Nadie sabe dónde está Alexandra Lozano. La autoproclamada “Abogada de los milagros” enfrenta dos demandas colectivas que la acusan de haberse enriquecido a costa del dolor de decenas de migrantes que le pagaron miles de dólares confiando que los sacaría de las sombras, pero algunos incluso fueron deportados a México. Mientras ella guarda silencio, el Gobierno federal ya la tiene bajo la lupa: agentes de una unidad especializada que combate el fraude migratorio han comenzado a entrevistar a denunciantes como parte de una investigación que podría desembocar en cargos penales.
Las averiguaciones del caso están a cargo de agentes en Seattle, Washington, de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS), que es parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), según aseguraron a EL PAÍS funcionarios federales que pidieron el anonimato por no estar autorizados para hablar con la prensa. “Están conversando con testigos. La finalidad es presentar el caso ante un Gran Jurado para que puedan formularle una acusación judicial en el Distrito Oeste de Washington”, explicó una fuente.
La FDNS, dependencia que mantiene a Lozano en su radar, tiene entre sus objetivos “proteger la integridad del sistema de inmigración legal, combatir el fraude en las solicitudes y detectar amenazas a la seguridad nacional o pública”, según se explica en el portal del USCIS.
Por el momento, Lozano no enfrenta cargos penales. Sus abogados de la firma Angeli & Calfo, con oficinas en Seattle y Portland, no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por este medio. Días atrás, Angelo J. Calfo, principal defensor legal de “La abogada de los milagros”, rechazó los señalamientos vertidos contra su clienta en las dos demandas colectivas. “Alexandra niega las acusaciones presentadas por este pequeño grupo de entre las miles de personas a las que ella ha representado”, declaró a Telemundo Noticias. “Ella responderá a estos alegatos en los tribunales”, agregó Calfo.
54.000 casos en el limbo
La caída de “La abogada de los milagros” comenzó cuando se multiplicaron las quejas de clientes que la acusaban de haberlos engañado al tramitar sus residencias permanentes (green cards) con información falsa, cobrarles tarifas exorbitantes e iniciar procesos migratorios que sabía estaban destinados al fracaso. También se denunció que su personal memorizaba guiones para hacer promesas engañosas y que el bufete diseñaba estrategias legales basándose únicamente en un programa informático y sin revisar los expedientes.
Muchos de los casos promovidos por Lozano se apoyaban en la Ley sobre la Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés), promulgada en 1994 para permitir que víctimas de violencia doméstica casadas con ciudadanos estadounidenses o residentes legales obtengan beneficios migratorios sin depender de sus agresores. Sin embargo, Lozano habría presentado testimonios falsos o exagerados para respaldar esas solicitudes, que terminaron siendo rechazadas en cortes migratorias, de acuerdo con las acusaciones.
Enriquecimiento ilícito, crimen organizado, mala práctica legal e incumplimiento de contrato son algunos de los supuestos delitos mencionados en las querellas que pesan contra Lozano. De acuerdo con las demandas colectivas, llegó a representar a más de 80.000 personas, en su mayoría migrantes mexicanos en situación irregular, quienes pagaban entre 10.000 y 25.000 dólares por cada caso.
Con parte de esas ganancias, la abogada adquirió un avión privado Bombardier Challenger 300, valorado en unos 25 millones de dólares, que mandó a pintar de rosa y utilizaba para viajes de negocios y placer. Se alega que su principal apuesta fue construir lo que las demandas describen como un “portafolio multimillonario de bienes raíces nacionales”. Entre sus activos figuraban dos lujosos condominios en Seattle y Chicago, valorados en más de 4 millones de dólares, así como dos propiedades en México. La más costosa era una mansión ubicada en Bosques de las Lomas, una de las zonas de mayor plusvalía de la Ciudad de México.
Cuando ella renunció en mayo pasado a su licencia profesional, una maniobra para evitar medidas disciplinarias por parte de la Barra de Abogados de Washington, dejó a casi 54.000 casos migratorios en el limbo.
“Ella está escondida, no da la cara”, dijo el abogado Vicente Barraza, quien representa a los 34 demandantes. El litigante lamenta que el caso haya puesto en riesgo a tantas personas en un momento en que los migrantes son blanco de las duras políticas de la Administración de Donald Trump. “Es otra cosa cuando una abogada tiene en sus manos la vida de sus clientes”, sostuvo.
De falsa víctima de trata a deportado
Con su característica cabellera rubia y un español con ligero acento, Lozano solía grabar videos frente a un cuadro de la Virgen de Guadalupe o vestir prendas cuyo diseño evocaba al Sagrado Corazón de Jesús. Era parte de una agresiva estrategia de mercadotecnia en Facebook y TikTok que proyectaba una imagen casi divina de sus servicios.
“Los materiales promocionales de Lozano generaban la impresión de que era capaz de obrar milagros gracias a su vinculación con la Virgen de Guadalupe y la Iglesia católica, y de que Lozano representaba y seguía los valores asociados a la Virgen”, se lee en una de las demandas, presentada en nombre de 34 clientes, de los cuales al menos seis han sido deportados a México.
Uno de ellos es el mexicano Severo López Contreras, quien pagó 17.500 dólares con la esperanza de estar protegido de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ocurrió lo contrario. Según la demanda, la firma de Lozano intentó presentarlo falsamente como una “víctima de tráfico humano”, bajo el argumento de que su empresa de construcción no había recibido en 2016 el pago por un trabajo de instalación de tablaroca. “La abogada de los milagros” le aseguró que ese hecho lo hacía elegible para una Visa-T, que se otorga a sobrevivientes de trata sexual o laboral. La promesa fue que obtendría un permiso de trabajo en apenas seis meses y la green card en dos años.
La emoción se desvaneció el 1 de octubre de 2025, cuando López Contreras fue detenido durante una redada. Mientras estaba bajo custodia del ICE, llamó a Lozano, quien le informó que, pese a haberle cobrado tanto, su despacho nunca había iniciado el trámite de la Visa-T. “Sin mostrar remordimiento ni asumir responsabilidad alguna por la falla, Lozano exigió un pago adicional de 20.000 dólares tras la detención del señor López Contreras para presentar una solicitud de asilo a su favor mientras permanecía en un centro de detención para migrantes”, señala la demanda.
La abogada jamás le devolvió un centavo y López Contreras terminó aceptando su deportación a Jalisco, poniendo fin a tres décadas de vida en Estados Unidos.