La Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) decretó la suspensión del proceso penal seguido en contra del senador Miguel Ángel Calisto (ex DC, ex Demócratas, hoy independiente, elegido en 2025 en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social dentro del pacto Verdes, Regionalistas y Humanistas).
Según informó el diario La Tercera, la paralización se mantendrá mientras el organismo jurisdiccional analiza la admisibilidad de un recurso de inaplicabilidad interpuesto por la defensa del parlamentario, que alega una vulneración de sus garantías constitucionales.
La decisión congela temporalmente la causa encabezada por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, en la que se investiga un presunto esquema de defraudación al Congreso por más de 100 millones de pesos mediante la contratación irregular de asesorías cuando Calisto ejercía como diputado.
“Estamos conformes con la resolución que acogió la suspensión. Con lo resuelto, antes de continuar el procedimiento penal, será el Tribunal Constitucional el que deberá, primero, pronunciarse sobre la admisibilidad de nuestro requerimiento y, en caso de que así lo decida, conocer el fondo del asunto”, declaró el abogado defensor César Ramos al citado medio.
Desde la Fiscalía de Aysén precisaron que la determinación del tribunal frena la audiencia fijada para este lunes 27 de julio en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, donde se discutiría la factibilidad de dos diligencias requeridas por la defensa.
El dictamen del TC interrumpe un escenario judicial complejo para Calisto, luego de que el Ministerio Público presentara acusación pidiendo 12 años de cárcel, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpusiera una demanda civil para restituir los fondos y la Fiscalía solicitara un nuevo desafuero tras su llegada al Senado.
Actualmente transcurre el plazo de 10 días corridos para que tanto el Ministerio Público como el CDE ingresen sus respectivos informes ante el TC, con el objetivo de lograr que el organismo desestime la admisibilidad del requerimiento.
En caso de que la magistratura constitucional declare admisible la acción, se deberá definir si la suspensión de la causa penal se prolonga hasta la resolución del fondo del asunto.