La fiscal del caso de la presunta violación del exjefe de la Policía José Ángel González contra una de sus subordinadas se ha opuesto a que se restrinja a las partes el acceso al vídeo de la declaración de la víctima. La defensa de la denunciante pidió que la entrega y visionado de su testimonio se limitara a la sede judicial, para que las imágenes no se difundieran, pero el juez que lleva el caso se opuso. Ante esto, la denunciante formuló un recurso al que ahora la Fiscalía se opone.
La querella interpuesta por la mujer contra el por entonces director adjunto operativo de la Policía Nacional fue admitida el 17 de febrero. Ese mismo día, González dimitió. Un mes después, el 17 de marzo, querellante y querellado declararon ante el juez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, David Maman Benchimol, quien ha sido señalado estos días por unas polémicas declaraciones en una charla en el Colegio de la Abogacía de Madrid sobre la competencia de los juzgados especializados en violencia contra la mujer. Más de 100 organizaciones, entre las que están asociaciones feministas como la Federación de Mujeres Progresistas o el PSOE, han firmado este viernes un manifiesto en el que piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigar al magistrado por esta charla.
Aquel 17 de marzo, sin llegar a cruzarse ni coincidir en ningún momento con su presunto agresor, la mujer ratificó su querella en una declaración que duró más de dos horas. En ella explicó que los hechos bajo sospecha ocurrieron en abril de 2025, cuando la agente se encontraba de servicio y recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde se encontraba el DAO con otro mando comiendo. Entonces, según añadió su letrado a través de un comunicado, le ordenaron llevarlo a su vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior, donde el querellado la agredió sexualmente con penetración.
La querellante asegura que el director adjunto operativo se valió de su “autoridad” para cometer la presunta agresión, que le “causó lesiones” y que se prolongó “hasta que la víctima pudo zafarse y huir de la vivienda ministerial”. “Posteriormente, la víctima fue coaccionada de forma directa por el denunciado e indirecta por otros altos cargos policiales para que no denunciara los hechos, lo que la ha llevado a encontrarse de baja psicológica con la retirada del armamento e incapacidad médica para la prestación del servicio”, añadía el abogado de la querellante, Jorge Piedrafita. José Ángel González negó por su parte estos hechos.
Es el vídeo de esta declaración el que suscita ahora debate en el procedimiento. La defensa de la mujer pide que este no se difunda a las partes, y que solo puedan tener acceso a él en sede judicial. El juez Maman se opuso, y a esta oposición se suma ahora el ministerio público, que defiende que restringir el acceso al vídeo limitaría el derecho de defensa del exDAO, que no puede garantizarse sin permitir un análisis exhaustivo de lo que la querellante relató ante el juez. Además, la fiscal afirma que permitir el acceso no supone una violación del derecho a la intimidad de la mujer: las partes, dice, son conocedoras ”del carácter secreto” de la declaración y saben que no pueden difundir su contenido.