La posición en la que ha puesto a México la justicia estadounidense al solicitar la detención de Rubén Rocha, un gobernador del partido en el poder, será un punto de inflexión, para bien o para mal. El Gobierno puede dictaminar que Rocha es inocente y ser criticado por su “complicidad” con la corrupción, o puede incriminarlo y ser culpado de entreguismo frente a Estados Unidos. En los dos casos pierde. En otro texto he abordado las implicaciones de una u otra variante.