Junts es el último escollo para aprobar la prórroga de la moratoria antidesahucios para inquilinos vulnerables. Diversas plataformas sociales se reunieron este miércoles con todos los grupos parlamentarios que invistieron a Pedro Sánchez, salvo con la formación independentista, y afirman que estos partidos políticos ven con “buenos ojos” que se mantenga esta medida, de la que están pendientes más de 60.000 familias vulnerables según las organizaciones que promueven la extensión de la iniciativa. Paco Morote, que asistió a la reunión como portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), confirma esta predisposición, pero asegura que el Gobierno no ha concretado todavía una fecha. En todo caso, debería ser antes del 31 de diciembre, cuando decae la moratoria. Respecto a Junts, que rompió relaciones con el Gobierno en octubre, en la PAH señalan que su ausencia se debe a cuestiones de agenda pero que se ha comprometido a un próximo encuentro para hablar del tema.
En la reunión, las organizaciones presentes —PAH, Confederación Intersindical, CC OO, Federación de Consumidores y Usuarios, Centro de Asesoría y Estudios Sociales, Amnistía Internacional y UGT— también pidieron a los representantes políticos que desvinculen la moratoria de la covid, la guerra de Ucrania u otras emergencias. Su idea es que sea “estructural”, para no tener que prorrogarla constantemente como ha sucedido en los últimos años. También solicitaron a PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria que flexibilicen los criterios para que otros colectivos vulnerables se vean beneficiados por la medida. Pero sobre estas propuestas no han obtenido respuesta. Las plataformas sociales están trabajando en un texto que incluya estas modificaciones y su intención es remitirla a los grupos parlamentarios cuanto antes.
Morote recuerda que si esta prórroga no se aprueba antes del 1 de enero de 2026, se “producirá un vacío legal” en el que algunos jueces podrían ejecutar desahucios de estos colectivos vulnerables a partir de enero. Por ello, las organizaciones exigen que el Gobierno apruebe el decreto ley “cuanto antes” para evitar esta situación, y después “pelear y presionar a quien haya que presionar”. Al ser un decreto ley, la medida entra en vigor cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado, pero el Congreso de los Diputados tiene un mes para avalarla o tumbarla. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya prometió el mes pasado llevar a las Cortes antes de que finalice el año la prórroga de diversas medidas del escudo social aprobado durante la pandemia, entre las que se encuentra esta prohibición de desahuciar a las familias vulnerables.
Este marco de protección no se aplica a cualquier inquilino. Aunque avala algunas situaciones penales, además de las que vayan por la vía civil, solo se aplican en el caso de hogares vulnerables para los que no se encuentre una alternativa habitaciones por parte de las Administraciones públicas y supuestos similares. Estos incluyen familias con víctimas de violencia de género, con dependientes o con menores a su cargo, en los que la vivienda además esté en manos de un gran tenedor (persona física o jurídica que posee más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial). La decisión final, en cualquier caso, siempre queda en manos del juez.
La moratoria para los desahucios relacionados con el impago del alquiler de familias vulnerables fue aprobada durante la pandemia y ya se ha prorrogado en varias ocasiones desde entonces. La última vez que se acordó fue el 23 de diciembre del año pasado, cuando se estableció como fecha límite el 31 de diciembre de 2025. Según las organizaciones, la medida ha mantenido suspendidos cerca de 60.000 desahucios de familias vulnerables y si decae se producirá, en palabras de Morote, “una emergencia habitacional más dura que la de los peores momentos de la Gran Recesión”. Desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), donde junto con pequeños caseros se agrupan algunos de los mayores del país, como el fondo Blackstone, la visión es absolutamente contraria. Aseguran que prorrogar la moratoria supondría “profundizar en la inseguridad jurídica, erosionar el derecho de propiedad y frenar aún más la oferta de viviendas en alquiler”, según un comunicado de prensa publicado la semana pasada.
Un estudio realizado hace un año por el Observatori DESCA, una plataforma y centro de derechos humanos fundada en 1998, señala solo se ofrece un alojamiento alternativo temporal en un 2% de los casos de desahucios. Y tan solo se ofrecen viviendas sociales (frente a otras soluciones como albergues o pisos compartidos) en un 3% de las ocasiones. Esto sucede a pesar de que formalmente las Administraciones públicas están obligadas a realojar a las familias vulnerables en esta situación o a compensar a los caseros, si lo reclaman, en cuya propiedad viva una familia que no puede ser desalojada.