Hace tres años, llevaron a Ola Adejare (nombre ficticio) a la escuela elemental de educación especial de Saki, una pequeña ciudad al oeste de Nigeria de poco más de 470.000 habitantes, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. No tenía mochila, libros ni nada para matricularse. “La madre le dijo que volvería a buscarla, pero nunca regresó”, cuenta la directora, Adegbola E. Su historia no es la única. En este centro, que ofrece educación y cuidados a más de 200 menores de todas partes del país con discapacidades visuales, auditivas, físicas y del desarrollo, hay niños de tan solo cinco años que han sido abandonados por sus familiares. Para muchos de ellos, esta institución educativa es el único hogar que conocen.
En Nigeria, un 9% de sus 232 millones de habitantes tiene algún tipo de discapacidad, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud de 2024. En algunas zonas rurales, cuando nace un niño con discapacidad, se cree que es “brujo” o que traerá desgracias a la familia y corre el riesgo de ser abandonado.
El centro educativo de Saki, situado en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad, se fundó en 1975 y es un salvavidas poco frecuente en zonas como esta para niños con discapacidades. Sin embargo, su estado actual y la falta de apoyo de la comunidad en la que se encuentra constituyen un ejemplo desgarrador de fracaso sistémico en la atención a esta población en Nigeria.
Lo que más le preocupa a la directora de la escuela es la indiferencia de la comunidad local. “Hemos escrito montones de cartas a la gente [a líderes comunitarios, funcionarios, partidos políticos locales y fundaciones] desde 2015, pero no hemos recibido ni una sola respuesta”, se lamenta, durante la visita que hizo EL PAÍS hace unos meses. Agrega que el viento ha arrancado el techo de la escuela, que la vieja cocina es de madera y que hay apenas dos cuidadores que atienden a más de una docena de niños con necesidades mucho más complicadas. Además, no disponen de instalaciones recreativas, vehículos, aseos ni electricidad. De noche, las picaduras de mosquitos atormentan a los niños porque las mosquiteras están rotas o son inexistentes, con el consiguiente peligro de contraer malaria.
El Gobierno trata de sufragar los gastos de los niños, pero no basta: es una cantidad muy pequeña. Necesitamos más ayuda
Tunde Onifade, subdirector de la escuela
Tunde Onifade, subdirector de la escuela, añade que ni siquiera uno de los líderes de la comunidad, que tiene a un hijo en la institución, ha movido un dedo para brindar apoyo financiero. “El Gobierno trata de sufragar los gastos de los niños, pero no basta: es una cantidad muy pequeña. Necesitamos más ayuda y que la comunidad responda más, porque ni siquiera nos llegan recursos para cuidados paliativos”, dice. La directora y el subdirector explican que la Fundación Natalia & Waliu Mufutau es la única fuente constante de donaciones de comida, elementos de limpieza y otros suministros. Pero, lamentan, no es suficiente.
Advierten que brindar atención de calidad a estos niños es vital para garantizarles un futuro. Organismos como el Banco Mundial han alertado de que esta población en Nigeria sufre estigma, discriminación y barreras para acceder a servicios sociales, lo que aumenta sus probabilidades de caer en pobreza extrema.
Aunque el país ha aprobado políticas nacionales como la Ley de Prohibición de la Discriminación contra las Personas con Discapacidad de 2018 y ha suscrito compromisos internacionales como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la hora de aplicarlas siguen existiendo obstáculos que impiden que se alcance una inclusión verdadera.
La experta en discapacidad y salud mental Isi Felicia Richard-Koko cree que los problemas no se limitan a las instalaciones precarias de las escuelas. “La gente debe comprender que la discapacidad no es una maldición. Muchos de estos problemas tienen su causa en la mala atención sanitaria a las madres, la falta de concienciación y las infecciones evitables”, sostiene.
Si la comunidad no despierta, los padres no asumen su responsabilidad y el Gobierno no aumenta su apoyo, estos niños seguirán siendo frenados no por sus discapacidades, sino por una sociedad que prefiere ignorarlos
Isi Felicia Richard-Koko, experta en discapacidad y salud mental
En su opinión, la participación de la comunidad es fundamental y subraya la necesidad de una educación integradora, una sanidad accesible y apoyo para la salud mental. “Estos niños merecen protección jurídica y dignidad. Si la comunidad no despierta, los padres no asumen su responsabilidad y el Gobierno no aumenta su apoyo, estos niños seguirán siendo frenados no por sus discapacidades, sino por una sociedad que prefiere ignorarlos”, advierte.
Una sola máquina de escribir
Tijani Kabir tiene 50 años, vive con una discapacidad visual, es exalumno de la escuela de Saki y ahora está a cargo de la sección para personas ciegas. Pocas cosas han mejorado desde que él estuvo en esas mismas aulas. “Yo he estado en su lugar: ayudar a un niño a aprender a escribir con la única máquina de escribir braille que queda es difícil. Hay muchos alumnos que esperan el turno para utilizar este dispositivo obsoleto y que a duras penas funciona”, se queja.
Kabir y su compañero Lateef Raji destacan otra dura realidad: que a los estudiantes que completan la educación primaria suelen rechazarlos en las escuelas secundarias públicas de la comunidad, lo que obliga a muchos a abandonar el colegio. Otros optan por irse a Okeho, a más de 70 kilómetros, con la consiguiente complicación para que la mayoría de los padres puedan visitar a sus hijos. “La única secundaria pública de Saki es la Okere Grammar School, pero solo admite a alumnos sordos. Se han negado a admitir a uno de mis alumnos [ciegos] porque se enfrentarían a altos niveles de estrés”, añade Kabir, frustrado.
De acuerdo con un informe de Unicef, en 2018 había más de 73.000 niños en Nigeria “con necesidades especiales en atención, desarrollo y educación en la primera infancia y en preescolar”. La cifra en secundaria ascendía a 415.827. El documento alertaba de que “la falta de dispositivos de aprendizaje especial y otros desafíos institucionales y estructurales” podían afectar el aprendizaje de los menores. Las solicitudes dirigidas por este periódico a los legisladores para que hicieran algún comentario han quedado sin respuesta. Ibrahim Shittu, representante de Saki West en la Asamblea Estatal, tampoco ha respondido a las preguntas de EL PAÍS sobre el estado de la educación especial en la región.
Abdulrafiu Ganiyu, alumno de sexto curso de primaria, transmite en voz baja sus dificultades. “No tenemos máquinas de braille, ni luz, ni patio de juegos. Estamos todo el tiempo dentro”, susurra. Pero, incluso en esas circunstancias, sigue soñando con presentarse y triunfar en los exámenes WAEC, que certifican la escuela secundaria y facilitan el acceso a la universidad.
Yinka Olaito, director ejecutivo del Centro para la Discapacidad y la Inclusión en África, subraya que, para dar esperanzas a los niños con discapacidad, hay que empezar por la educación y la sensibilización. “El conocimiento es fundamental para acabar con los estereotipos, que tanto daño hacen”, explica. El experto señala también que proporcionar las ayudas y las instalaciones adecuadas no es opcional, sino una obligación legal en virtud de los tratados nacionales e internacionales ratificados por Nigeria. “No podemos lograr el desarrollo sostenible si descuidamos el bienestar de los niños con discapacidad. No debemos dejar a nadie atrás”, afirma.