Nuevo revés a los intentos de Donald Trump de cercenar por motivos ideológicos la Administración federal y silenciar las voces críticas. Un juez federal de distrito de Washington consideró inválido este sábado el nombramiento de Kari Lake, la elegida por el presidente de Estados Unidos para desguazar Voice of America, medio fundado por que el Gobierno en 1942 para difundir ideas democráticas en la Alemania nazi, que prestaba servicio en 49 idiomas.
La decisión judicial implica la anulación de los despidos de más de mil trabajadores. Los ordenó Lake hace un año como parte de esa motosierra de gasto público llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a los mandos de la cual estuvo durante unos meses el hombre más rico del mundo, Elon Musk.
Ella es (o era) directora de la Agencia Estadounidense para los Medios Globales (USAGM son sus siglas en inglés), la agencia matriz de la VOA, y anunció tras conocer la decisión del juez Royce C. Lamberth, nombrado por el presidente republicano Ronald Reagan al final de su segundo mandato, que apelará la decisión. Antes de pertenecer a la Administración de Trump, Lake fue presentadora de televisión reconvertida en guerrera del movimiento MAGA (Make America Great Again), bajo cuyo paraguas aspiró dos veces sin éxito a un puesto en el Congreso en representación de su Estado, Arizona.
Falta que la resolución de Lamberth sea ratificada por las instancias superiores. Hasta entonces, se trata de un duro revés para la Administración de Trump. Los despidos afectaron a unos 1.300 trabajadores, una porción de los cuales se ha buscado una salida laboral desde entonces.
Los despidos quedaron, y aún siguen, en suspenso. En este tiempo, la cruzada de esos funcionarios, que trabajaban en una radio con más de 360 millones de oyentes semanales en todo el mundo, con servicios de noticias independientes en países con libertades de prensa limitadas, como China, Rusia e Irán, ha ido sumando triunfos, que evidencian la endeblez de la justificación legal de muchos de los esfuerzos del DOGE. En el caso de VOA, el desguace también obedecía a motivos ideológicos. Según Trump y los suyos, se trataba de un órgano de “propaganda woke”, contraria a los ideales MAGA.
Ahora mismo son más de mil los periodistas y empleados de apoyo que siguen en la pelea de ser readmitidos en sus puestos. Siguen cobrando sin trabajar. Muchos de ellos condicionan su vuelta a la línea editorial que, en el caso de verse obligada a reabrirla, quiera imponer la Administración de Trump a VOA, que financia el Congreso y trabaja con las garantías de un medio independiente.
“Todas las decisiones oficiales tomadas por el Lake entre el 31 de julio y el 19 de noviembre de 2025, incluyendo, entre otras, las órdenes de reducción de personal emitidas el 29 de agosto de 2025″, escribe Lamberth en el auto del sábado, “carecen de efecto y deben ser anuladas”. El juez también define el nombramiento de la aliada de Trump al frente de USAGM como una “violación del ordenamiento jurídico y constitucional”.
El argumento del magistrado es que Lake se extralimitó en sus atribuciones como directora interina. Su designación permanente habría requerido de la confirmación del Congreso. Lamberth también recrimina a la Casa Blanca que ella no cumple ninguno de las dos perfiles posibles para acabar al frente de USAGM de manera provisional: tendría que haberla nombrado el presidente con el consentimiento del Senado o que hubiera sido una funcionaria de alto rango que trabajara en la agencia antes de que surgiera la vacante.
En un comunicado, Lake calificó a Lamberth como un “juez activista”. Lo cierto es que su perfil no encaja con esa definición. Tiene 82 años y fue nombrado en 1987 por Reagan. Según Lake, solo “pretende obstaculizar” el esfuerzo de Trump por “reducir la burocracia, eliminar el despilfarro y restaurar la rendición de cuentas del Gobierno”.
“Nos sentimos reivindicadas y profundamente agradecidas”, dijeron en un comunicado Patsy Widakuswara, Jessica Jerreat y Kate Neeper, las tres demandantes principales, trabajadoras de VOA y de USAGM. “El fallo es un paso decisivo para reparar el daño que han infligido a esta institución estadounidense que tanto amamos. Renueva nuestra esperanza y el impulso para la siguiente fase de nuestra lucha: restaurar las operaciones globales de VOA y garantizar que sigamos produciendo periodismo, no propaganda”.
Decreto presidencial
La orden de desmantelamiento de VOA llegó el 14 de marzo con la publicación decreto presidencial. No pudo ser una sorpresa para nadie: el Proyecto 2025, dosier que allanó intelectualmente el camino a la agenda autoritaria de la nueva Administración de Trump, incluía un capítulo que ponía en el punto de mira a ese medio.
Una semana después, Widakuswara, Jerreat y Neeper denunciaron al Gobierno. “Actuar rápido fue crucial; la demanda tuvo éxito a la hora de parar la entrada en vigor del decreto”, recordó recientemente la periodista, corresponsal de la cadena en la Casa Blanca, en una entrevista telefónica con EL PAÍS. “Vi lo que estaba sucediendo, no solo con los funcionarios, sino con el Gobierno y con mi país. Pensé que necesitaba tomar una postura, resistir y luchar en mi pequeño terreno, que es el del periodismo independiente”. Ahí llegó la primera suspensión judicial de la medida.
El fallo del sábado es el último capítulo de ese largo culebrón. Mientras se aclara el futuro de sus empleados, el próximo domingo, la web de VOA cumplirá un año congelada en el tiempo. Sigue dando las noticias del 15 de marzo de 2025 como una ventana distópica a los efectos de la guerra declarada por Trump a los medios y de los estragos teatrales de la motosierra del DOGE.