En un hospital público de Yucatán, un paciente recibe un tratamiento oncológico falso que le deja secuelas para toda la vida. En Jalisco y Ciudad de México, existen mercados a cielo abierto donde se venden medicinas apócrifas con el conocimiento de las autoridades. En las Administraciones federales y estatales, sus cadenas de suministros compran a distribuidores con acusaciones de vender medicamentos falsificados. Todos estos casos forman parte de una misma realidad: en México existe un ecosistema criminal que importa, fabrica y distribuye medicinas falsas y que, de acuerdo con las denuncias y alertas presentadas por las autoridades, se ha multiplicado por cinco desde 2018 en paralelo a los problemas de desabastecimiento existentes en el sector salud. Este reportaje forma parte de la investigación global La medicina del millón (The Cancer Calculus), coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su siglas en inglés), en la que participa EL PAÍS.
Las denuncias recibidas por “medicamentos presuntamente falsificados” pasaron de 45 en 2018 a superar las 250 de 2022 en adelante, de acuerdo con datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios—encargada de la regulación, control y fomento sanitario de productos, servicios y establecimientos—, obtenidos vía transparencia. Otro tanto ocurre con las alertas sanitarias por medicamentos falsificados, esto es, los comunicados oficiales de riesgo emitidos por la Comisión para informar sobre productos que representan un peligro grave para la salud. Estas pasaron de dos en 2018 a superar las 30 al año a partir de 2022. Este aumento se da en paralelo a los diferentes cambios en los sistemas públicos de compras de medicamentos operados desde la Administración de Andrés Manuel López Obrador que contribuyeron a un desabastecimiento de medicamentos que todavía se siente en el sector salud. Este periódico solicitó con varias semanas de antelación su versión y una entrevista a la Secretaría de Salud y la Comisión, sin obtener una contestación a cierre de edición.
El ejemplo más evidente es el del fármaco Keytruda, en el que se centra la investigación global La medicina del millón. Este oncológico es el gran superventas a nivel mundial de la farmacéutica Merck Sharp&Dohme, que supuso 31.700 millones de dólares de ingresos globales para la empresa en 2025. Como su patente vence en 2028, la compañía está tratando de prorrogarla por una década más con diversas estrategias legales.
En México, el vial básico de Keytruda en una farmacia legal se vende al público por unos 100.000 pesos, en torno a 5.700 dólares al cambio actual, mientras que en los mercados ilegales se encuentra por 30.000 pesos, unos 1.700 dólares. En total, acumula seis alertas sanitarias, la última en marzo de 2026, en las que se señala que “no se garantiza su seguridad, calidad y eficacia, puesto que se desconoce su procedencia, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte”. Se identificaron 17 lotes—un código único en el empaque que garantiza la trazabilidad de la medicina—falsificados.
Dos viales de estos lotes falsificados acabaron en las venas del paciente Francisco Chávez, administrados en el Hospital Regional Elvia Carrillo Puerto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Mérida, la capital de Yucatán. Chávez, productor de eventos musicales de 56 años, fue operado de un tumor en el riñón, pero la metástasis había llegado a los pulmones y sus médicos le recetaron Keytruda. Cuando le iban a poner su cuarta dosis en octubre de 2023, escuchó a los sanitarios hablar entre ellos: “Otro más del mismo lote, esperemos que no le cause reacciones”.
Tras recibir la medicina, comenzó a marearse. “Yo me sentía muy mal, terrible, temblaba, no podía controlar mi cuerpo. Empecé con unos dolores de cabeza que me duraron tres días. Se me soltó el estómago y se me disparó el azúcar”, recuerda el paciente, que fotografió el envase. En la imagen se ve una caja dañada, con varios defectos, y el número de lote X003479. Este fue identificado como falsificado en septiembre de 2024. Le volvió a ocurrir con otro lote en mayo de 2025. Lo identificó al ver una noticia sobre una de las alertas sanitarias de la Comisión acerca de Keytruda.
“Después de que recibí este medicamento, mi vida cambió: no tengo la misma fuerza de antes, los dolores persisten, ya no puedo moverme como me movía antes. Todo eso se me acabó porque ya me volví una persona que de repente está caminando y se paraliza”, lamenta Chávez, que describe su último trabajo, una presentación en Mérida del grupo La Maldita Vecindad, como un martirio.
Según documentos internos de la Comisión, Keytruda es uno de los cinco medicamentos más falsificados del país. La primera alerta llegó en febrero de 2022, después de que se detectara un lote falsificado dentro del inventario del Centro Médico Naval, el hospital militar para miembros de la Marina. La empresa que suministró la medicina falsa era Top Pharma SA de CV, según encontró Quinto Elemento Lab. Pese a esto, siguió consiguiendo contratos públicos. De 2022 a la fecha, Top Pharma obtuvo según registros de la Plataforma Nacional de Transparencia y Compranet casi 88 contratos por 85 millones de pesos para seguir suministrando medicinas.
Varios consultores de seguridad de la industria farmacéutica contactados identifican los mismos tipos de medicinas ilegales en el mercado. Por un lado, estaría la piratería clásica, básicamente un producto que entra de contrabando, fabricado en otro lugar con pocas normas sanitarias, y se inserta en las cadenas de suministro. Otra es la adulteración, que es un producto original, pero que ya ha caducado—o está a punto—, entonces le cambian en la caja la fecha de caducidad y lo venden en el mercado. Aunque supuestamente hay un protocolo para incinerar las medicinas caducadas, en el sector es conocido que hay empresas que no las resguardan de forma adecuada y estos envases acaban en los mercados ilegales. Un tercer supuesto es la falsificación completa, tanto de los envases como de los medicamentos en sí.
El documento interno de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dice que, “con base en las denuncias recibidas, se han identificado una serie de características en común de los medicamentos falsificados”. Se trata de medicamentos sin autorización de venta en México, los productos con dificultades de abasto y los de alto costo.
“Un producto falsificado es básicamente una copia con calidad diferente pero que simula ser el producto real”, explica Daniel Estrada, fundador de la firma Signa, una empresa colombiana que se dedica a detectar ofertas ilícitas y generar pruebas “legalmente admisibles” para luego coordinar operativos con las autoridades. “Hay proveedores de insumos, principalmente en China, India y Turquía, donde puedes negociar y prácticamente te copian el empaque original”, explica. “También hay otros proveedores en el internet profundo y oculto, donde se venden directamente estos insumos, con gente que se especializa en los productos concretos de laboratorios reconocidos, con una especie de fábrica paralela”, añade.
Estrada explica que los medicamentos de alto costo son perfectos para lavar activos ilegales. “Todo lo que son cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con cáncer, todo lo que tiene que ver con insulinas… Son unidades muy pequeñas que tienen un precio de mercado muy alto, por eso que el nivel de tecnificación en estas empresas es muy alto”, dice desde su experiencia. A la parte de crear copias de los medicamentos en sí, los asesores consultados le restan complejidad: basta con tener una pequeña máquina en un garaje y usar una solución salina para los líquidos y cal para las pastillas o similares.
TopPharma no es la única empresa señalada por vender medicamentos falsificados que ha obtenido contratos millonarios con las instituciones públicas. Medikament de México, señalada por la Comisión por vender falsificaciones, logró en 2021 y 2022 más de 70 contratos por casi 19 millones de pesos y sus productos acabaron en el Instituto Mexicano del Servicio Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Cancerología o el Gobierno de Veracruz. También Flexa Pharm, denunciada por el Gobierno de Veracruz, logró en 2023 y 2024 más de 10 contratos por casi 15 millones de pesos para el Instituto Mexicano del Servicio Social. Este periódico intentó sin éxito contactar con las compañías para solicitar su versión. En total, de acuerdo con una revisión de los contratos públicos de 2021 a 2025, 28 proveedores listados en la plataforma de distribuidores irregulares de medicamentos han vendido 9.500 millones de pesos a 44 instituciones de salud pública por toda la república.
De compras por El Santuario
En el centro de Guadalajara, en el Estado de Jalisco, está el barrio de El Santuario. Es uno de los más antiguos de la ciudad, levantado alrededor de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Ha conocido años mejores. Sus edificios bajos, de pared encalada, están deteriorados, llenos de grietas, grafitis y suciedad, aunque todavía sobreviven algunos elementos decorativos barrocos y neocoloniales. Durante décadas fue conocido por sus fondas, pero hoy lo que mandan son las farmacias ilegales. Hay una cada pocos pasos y dentro, en lugar de un experimentado boticario de bata blanca, se ve a hombres jóvenes de entre 15 y 30 años con gorra de visera plana. El Santuario es el epicentro del comercio ilegal de medicamentos robados, falsificados y adulterados. Todos, por supuesto, sin receta médica. La vía principal se llama, irónicamente, Hospital.
El informe 2024 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy de la Oficina de la Presidencia de Estados Unidos, enfocado en medicinas piratas y venta en línea, describe El Santuario como una conocida localización para la venta y distribución de medicamentos de forma irregular. “Esta actividad ilegal se lleva a cabo sin que las autoridades aparentemente hagan nada” y, de acuerdo con los accionistas, “tiene como resultado pérdidas anuales de un millardo de dólares para las farmacéuticas legales”.
Estas farmacias tienen fuera un vendedor que sirve de gancho y pregunta a cada persona que pasa si busca alguna medicina. Son tantos y tan insistentes que agobian al peatón. El de la farmacia OBS, por ejemplo, es un hombre corpulento, tocado con un sombrero de paja y un par de lágrimas tatuadas al costado del ojo derecho. “¿Qué busca, güero?”, dice. Tras comentarle que es un oncológico caro, llama gritando al chico que está dentro de la tienda. Su nombre es Brayan y no tiene más de 25 años. “¿Keytruda?”, pregunta. “Deme un segundo”. Busca en su teléfono y dice que lo tiene disponible por unos 30.000 pesos mexicanos. Un ahorro significativo respecto al precio en una farmacia regular, pero no hay seguridad sobre su calidad ni que no sea una falsificación. En una comunicación posterior manda por mensaje una foto de tres cajas de Keytruda donde se ve el número de lote y registro sanitario.
Fue también en la ciudad de Guadalajara donde, en agosto de 2024, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Secretaría de Marina realizó un operativo contra una banda criminal liderada por Josué N, alias Tacho, en el barrio de Huentitán El Bajo. Además de varias armas de fuego y drogas, se encontraron 12.500 dosis de medicamentos falsificados, principalmente Keytruda. En una foto del operativo se ven decenas de envases de este medicamento, desmontados. Las autoridades llegaron a esta estructura criminal tras la denuncia de varios pacientes con cáncer que presentaron reacciones adversas al ser tratados con estos oncológicos falsificados.
“La falsificación y el robo de medicamentos ha crecido en los últimos años como consecuencia del desabasto de medicamentos que existe en el Gobierno, que ha provocado que crezca un mercado ilegal”, razona Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica en México. “Hace una década, teníamos un departamento de inteligencia que trabajaba con las autoridades y coordinaba con ellas operativos para sacar el producto del mercado y detenciones, pero durante los últimos siete años se dejó de hacer”, lamenta.
“Actualmente, México opera con recursos reducidos en numerosas agencias gubernamentales. No hay registro de investigaciones y procesos por falsificación de marcas y piratería y la Fiscalía no ha reportado estadísticas para este campo en los pasados cinco años”, asegura el Informe Especial 301 de 2025 que publica la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sobre la protección y el cumplimiento de la ley en materia de propiedad intelectual. “Las empresas informan que la Fiscalía ha impuesto una prohibición interna de solicitar órdenes de cateo en casos de propiedad intelectual, lo que elimina una herramienta esencial en estas investigaciones”, añade.
En el caso del operativo contra Tacho, el presunto criminal fue procesado finalmente por posesión de drogas y armas; la Fiscalía no logró que se le imputara ningún cargo de falsificación de medicamentos, aseguraron al equipo de esta investigación personas cercanas al caso. De acuerdo a estas mismas fuentes, entre 2020 y 2025 existieron al menos 30 casos de supuesta falsificación de Keytruda, que se presentaron en hospitales públicos y privados por todo el país. Son una pequeña muestra de un problema mayor: en ese periodo, la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios recibió casi 1.500 denuncias por medicamentos falsificados.
Los periodistas que contribuyeron a este reportaje fueron Carlos Carabaña (EL PAÍS), Aldo Canedo (El Sol de México), Violeta Santiago (Quinto Elemento Lab), Gerardo Reyes (Univision), Angie Sandoval (Univision) e Isabella Cota (ICIJ).