La Superintendencia de Educación presentó una guía para fortalecer la seguridad en establecimientos educacionales, que incluye medidas como la creación de comités de seguridad y la implementación de dispositivos de alarma y vigilancia.
La denominada Guía Práctica de Medidas de Seguridad en Establecimientos Educacionales entrega lineamientos para orientar a sostenedores, directivos y comunidades educativas en la labor de prevenir y actuar frente a situaciones de violencia escolar, y su publicación coincide con el actual auge de esta problemática.
La superintendenta subrogante de Educación, Pamela Adriazola Rojas, subrayó que “la seguridad y el bienestar de estudiantes y equipos educativos son una prioridad absoluta. Esta guía otorga herramientas concretas para actuar con rapidez y responsabilidad frente a situaciones extremas, reforzando la cultura de prevención y el trabajo conjunto con las familias y autoridades”.
Las medidas son las siguientes:
- Revisar y actualizar los protocolos de convivencia y violencia escolar, así como fortalecer el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) mediante la creación de Comités de Seguridad.
- Reforzar medidas psicológicas y de salud mental a través de la implementación de acciones de acompañamiento, detección temprana de conductas autolesivas y canales de comunicación con las familias, tanto en prevención como en contención posterior a un episodio crítico.
- Fortalecer la seguridad en los establecimientos y a garantizar la protección de toda la comunidad educativa con coordinaciones interinstitucionales con Carabineros, municipalidades y redes asistenciales.
- Robustecer controles de ingreso y salida de los establecimientos educacionales, regulando procedimientos para retiros anticipados y evitando situaciones de riesgo.
- Instalar sistemas de vigilancia y supervisión preventiva bajo criterios de proporcionalidad y respeto a derechos, como usar cámaras de seguridad bajo debida regulación y límites, sin que sea excesiva o invasiva en espacios pedagógicos.
- Definir dispositivos de alarma que adviertan a la comunidad educativa frente a emergencias, diferenciando entre hechos ocurridos dentro o fuera del establecimiento y estableciendo protocolos de evacuación o confinamiento.
- Aplicar el deber de denunciar dentro de las 24 horas de cualquier hecho constitutivo de delito que afecte a los alumnos o que ocurra en el recinto educacional. La obligación recae en directores, inspectores y profesores.
- Reemplazar actividades presenciales por clases telemáticas como posibilidad excepcional en casos de fuerza mayor que impidan la presencialidad. Si las clases son suspendidas por una amenaza o emergencia crítica, esto debe ser informado a la Dirección Provincial de Educación.
En el ejercicio de su autonomía y frente a hechos graves que afecten la convivencia, los establecimientos pueden tomar medidas disciplinarias como expulsión y cancelación de matrícula, acorde a la ley Aula Segura.
La guía completa está disponible en el sitio oficial de la Superintendencia de Educación y en los canales oficiales.