio natural de Euskadi”, añade. El descontento social es un clamor. La plataforma Guggenheim Urdaibai Stop ha conseguido canalizar todo el malestar ciudadano. Eider Gotxi, en nombre de esta asociación, pone en valor la fortaleza de una movilización que está consiguiendo poner freno a las aspiraciones políticas: “La gente está muy enfadada. Nosotros hemos conseguido ilusionarles y vamos a lograr que le den carpetazo. Pero tiene que ser una renuncia sin vuelta atrás. No queremos un cambio de ubicación, ni un aplazamiento. No lo vamos a aceptar”, afirma.
La Diputación de Bizkaia, siempre en manos de los nacionalistas, ha sido el principal promotor de esta operación. En 2008 se ideó la propuesta de ubicar otro Guggenheim en Urdaibai, complementario al edificio de titanio que se abrió en 1997 en la capital vizcaína. La institución foral lo reactivó en 2021 con un proyecto que pretendía conjugar el medioambiente y el museo en el corazón de la reserva natural. El plan original prevé ubicar en Gernika, en la antigua sede de la cubertería Dalia ya derribada, la puerta de entrada del proyecto museístico con un edificio de 2.500 metros cuadrados en una parcela total de 20.286 metros cuadrados, destinados a actividades educativas y de investigación. Según la memoria que ha publicado el Guggenheim, en Murueta se construiría otro edificio “plenamente integrado en el paisaje, con galerías expositivas, exposiciones temporales y espacios gastronómicos”, en una superficie total de 41.389 metros cuadrados, donde se levantaría un edificio de 3.700 metros cuadrados en los terrenos que en la actualidad ocupan los astilleros Murueta, aún en activo.
Crear un Guggenheim en Urdaibai tendría un coste de 130 millones de euros (una cifra sin actualizar) y se calcula que podría atraer a unas 150.000 visitantes al año, siempre según los impulsores del proyecto. “Yo soy de Bermeo y conozco muy bien el desastre que se ha hecho con Gaztelugatxe”, dice en referencia al idílico islote atiborrado de visitantes desde que se convirtió en el Rocadragón de Juego de tronos. “No quiero que eso se repita en Urdaibai”, dice Gotxi. Las plataformas ciudadanas y los ecologistas temen que la masificación turística tenga unos efectos “perversos” en los humedales y las marismas protegidas.
Bizkaia no ha cejado en su empeño por sacar adelante su propósito. A finales de 2022, cuando el hoy lehendakari Imanol Pradales era responsable foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, blindó 40 millones para acometer las obras. Ese dineral sigue congelado, sin ejecutarse. Pradales, a quien en su jura como mandatario vasco le recibieron con pancartas con el lema “Menos Pradales y más humedales”, siempre ha defendido la iniciativa y llegó a declarar, en diciembre de 2024, que su deseo era presidir la inauguración del Guggenheim de Urdaibai. Ahora guarda silencio al respecto.
Su antecesor, Iñigo Urkullu, anunció a finales de 2023 (ya había sido relegado como candidato del PNV a lehendakari en favor de Pradales) que se abría un plazo de dos años para repensar el proyecto. Ese periodo llega ahora a su fin. A la vez, la Diputación vizcaína aceptó someter el proyecto a un “proceso de escucha”. Este trabajo consultivo lo ha dirigido Agirre Lehendakaria Center (una entidad creada en 2013 por la universidad pública vasca en colaboración con la Columbia University de Nueva York) y sus conclusiones definitivas no se conocerán hasta mediados de enero, aunque ya se conoce el alcance de los resultados. Gotxi, de Guggenheim Urdaibai Stop, asegura que están siguiendo “al minuto” este proceso de escucha y que el 80% de los consultados se declara en contra del proyecto y sólo un 8% lo apoya. El resto están entre los indecisos o los que prefieren no pronunciarse.
La contestación social está siendo apabullante. Muy pocos habitantes de la comarca de Busturialdea se alinean con la idea de instalar un museo en su mayor tesoro medioambiental. La operación obliga a recalificar suelos, modificar planes urbanísticos de tres ayuntamientos, adquirir los astilleros de Murueta, descontaminar suelos y acuíferos… También tiene que salvar la posible oposición de la justicia. La Audiencia Nacional tiene pendiente resolver los tres recursos interpuestos por otras tantas asociaciones contra la orden ministerial que reduce de 100 a 20 metros la servidumbre de protección del tramo de costa de los astilleros.
Un proyecto en cuarentena
Todos estos inconvenientes han llevado a la Diputación vizcaína a cambiar su discurso para justificar su decisión de poner en cuarentena un proyecto que calificó de “estratégico”. Un portavoz de la institución foral (en manos del PNV), que no adelanta la posición que defenderá en el patronato del museo el día 16, reconoce las dificultades para seguir adelante: “En estos momentos se plantea un escenario complicado para determinar que el proyecto sea viable a corto o medio plazo”. Las trabas que desaconsejan dar continuidad a la ampliación del museo en plena naturaleza, según admite la Diputación, se sustancian en la “compleja tramitación urbanística” del entorno, la “incertidumbre del frente judicial” abierto en la Audiencia Nacional y en el resultado del proceso de escucha. El PNV de Bizkaia ha querido preparar el terreno ante la posible marcha atrás: “Hay trabas importantes”, ha dicho este mes su presidente, Iñigo Ansola. La consejería de Cultura va en la misma línea y destaca que existen “dificultades y tensiones sociales”, ha comentado su titular, Ibone Bengopetxea.
La instalación del Guggenheim en este entorno natural exigiría el cese de la actividad de los astilleros de Murueta, cuya actividad está viva pese a que la concesión que se le otorgó a esta empresa en 1943 está caducada desde 2018, como reconoce a este diario el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), parte activa en el proyecto museístico. El PNV, a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, logró a mediados de 2023 que el Gobierno central destinara 40 millones de euros para la revitalización medioambiental del Urdaibai. Fuentes del ministerio aseguran a este diario que la concesión “se extinguió” en esa fecha, aunque el titular presentó “una solicitud para ver si tiene algún derecho compensatorio que está en trámite”, lo que impide decidir si debe retirarse de las instalaciones que ocupa. Las plataformas ciudadanas y los ecologistas defienden que los astilleros Murueta están “invadiendo ilegalmente un territorio que pertenece al mar”, afirma Gotxi. “Ahí está la guerra. Han ampliado sus instalaciones con naves y diques que son del dominio público marítimo terrestre”, apostilla. Y se enfadan porque seguir adelante con el proyecto museístico supondría atentar contra la ley vasca de conservación que, textualmente, obliga a “proteger la integridad y potenciar la recuperación de la gea, flora, fauna, paisaje, aguas y atmósfera y, en definitiva, del conjunto de sus ecosistemas en razón de su interés natural, científico, educativo, cultural, recreativo y socioeconómico”.
En medio de todo este barullo, Miren Arzalluz tomó posesión a comienzos de 2025 de la dirección del Guggenheim Bilbao en sustitución de Juan Ignacio Vidarte. Agentes de la cultura vasca (más de 1.000, según la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop) firmaron un manifiesto en contra del proyecto: “No en mi nombre”, se titulaba el escrito. Representantes de la comunidad científica también se ha manifestado en contra. Cerca de 400 investigadores de 31 países han desaprobado el proyecto y firmado un manifiesto en el que reclaman proteger y restaurar el humedal. Aitor Galarza, doctor en Biología y partícipe en los ochenta del equipo que elaboró el estudio para declarar Urdaibai reserva de la biosfera, alerta del “tremendo impacto” que tendría ubicar en este paraje natural una prolongación del museo bilbaíno: “Es un milagro que Urdaibai esté como lo conocemos. No lo destruyamos. Hace falta una gestión adecuada del medio natural que las instituciones han abandonado. El proyecto se ha hecho a espaldas de la comunidad científica, porque se ubicaría en los terrenos actualmente ocupados por Astilleros Murueta, que bordean una Zona de Especial Conservación (ZEC) y se localizan dentro de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000, lo que aumentaría el impacto sobre las aves acuáticas”. Una instalación como la que pretenden supondría “aumentar los impactos y provocar un daño irreversible en la zona”, advierte.
¿Puede la cultura justificar la destrucción de la naturaleza? Fernando Valladares (investigador del CSIC), Jon Morant (biólogo de la Universidad de Alicante) y Carlos Javier Durá (doctor en Derecho Ambiental), en un escrito publicado en mayo de este año en The Conversation, son contundentes: “La respuesta, desde una perspectiva de sostenibilidad y justicia intergeneracional, es clara: no”.