El presidente Gustavo Petro insiste, sin dar pruebas, en un supuesto fraude electoral para los comicios presidenciales de mayo. A través de su cuenta de X, en la madrugada de este jueves el mandatario ha afirmado que el procurador general y el registrador nacional buscan censurarlo por sus críticas a lo ocurrido en las legislativas del domingo pasado. “Voy al fraude grande, el del software listo para la elección presidencial”, ha escrito.
El mandatario ha reiterado sus críticas al sistema informático que consolida los resultados del escrutinio electoral. Ha señalado, como ha hecho reiteradamente por años, que la empresa Thomas Greg & Sons, seleccionada por la Registraduría para encargarse de parte de la logística electoral, tiene intereses políticos. Se trata de la compañía que ha fabricado las libretas de pasaporte en la última década y con la que su Gobierno ha librado una batalla jurídica. Sin mayores detalles sobre su denuncia, ha escrito sobre la empresa: “Ya se realizó un trato entre un candidato, que busca ganar a toda costa y no importa el medio, y los dueños de la empresa escrutadora de elecciones“. Tampoco ha aclarado a qué aspirante se refiere.
Según el jefe de Estado, la Procuraduría ha buscado silenciarlo para impedir que su Gobierno avance en el contrato de realización de pasaportes con la Casa de Moneda de Portugal, uno que ha estado sujeto a una larga guerra jurídica desde que, a inicios del cuatrienio, la Cancillería avanzara en un proceso jurídico para licitar la impresión de los pasaportes y Thomas Greg quedara como único proponente habilitado en la licitación. “La Procuraduría me quiere silenciar por orden judicial para que no hable de esta empresa y su software de elecciones no auditado“, dijo Petro. Así, vincula una reciente decisión judicial favorable a Thomas Greg en el pleito por los pasaportes, con las elecciones.
No es la primera vez Petro enfatiza, en discursos y trinos, que tiene dudas sobre su confiabilidad en manos de la Registraduría, una entidad autónoma. Los entes de control y la sociedad civil han rechazado estos cuestionamientos: las fallas del pasado fueron situaciones aisladas, se descubrieron por las salvaguardas que existen y provocaron mejoras para evitar que se repitan. “El sistema electoral no da lugar a alteración o fraude, porque siempre queda evidencia física de los votos y de las actas de mesa”, declaró el registrador, Hernán Penagos, en una entrevista con este periódico. El procurador, Gregogio Eljach, ya le ha advertido al presidente que no puede jugar con “la honra” de organismos autónomos. Y la defensora del Pueblo, Iris Marín, ha dado un parte de tranquilidad. “Ha habido alteraciones de resultados electorales en el pasado, pero fueron resueltas adecuadamente por las autoridades. Confiemos en que las instituciones tenemos la capacidad de resolver”, subrayó una semana antes de las elecciones legislativas.
En estos momentos avanza el escrutinio de las elecciones legislativas, que realizan jueces, notarios y registrados de instrumentos públicos destinados temporalmente para ese fin en las llamadas comisiones escrutadoras. El proceso, que implica abogados y testigos de los partidos y los candidatos, suele tomar varios días, e incluso semanas, hasta que el Consejo Nacional Electoral consolida los totales nacionales. Son esos datos los que finalmente determinan a las personas elegidas, aunque desde la noche del domingo existe un conteo rápido hecho por la Registraduría que tiene otras implicaciones políticas.