“Retroceso” o “retoques superficiales” son dos de las formas en las que se alude al anteproyecto de ley de violencia vicaria machista que maneja el Gobierno en la carta abierta que la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional quiere hacer llegar a los ministerios de Igualdad, Infancia y Justicia, los tres directamente implicados tanto en esa norma como en la reforma de la Lopivi, la ley de protección a la infancia, que también incluyen en la misiva. El grueso, sin embargo, va dirigido a la primera, de la que por el momento se conoce un primer texto. La Coordinadora, conformada por más de 20 organizaciones tanto de profesionales del ámbito de la violencia de género como de mujeres víctimas, afirma tener una “gran preocupación” ante la propuesta actual.
El Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria salió de Consejo de Ministros el pasado septiembre. ¿El contenido? Modificaciones en siete normas ―entre ellas el Código Civil y el Penal― que se esperaba que pasaran este enero en segunda vuelta por Consejo de Ministros antes de ir a trámite parlamentario. ¿El objetivo? Que la violencia vicaria machista sea tipificada por primera vez como delito específico.
El argumento de la Coordinadora sobre su desacuerdo con el anteproyecto es en parte por ese objetivo y en parte por esas modificaciones. Creen que son “retoques superficiales” para un problema que “no es un fenómeno aislado ni marginal” sino “una de las expresiones más crueles de la violencia machista y el gran agujero negro de la realidad actual de dicha violencia”. Aseguran que llevan “demandando desde hace tiempo” que se regule, pero “no de cualquier forma”. Con lo que se ha propuesto hasta ahora, afirman que se retrocedería “a antes del 2004″, es decir, a antes de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Explican que lo que crea el anteproyecto es una nueva figura delictiva, pero lo hace como “un delito neutro de violencia vicaria”, es decir, que si lo que se pretende es regular la violencia vicaria machista, la que los hombres ejercen contra los hijos u otras personas para hacer daño a las mujeres, este texto no lo hace, sino que pone sobre la mesa un delito ya sea ejercido por hombres o por mujeres, algo que según la carta va “en clara contradicción no solo con el concepto mismo de violencia vicaria, sino con las verdaderas necesidades y exigencias de un fenómeno social de tal naturaleza”.
Creen, por otro lado, que lo más óptimo para ir erradicando esta violencia sería que las reformas estuvieran enfocadas a atajar los problemas que existen en las legislaciones ya en vigor y en la práctica diaria en los juzgados. “Poder dar cumplimiento efectivo a muchos de los mandatos ya previstos en nuestro ordenamiento jurídico, pero que siguen teniendo un inaceptable nivel de cumplimiento práctico“.
Ponen un ejemplo en el documento: “Las cifras dadas por el propio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial son elocuentes. Solo en 2024 se registraron en España más de 199.000 denuncias por violencia de género. De ellas, cerca de 60.000 dieron lugar a medidas judiciales de protección, es decir, se trataba de casos considerados de especial gravedad. Pese a ello, únicamente en el 14,27% de estos supuestos se suspendieron las visitas al padre agresor o presunto agresor. Y en apenas un 0,3% se adoptaron medidas específicas para proteger a los niños y niñas”.
Esos datos, según la Coordinadora, revelan que “a pesar de que la ley reconoce desde 2015 a los hijos e hijas como víctimas de la violencia de género, en la práctica se sigue priorizando el mantenimiento del contacto con el agresor en nombre de un supuesto interés superior del menor”; y es algo que el texto actual del anteproyecto sigue dejando abierto.
En la carta, las organizaciones se preguntan “desde cuándo el interés superior de una víctima consiste en seguir bajo el control de quien la daña” y aluden a la necesidad de tener “en cuenta la persistencia de patrones culturales profundamente arraigados que sostienen que un hombre violento puede ser, al mismo tiempo, un buen padre”.
Una idea, la anterior, que a pesar de haber sido “ampliamente desacreditada por la evidencia científica y por la experiencia profesional, continúa influyendo en muchas resoluciones judiciales, obligando a niños y niñas a convivir o relacionarse con quien les provoca miedo, ansiedad y sufrimiento”. En parte, por “la falta de formación especializada de muchos profesionales del sistema judicial y social” y “la ausencia de una perspectiva de género, de infancia y de derechos humanos que contribuye a decisiones que reproducen la violencia“.
Creen que los ministerios implicados en esta reforma están a tiempo de modificar ese primer anteproyecto para “abordar de forma coherente e integral el tratamiento jurídico de la violencia vicaria” porque “solo se necesita conocimiento de las implicaciones” que tendría la propuesta actual. Y aseguran que prefieren “que se quede el marco legal tal como está” antes que un anteproyecto que supondría “retroceder una vez más”.
Desde Infancia, la ministra Sira Rego ha respondido de forma pública a esa carta de la Coordinadora. “La ampliación de la LOPIVI que estamos impulsando es urgente, una respuesta necesaria a fallos estructurales que siguen dejando a la infancia en situaciones de riesgo conocidas y evitables. Proteger a las mujeres y la infancia no admite dilaciones o ambigüedades”, ha afirmado en Bluesky. Y Ana Redondo, la ministra de Igualdad, en declaraciones a los medios la mañana de este miércoles, ha comentado que entiende la preocupación de la Coordinadora, pero que “este temor no se va a plasmar en la futura ley”.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.