Tras una reunión realizada este viernes, los partidos de oposición emitieron un comunicado en el que pidieron que el Presidente Kast remueva al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y anunciaron la “preparación para la presentación de una acusación constitucional” por la “indignante decisión” del Gobierno de rebajar penas a 56 abusadores y violadores de niños.
La misiva, firmada por las bancadas de diputados del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia y del Partido Liberal, también apunta a las “constantes iniciativas del Gobierno y el oficialismo para promover la impunidad de violadores de DD.HH.”.
El primer punto del documento señala que el “Presidente Kast debe asumir su responsabilidad y tomar acciones. Él no es un observador, es el jefe de Gobierno. Si el ministro Rabat está en el cargo fue porque el Presidente lo nombró. De la misma forma, puede comenzar reconociendo el error y hacer valer las responsabilidades políticas que corresponden en estos hechos que han conmocionado al país y generan temor en muchas víctimas”.
“Por eso, exigimos al Presidente Kast que remueva al ministro Fernando Rabat de su cargo. Hasta ahora, la respuesta del Gobierno ha sido tardía, insuficiente e irresponsable, además de errónea jurídicamente. Es momento de hacerse cargo”, agrega.
En segundo término, las bancadas opositoras acordaron “impulsar, en primera instancia, una Sesión Especial para el día miércoles 28 de octubre con el objetivo de que el Ministro Rabat dé cuenta al Congreso Nacional de este cambio de criterio y le explique al país sus razones“.
Finalmente, los partidos anunciaron que iniciarán “el trabajo de preparación para la presentación de una AC. Estaremos analizando argumentos jurídicos y dialogando con todos los sectores políticos que tengan un compromiso claro con defender a los niños y niñas de estos perversos abusos. Una vez recabados los antecedentes, anunciaremos nuestra definición conjunta el día miércoles 28 de octubre en el Congreso Nacional”.
El comunicado concluye con un llamado “a toda la ciudadanía y sectores políticos a la unidad para defender a la niñez de Chile. No podemos permitir que se deje a las víctimas en la indefensión y con miedo”.
Oposición insiste en remover a Rabat y oficialismo acusa a las leyes y los tribunales
La diputada Emilia Schneider, jefa de bancada del FA, señaló que el Presidente Kast “debe tomar una decisión: ¿se pone del lado de las víctimas o sigue defendiendo a su ministro?”.
Por su parte, el diputado Raúl Leiva, jefe de bancada del PS, explicó que “entendiendo la gravedad, inconsistencia y grave daño a la institucionalidad, iniciaremos en los análisis y fundamentos políticos y sobre todo jurídicos de una acusación constitucional”.
“El señor ministro de Justicia decía que era su obligación legal y constitucional otorgar la rebaja de condena, y hace media hora nos enteramos que él las puede suspender. Vale decir, ¿va a incumplir el mandato legal y constitucional en el cual él fundó sus decisiones? ¿Por qué el Gobierno no asume el grave error y el costo institucional que acarrea este tipo de decisiones?”, subrayó.
Esta mañana, el Presidente José Antonio Kast se reunió en La Moneda con los timoneles del oficialismo. Tras la cita, los dirigentes respaldaron al ministro y atribuyeron la controversia a la falta de claridad de la ley y a las distintas interpretaciones de los tribunales.
“Aquí la primera responsabilidad es de la ley, que no fue lo suficientemente clara. La segunda responsabilidad es de los tribunales de justicia, que han interpretado la ley como una ley que no se puede aplicar hacia atrás en este caso”, dijo el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI.
Por su parte, el senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, sostuvo que es “evidente que frente a algo así, una persona que lleva muchos años en política habría dicho: ‘mire, si yo firmo esto como me mandata la ley, en el fondo me van a cuestionar, así que prefiero lavarme las manos y que sea el tribunal el que me mandate. Eso efectivamente se le ocurre a alguien que lleva más años en política”.
“Eso no significa de que alguien que actúa en función de lo que mandata la Constitución y la ley esté en falta, todo lo contrario: nada más absurdo que acusar a alguien por cumplir la ley”, resaltó.
Gajardo rechaza comparación de decretos: “No son iguales”
Esta mañana, el ministro vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, exhibió un decreto firmado por el exministro de Justicia Jaime Gajardo y otro suscrito por Rabat. El Gobierno sostuvo que, aunque el camino fue diferente, ambos documentos terminaron concediendo el mismo beneficio.
Más tarde, Gajardo rechazó esa comparación y explicó que el decreto que lleva su firma fue dictado después de que un tribunal ordenara otorgar la rebaja, mientras que la actual administración resolvió concederla directamente.
“Los subsecretarios de Gobierno tienen como obligación entregarle a la ciudadanía información veraz. Lamentablemente, el subsecretario de Gobierno no nos entregó información completa. Esos decretos no son iguales”, puntualizó.
El exsecretario de Estado indicó que “hay un decreto que es el que firma el actual ministro de Justicia, que entrega inmediatamente y lo entrega él directamente un beneficio a un criminal que ha o violado a un niño o que ha abusado sexualmente de ese menor. Y el decreto que mostró que lleva mi firma es un decreto por orden o que está cumpliendo una sentencia judicial”.
“A mi juicio, la responsabilidad política es evidente, y en este país se tienen que asumir las responsabilidades políticas”, concluyó.