El diputado Roberto Arroyo (PDG) impulsa un proyecto de ley para sancionar penalmente el uso no autorizado de drones sobre recintos penitenciarios, con el objetivo de impedir su utilización para ingresar drogas, teléfonos celulares y otros elementos prohibidos a las cárceles.
La iniciativa propone penas de presidio de 61 a 540 días o multas de entre 11 y 20 unidades tributarias mensuales (UTM), además de restricciones para determinados vuelos realizados a menos de 400 metros del perímetro de los establecimientos.
La propuesta surge tras conocerse que entre 2022 y el 28 de octubre de 2026 se registraron 131 procedimientos asociados a sobrevuelos no autorizados, según cifras de Gendarmería publicadas por El Mercurio.
Frente a este escenario, Arroyo advirtió que “hoy la tecnología está avanzando más rápido que nuestra legislación y tenemos que cerrar esos vacíos antes de que ocurran situaciones todavía más graves”.
Los casos pasaron de 23 en 2022 a 40 en 2025, un incremento del 74%, mientras que durante 2026 se contabilizaron otros 18 procedimientos. En el mismo período, se identificaron 12 acciones relacionadas con el lanzamiento de objetos mediante drones.
Uno de los episodios más recientes ocurrió el 20 de octubre en la cárcel de Antofagasta, donde funcionarios de Gendarmería derribaron un dispositivo que transportaba dos teléfonos celulares y drogas.
Actualmente, la normativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) prohíbe el vuelo de drones sobre establecimientos penitenciarios, pero su incumplimiento, por sí solo, contempla sanciones administrativas.