La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana de 2024 ha denunciado un supuesto intento de “dinamitar” la causa promovido por el abogado youtuber Ruben Gisbert. Se trata de un letrado que representa a seis víctimas de la riada y que presentó la pasada semana una querella contra la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Gisbert denunciaba que el marido de la instructora, el también juez Jorge Martínez, habría participado en la toma de declaración de testigos en la fase inicial de la investigación de la desgracia en el juzgado de Catarroja. Y que esto comportaría una irregularidad que estaría castigada, entre otros, por los delito de revelación de secretos y de usurpación de funciones públicas.
Gisbert, que fue invitado por el PP y Vox a participar en la comisión de investigación de la dana de las Cortes Valencianas, solicitaba apartar a Ruiz Tobarra de la causa de la catástrofe, someterla a un análisis psiquiático y echar cautelarmente a la magistrada y a su marido de la carrera judicial.
En paralelo a la querella, el abogado presentó un escrito para expulsar a la jueza de la investigación. La magistrada se niega ahora a aceptar su recusación, que es como se denomina el mecanismo para apartarla de la causa. “La querella presentada contra mí no consta que haya sido admitida a trámite. No es por ello causa de recusación y por lo tanto tampoco tiene encaje legal”, justifica la instructora en un auto divulgado este lunes en el que señala la “inquina” hacia ella del letrado. Un abogado que se hizo célebre por, entre otras polémicas, alimentar el bulo de que en el aparcamiento del centro comercial Bonaire de Aldaia (Valencia) se acumulaban cientos de muertos.
Además de pedir que se apartara a Ruiz Tobarra, Gisbert reclamaba anular la investigación desarrollada en los últimos 16 meses por esta magistrada. “Dicha pretensión es simple y llanamente un simple fraude procesal en el que se busca apartar a esta juez de este procedimiento, sin causa alguna y en la que, en un totum revolutum, se recogen toda clase de argumentos burdos e inconexos”, destaca la magistrada.
La instructora enmarca las invectivas en “una suerte de memorial de agravios, imputación de delitos, alegaciones sobre la competencia de este tribunal, y un supuesto sesgo de la instrucción”. Y menciona las decenas de resoluciones de la Audiencia Provincial de Valencia que han respaldado sus decisiones clave, como la imputación de los dos exaltos cargos del Ejecutivo del expresidente Carlos Mazón investigados: la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y quien fuera su segundo durante la catástrofe, Emilio Argüeso.
El órgano judicial superior también ha respaldado a la magistrada Ruiz Tobarra —como recoge el auto— en otras decisiones de alto voltaje político, como su rechazo a investigar a los responsables de organismos del Gobierno de Pedro Sánchez, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Una tesis que ha desmontado la teoría alimentada por la Generalitat, el PP y los dos investigados del denominado apagón informativo: la idea que apuntaba que, si la Generalitat actuó tarde y mal, fue porque el Ejecutivo de Sánchez no le avisó con antelación de la magnitud de la dana.
La instructora justifica así el modus operando del letrado que trata de recusarla. “Es comprensible la frustración profesional del señor Gisbert por su nulo éxito en las únicas pretensiones que ha formulado”, carga. Y enumera las consecuencias que provocaría poner de nuevo el contador de la investigación a cero. “Poco interés del señor Gisbert existe en este procedimiento cuando se desea hacer tabla rasa”, critica. “Poco respeto hay por parte de dicho letrado hacia los familiares de las víctimas mortales, a los lesionados, cuando se les desea que vuelvan a contar el calvario que sufrieron. Poca voluntad de investigar hay cuando se desea que desaparezcan todas las pruebas, como informes, grabaciones, llamadas, vídeos….”, añade la jueza.
En otra resolución, la jueza Ruiz Tobarra solicita a las partes —Fiscalía, acusaciones populares y particulares y defensas— que se pronuncien sobre su decisión de pedir al TSJCV la imputación del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. La magistrada emitió la pasada semana una exposición razonada en la que solicitaba investigar a Mazón por su “grosera negligencia en la desgracia”. Al ser aforado (el exjefe del Consell es diputado autonómico), el político sólo puede ser imputado por este tribunal superior y no por el juzgado de Catarroja. La jueza solicita ahora a las partes que se pronuncien sobre la exposición razonada a la Sala de lo Penal y Civil del TSJCV.