Ángeles, empleada de hogar de 37 años, atiende por teléfono a EL PAÍS mientras hace la compra. “Así no escuchan todo lo que tengo que decir”, dice esta peruana, interna en una vivienda en la que cuida de una anciana dependiente. Trabaja en situación de irregularidad, con un horario de lunes a viernes y con una única pausa de 16.00 a 18.00. El resto del tiempo, incluyendo toda la noche por si surge algún problema, está a disposición de sus empleadores. “Cobro 900 euros por algo que ocupa toda mi vida. Mi jefa dice que al no tener papeles no tengo derecho a nada. Es muy deprimente”. Aún falta algo más de un año para que Ángeles pueda regularizar su situación, momento en el que intentará abandonar el empleo doméstico: “Buscaré otra cosa. Es un trabajo muy cansado, durísimo”. Sueña con abrir un restaurante peruano, como el que dirigía en su país de origen.
Por los motivos que menciona Ángeles o por otros de todo tipo, 52.900 empleadas de hogar han dejado su puesto o han sido relevadas del mismo en el último año. Según los datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre, es la rama de actividad que más retrocede tanto en términos absolutos como relativos (-8,9%) en el último año. La contracción resulta aún más llamativa al contextualizar respecto al resto del mercado laboral: en el mismo periodo España ha ganado 564.000 ocupados, un avance del 2,6%.
El dato obedece a un patrón de los últimos años, en el que encoge poco a poco el sector. Esta actividad notifica la peor retribución de la economía española (1.014 euros mensuales brutos en 2023, ante un promedio de 2.273), la mayor proporción de trabajadores extranjeros y de doble nacionalidad (66%, frente a la media en EPA del 20%) y también la mayor participación de mujeres (el 93%). Mientras que el mercado laboral ha crecido un 9% desde 2008, el empleo en el hogar retrocede un 27%.
Los especialistas difieren al identificar las causas de este fenómeno, que ha tomado velocidad en los últimos meses. La principal patronal del sector cree que la explicación con más peso es la mejora de condiciones laborales, entre las que subraya el vertiginoso aumento del salario mínimo interprofesional en un sector sin convenios específicos (el SMI ha crecido un 61% desde 2018, hasta 1.184 euros brutos al mes), el derecho a la prestación por desempleo desde 2022 (que implica un nuevo gasto en cotizaciones para el empleador) o la nueva normativa de prevención de riesgos laborales, que obliga a los hogares a evaluar esos peligros (exigible y con posibles sanciones por incumplimientos desde el 14 de noviembre).
“Todas estas medidas son fantásticas, de justicia social, pero se hacen en contra de las familias empleadoras. Suponen un coste económico y burocrático que no tiene en cuenta que las familias no son una empresa normal, con un departamento de recursos humanos”, opina Ana Garrido, presidenta de la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD). “Muchas de estas medidas tienen una lectura fiscalizadora, que amenaza con multas. ¿Por qué no premiamos a los que están contratando?“, añade. Cree que estos derechos de las trabajadoras, obligaciones para los empleadores, desincentivan las contrataciones en el sector.
El Ministerio de Trabajo contrapone que esas medidas han protegido a este colectivo “feminizado y tradicionalmente discriminado” con derechos que lo “equiparan al resto de personas trabajadoras, poniendo punto y final a una anomalía histórica”.
Esta contracción de ocupadas que recoge la EPA tampoco sorprende a Dolores Jacinto, coordinadora de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados. “No nos sorprende porque vemos que muchas compañeras son despedidas”, dice esta especialista. “Hemos notado un paso atrás de muchos empleadores, que bajan las horas declaradas a la Seguridad Social por ese aumento de costes”, añade. Eso no quiere decir que todas las empleadas cesen o trabajen menos horas, “simplemente hay una parte que se paga en B”.
El Gobierno viene sosteniendo que el incremento del salario mínimo, la reforma laboral y otros cambios normativos han eliminado incentivos al empleo de menor valor añadido, y que esta es una de las razones que explican el retroceso de la ocupación en actividades como el empleo en el hogar. En el mismo contexto enmarcan la pujanza de las grandes empresas, que generan la mayor parte del nuevo empleo mientras autónomos, pymes y familias apenas aportan nuevos puestos. Es decir, el Ejecutivo hace una lectura de fondo positiva: que tras este fenómeno se esconde un cambio a mejor del tejido productivo.
“Tiene que ver con la mejora en la calidad del empleo. En el momento en que las personas tienen posibilidades de trabajar en sectores con mejores condiciones, lo hacen”, refuerza el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. “Este sector es lo peor de lo peor de lo peor. Creo que algunas pueden haberse ido a otros sectores como hostelería o limpieza, en un contexto de falta de mano de obra en ciertas actividades”, agrega Domingo Talens, de la asociación Gaztelan, organización navarra que trabaja con empleadas de hogar y otros colectivos vulnerables.
Empleadas externas e internas
Isabel Otxoa, asesora de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia (ATH-ELE) y ex profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad del País Vasco, subraya que los datos de la EPA no permiten conocer si lo que desciende es el trabajo de las internas o de las externas. “Si lo que ha descendido es el trabajo externo, es probable que se deba a que el precio del trabajo ha subido, al subir el salario mínimo. Nosotras vemos más una reducción en el número de horas, más que la eliminación de puestos de trabajo”, indica esta especialista. Cree que “no es probable” que hayan descendido las empleadas internas, “dado que cubren necesidades imperiosas de cuidado”. Las externas, que acuden horas sueltas, suelen trabajar para varios empleadores, pero cobran más por hora que las internas.
Talens advierte de que la mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras podría estar impulsando la economía sumergida en el sector, que realmente no se esté reduciendo el número de empleadas del hogar, sino que cada vez más trabajen en B, argumento que también sostiene la presidenta de la AESPD. En contra de esa idea, como sostiene el ugetista Luján, está el hecho de que la EPA también mide el empleo informal (al tratarse de una encuesta), al contrario que la afiliación a la Seguridad Social, un registro administrativo.
Lo que sí deja claro la combinación de esas estadísticas es que el empleo en B es muy común en el sector: el desfase es muy profundo, con 378.000 afiliaciones en el hogar en septiembre (también a menos en los últimos años) frente a las 564.000 ocupadas que notifica la EPA en el tercer trimestre. “La gente ocupada sin permiso de trabajo se oculta por interés de ambas partes, trabajadoras y parte empleadora. Según la encuesta de ATH-ELE para el año 2024 en Bizkaia era de un 26% de las internas y el 12% largo de las externas”, ejemplifica Otxoa.
El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, Carlos Bravo, advierte de otro factor que puede estar impulsando la economía sumergida en el sector: “Creo que las campañas de sensibilización para advertir a los empleadores de la cobertura que deben dar a las trabajadoras son determinantes y hace tiempo que no se hacen. Hace falta un mayor trabajo inspector, ya que el boca-oreja entre empleadores funciona”. Este periódico ha consultado a Inspección de Trabajo si ha advertido un aumento de la informalidad en el sector, pero no hay datos disponibles. No obstante, subraya que el organismo está “vigilante ante cualquier incumplimiento”.
Otxoa subraya la “reivindicación histórica” de que Inspección pueda actuar en los domicilios, pese a la inviolabilidad que reconoce la Constitución a estos espacios. La reforma de la prevención de riesgos de aprobada en mayo y exigible a los empleadores desde el próximo 14 de noviembre no contempla que el organismo inspector pueda acceder a las viviendas.
Más cuidadoras profesionales
El Ministerio de Trabajo cree que una parte de la contracción en el régimen de empleadas de hogar se debe a que algunas de esas empleadas ahora trabajan en empresas que prestan estos servicios. “Se está produciendo, por tanto, un trasvase de afiliación al régimen general”, sostiene el ministerio de Yolanda Díaz. María Juncay, de la asociación Emakume Migratu Femninistak, apunta otra explicación a la reducción de empleo en la EPA en una línea parecida a la del ministerio: “Creo que hay un movimiento del empleo hacia los cuidados profesionales, sobre todo a las residencias de mayores. Las internas se van a lo sociosanitario, donde las condiciones son mejores”. Los datos del INE recogen un fuerte incremento de la ocupación en este sector en los últimos años, que ha pasado de 281.000 ocupadas hace una década a 389.000 ahora. No todas son cuidadoras profesionales, pero es la categoría más común en ese grupo de trabajadoras. Con todo, el incremento no es tan fuerte como la contracción entre empleadas de hogar.
Juncay, ecuatoriana de 55 años residente en Bilbao, es una de las miles de ex empleadas de hogar que han hecho ese camino. “Trabajé 16 años como empleada de hogar, donde ya hacía las funciones de una cuidadora profesional. Miles de mujeres internas se encuentran en esa situación, cuidando a personas mayores pero con el sueldo de una interna. Es una vergüenza”, denuncia. Su asociación plantea la “erradicación” del trabajo interno, dadas las condiciones de “miseria” del oficio. “Es un trabajo interminable, en muchos casos sin descansos y en el que muchas mujeres sufren el racismo de sus empleadores. No hay conciliación familiar posible, ni derecho al ocio”, agrega esta ecuatoriana.
Como ella, Jacinto también fue empleada de hogar y tampoco guarda un buen recuerdo de esa época. “Entras en este sector por necesidad, porque es la forma de trabajar hasta que obtengas los papeles”. Esta mexicana de 38 años subraya que la normativa obliga a “estar dos años en territorio español al margen de la ley” antes de “optar a mejores empleos”. Ese es el periodo de arraigo que deben demostrar los extracomunitarios antes de acceder una autorización de residencia. A la vez, denuncia el atasco en las homologaciones de títulos universitarios que limita sus opciones de cambiar a mejores sectores: según un estudio reciente de este periódico, el 54% de los trabajadores extranjeros con estudios universitarios está sobrecualificado frente al 33% de los españoles. “Se creen que venimos sin formación, pero muchas de las que estamos limpiando casas tenemos estudios universitarios”, dice Jacinto.
“Te aseguro que si no hubiera que esperar ese tiempo habría mucha menos economía sumergida y mucha menos precariedad en el sector”, añade esta mexicana residente en Valencia, que ahora trabaja como dinamizadora comunitaria en su asociación. Desde su experiencia personal y también por las vivencias de las empleadas a las que ayuda, ve cómo el empleo doméstico, especialmente en régimen interno, “no solamente te debilita físicamente; también lo hace a nivel mental”. “Muchas necesitan medicarse para funcionar y ni siquiera se reconoce el origen profesional de sus dolencias. No puede ser que tantas mujeres vivan a base de diazepam”, finaliza Jacinto. Juncay apostilla que ese sacrificio “está sosteniendo el pilar del bienestar de España”, que sin estas trabajadoras, la mayoría de origen extranjero, “habría una gran crisis de cuidados” por el envejecimiento de la población.
La jefa patronal, Garrido, ahonda en esta cuestión: “Es verdad que ha bajado la natalidad, pero la incorporación de la mujer al mercado laboral va cada vez a más y, al tener los hijos más tarde, esto se junta con la necesidad de cuidado de los abuelos. Las familias han cambiado, pero no a menos necesidad de ayuda. La gestión es más complicada”. Los hijos de Ángeles, la empleada de hogar de 37 años que abre este reportaje, aún viven en Perú. “Seguiré trabajando para ayudarles y para que un día puedan venir aquí a estudiar”, dice.
Retos a futuro
Tanto Juncay como Jacinto reclaman a la Administración que aborde el anticipo del retiro de las empleadas de hogar y de las cuidadoras profesionales, dada la exigencia física que soportan. Los colectivos de camareras de piso también reclaman este derecho, que el Ministerio de Seguridad Social articula a través de un nuevo vehículo normativo. Sindicatos y patronales pueden pedir los coeficientes reductores (mediante los cuales un periodo cotizado cuenta computa como una fase más larga) en los sectores con más bajas, más largas y más siniestralidad y, mediante una evaluación objetiva, el ministerio concede o no este derecho, que ya beneficia a mineros o policías autonómicos. “No puede ser que a los 65 años estemos limpiando cristales”, dice Jacinto.
Por su parte, Otxoa critica que el Gobierno no reconozca los periodos cotizados para el desempleo anteriores a octubre de 2022 y que la futura obligación de registro horario mediante un sistema electrónico y accesible a la Inspección de Trabajo excluya al sector. “Esto es especialmente duro en el trabajo interno, en el que la gente mete muchas horas no demostrables”, denuncia esta especialista. Asegura que cuatro de cada diez empleadas de hogar internas “trabaja de día y no descansa de noche porque tiene que atender a la persona que cuida, cuyas jornadas superan las 60 horas”.