El verano de las fiestas madrileñas está por terminar, aunque para algunos nunca comenzó. El Ayuntamiento ha pedido a los ciudadanos que celebren, pero el propio Ayuntamiento y cinco concejales del PP se los han complicado. Los vecinos de Hortaleza, Arganzuela, Ciudad Lineal, Retiro y San Blas se han quejado de que sus Juntas Municipales los han apartado de la organización de sus festejos. Algunos han denunciado censura. Jorge Nacarino, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), critica que los concejales “están cercenando la participación ciudadana”.
Mientras Madrid se preparaba para recibir el Gran Premio de España de la Fórmula 1 y la presidenta Isabel Díaz Ayuso presentaba una campaña para “atraer un turismo de mayor valor”, los vecinos de Ciudad Lineal se quejaban. La Junta había excluido del programa oficial de las Fiestas de la Elipa la presentación del cantautor cubano Orlis Pineda y del grupo Somos Agua sin avisar a los organizadores. En aquel momento, este medio consultó al Ayuntamiento por los motivos de la decisión. En la respuesta, pidieron que “las fiestas de distrito sean unos días de celebración y no se aprovechen para reivindicar mensajes políticos”.
Jorge Donaire, un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ha criticado las medidas de los populares en los otros distritos. “Las fiestas también son espacios para cuestionar al poder y visibilizar los problemas de los barrios. Con esas limitaciones, parece que todo aquel que discrepe no es bienvenido”, reconoce en una entrevista con EL PAÍS y ejemplifica con el caso de Hortaleza.
Los vecinos de ese distrito llevan meses enfrentados a las políticas de David Pérez, quien ya es conocido como el “concejal aguafiestas”. Sonia San Andrés Moreno, la vicepresidenta de la asociación vecinal La unión de Hortaleza, expresa que han vivido las fiestas de junio “con mucha tristeza”, pues “el concejal no ha permitido la participación real del movimiento asociativo del barrio”. Según cuenta por teléfono, desde hace tres años han “desaparecido los espacios para reflexionar, aportar ideas y crear algo en conjunto”.
En 2025, David Pérez modificó los criterios de adjudicación de las casetas en el recinto ferial. San Andrés considera que el objetivo ha sido apartar a aquellas que “son un poco más críticas” con la gestión del concejal y asegura que es la primera vez en 50 años que tienen ese problema. “Y eso que en el distrito han estado todos los colores políticos”, matiza. Pero no solo eso, desde que llegó al cargo en 2023, Pérez ha cancelado varias actividades culturales y modificado el calendario de fiestas.
El descontento se nota. Durante el pregón de las tres fiestas más recientes, los vecinos han convocado pitadas contra el concejal, pero una de las protestas más destacadas ocurrió este año en el escenario. Al término de una sesión del Club del disco de Hortaleza en las Fiestas de la Primavera, los dos pinchadiscos mostraron una manta con la leyenda: “David Pérez se irá y nosotros nos quedaremos porque el barrio es nuestro”. En redes sociales ha sido difundido un video en el que se observa a una mujer, identificada como la responsable de la empresa que gestionaba el escenario, que sube para retirar la pancarta. La Junta de Hortaleza justificó la acción al afirmar que “a las asociaciones se les había comunicado que no se podían mostrar mensajes ajenos a la actividad”, tras una consulta de este medio.
En Arganzuela, el distrito gobernado por María Dolores Navarro, las asociaciones vecinales enfrentaron una nueva prohibición para las fiestas de La Melonera de este año. En las bases para la adjudicación de las casetas especificaban que no permitirían “la presencia de elementos pertenecientes a entidades distintas, ni de símbolos políticos, pancartas o banderas diferentes de las constitucionales” en el exterior de estas. El decreto amenazaba con la expulsión del recinto ferial durante dos años a las agrupaciones que incumplieran la regla.
El Espacio Vecinal Arganzuela (EVA) pudo adjudicarse una caseta, pero antes de gestionarla interpuso un recurso ante la Junta Municipal porque consideraron que la medida vulneraba la libertad de expresión. Demetria Salas, una integrante del EVA, recuerda que el recurso fue desestimado, pero hasta entonces recibieron una explicación: “Solo se referían al exterior. Sigue siendo censura, pero hemos tenido que apelar para que lo aclaren. Las asociaciones temían por el posible castigo. Muchas de ellas se financian por lo que venden en las casetas durante las fiestas”, especifica.
Las asociaciones sí colgaron carteles con las reivindicaciones de sus barrios y banderas para expresar su solidaridad con Palestina, siempre dentro de sus carpas. Salas asegura que la prohibición en las bases para adjudicar las casetas es un ejemplo más de las complicaciones que las asociaciones vecinales han enfrentado en los últimos años. También denuncia “las dificultades” que ha puesto el distrito para que su asociación sea declarada de utilidad pública, que las convocatorias para las fiestas no se publiquen con suficiente tiempo y que estas contengan cada vez “más trabas” para las asociaciones.
En Retiro, los vecinos vivieron las fiestas del barrio de Ibiza en junio con una sensación de riesgo. Desde hace dos años que no se corta la circulación vehicular en el cruce de Sainz de Baranda con la calle de Narváez. Marini Lozano, la secretaria de la asociación de vecinos de Retiro Norte, expresa que eso entorpece las actividades para niños y adultos mayores, pero no es el único descontento: “Falta mucho diálogo, no quieren trabajar con las asociaciones vecinales”, expone.
Al ser consultada por este medio, la Junta de Retiro respondió que todas las propuestas de las asociaciones se realizaron en dos carpas y que “se propuso dedicar una tarde a las bandas del distrito y no fue posible ante la falta de disponibilidad de las mismas”. Según Lozano, la Junta avisó a las agrupaciones 15 días antes, cuando ya tenían las fechas ocupadas: “Ellos dicen las cosas de último minuto. Echamos de menos el diálogo que había con otros concejales”, se lamenta.
En San Blas, la plataforma vecinal del barrio se quejó de que la concejala Almudena Maillo rechazara que el pregón de las fiestas de julio estuviera a cargo de los bomberos del barrio “en reconocimiento a su trabajo”. Según se lee en un comunicado donde anunciaron que no estarían en las fiestas, nadie les explicó los motivos: “Pretenden seguir reduciendo a la nada la participación ciudadana en las fiestas”, expusieron. La Junta fue consultada por este medio y expusieron que era “más pertinente” que los pregones fueran encabezados por personas del colegio María Moliner, que este año cumple 50. “Los bomberos pueden serlo el próximo”, sentencian.
El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento se muestra afín a la postura de los populares. Su concejala Arantzazu Cabello considera que “el cambio de algunos criterios es razonable” y que solo deben lucir “las banderas oficiales españolas y las que representan a las distintas formaciones”.
Para Rita Maestre, portavoz del grupo municipal de Más Madrid, “Almeida hace cada vez más suyos los postulados de la derecha más extrema” e “intenta controlar ideológicamente las fiestas populares”. “La censura refleja lo mucho que le incomoda la participación vecinal”, ha declarado a EL PAÍS.
Jorge Nacarino, el presidente de la FRAVM, señala que las medidas implementadas por el PP en la ciudad ocasionan “la pérdida del sentido de pertenencia de los barrios”, pero los efectos van más allá. Teme que la situación en los cinco distritos sea “una especie de ensayo para recortar derechos a los vecinos”. “Quieren una ciudad homogénea y al margen de los intereses de la ciudadanía”, sostiene.
Aún quedan fiestas por celebrar en la ciudad pero los vecinos de estos cinco distritos piensan en los próximos años. Sonia Hernández, la vecina de Hortaleza, sabe que encontrarán “muchas pierdas en el camino”, pero confía en que las asociaciones serán creativas para sortear los obstáculos y seguir bailando a su ritmo.