Un grupo de 24 Estados de EE UU anuncia una demanda este jueves a la Administración del presidente Donald Trump en la primera impugnación legal a los aranceles globales del 10% que el republicano impuso tras el fallo del Tribunal Supremo que invalidó gran parte de los gravámenes llamados “recíprocos”, en virtud de una ley de poderes de emergencia. Los demandantes alegan que el mandatario no puede eludir la reciente sentencia del Supremo “al invocar una nueva autoridad legal”.
Los Estados liderados por los demócratas, entre ellos Nueva York, California y Oregón, argumentan que los nuevos aranceles ―que Trump anunció inmediatamente después de la sentencia del tribunal superior el 20 de febrero― también son ilegales. Los aranceles se impusieron durante 150 días en virtud de la Ley de Comercio de 1974, cuyo objetivo es hacer frente a emergencias monetarias a corto plazo, y no a los déficits comerciales habituales que se producen cuando una nación rica como Estados Unidos importa más de lo que exporta, según la demanda de los estados, que se presentará en el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York.
Los fiscales generales y gobernadores demócratas que participan en la demanda argumentan que Trump se está extralimitando en sus funciones con los aranceles del 15% que planea aplicar a gran parte del mundo, como respuesta instantánea al varapalo del Supremo. “Ahora mismo deberíamos centrarnos en devolver el dinero a la gente, no en duplicar los aranceles ilegales”, como los calificó el Supremo, afirmó el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield.
La orden ejecutiva de Trump del 20 de febrero impuso un arancel del 10% a las importaciones, pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó el miércoles que es probable que esos tipos aumenten hasta el 15% a finales de esta semana. Trump ha convertido los aranceles en un pilar central de su política comercial y exterior en su segundo mandato, reclamando una amplia autoridad para imponer aranceles sin la intervención del Congreso. Sin embargo, el 20 de febrero, el Tribunal Supremo le infligió una dura derrota al anular gran parte de los aranceles que había en abril pasado en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, dictaminando que la ley no le otorgaba el poder que reclamaba. Fue tal la batería de aranceles que el republicano decidió, prácticamente contra todos los países de la comunidad internacional, que, muy ufano, calificó de “Día de la Liberación” el 2 de abril, el de la firma.
El 20 de abril, Trump respondió a la afrenta redoblando su apuesta arancelaria. En abierto desafío a los jueces que fallaron en su contra —seis de los nueve que componen el alto tribunal, algunos de ellos nombrados por él en su primer mandato—, anunció nuevos gravámenes en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, una ley que, al igual que la de poderes de emergencia, nunca antes se había utilizado para imponer aranceles. Al margen de los denominados de emergencia, Trump también ha impuesto otros aranceles más habituales a importaciones como automóviles, acero y aluminio, en virtud de una autoridad legal más tradicional. Estos últimos están más a salvo de impugnaciones legales.
Los Estados que han presentado la demanda, que también ganaron la interpuesta contra los aranceles de emergencia, argumentan que la Ley de Comercio solo permite imponer aranceles para hacer frente a un déficit de la balanza de pagos, algo se produjo por última vez durante la presidencia del republicano Richard Nixon, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro.
Las medidas contra el déficit de la balanza de pagos de la Ley de Comercio están destinadas principalmente a hacer frente a riesgos monetarios como una depreciación repentina y significativa del dólar en los mercados de divisas, según los Estados. Trump, sin embargo, ha aplicado erróneamente esa norma en un intento de abordar los déficits comerciales de Estados Unidos, que se producen cuando un país importa más de lo que exporta.