Esta semana conocimos el informe financiero de la UIAF —la Unidad de Información y Análisis Financiero— sobre los movimientos bancarios del presidente Gustavo Petro. Esto ocurrió justo cuando el diario sueco Expressen publicaba un artículo sobre la vida de lujos de su esposa, Verónica Alcocer, y otro sobre la compra de los aviones Gripen por parte del Gobierno colombiano, perfecto momento para distraer pero violando las normas.
El presidente no puede utilizar la inteligencia financiera para sus propósitos personales. Y no es la primera vez que lo hace. Lo recordó hace poco el profesor Jorge Restrepo: el mandatario reveló, en violación de la ley, información confidencial sobre la compra del software espía Pegasus. Por ello, el Grupo Egmont —nada menos que la organización internacional para el intercambio de información y lucha contra el lavado de dinero— suspendió su colaboración con Colombia.
En los gastos conocidos del presidente, poco importa si paga o no su asistencia a un burdel. Sus gustos personales son su problema, no el de la ciudadanía. El problema real es que la información de inteligencia es para la justicia, no para uso personal. Como lo confirma el abogado Francisco Bernate, esto es contrario a la ley.
Son muchos los elementos de análisis que aporta la información financiera revelada, pero estos serán objeto de las investigaciones posteriores a que haya lugar.
De lo que quiero ocuparme es del uso indebido de la UIAF y de varios movimientos que, por ahora, carecen de explicación. Por ejemplo: ¿por qué el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus, asumió también la dirección de la UIAF tras la renuncia de Luis Eduardo Llinás? Esto concentra en una sola persona las labores más delicadas de la inteligencia. Además, se trata de alguien cuya única experiencia previa había sido dirigir la Cárcel Distrital de Varones y la Unidad Administrativa del Cuerpo de Bomberos.
Como si fuera poco, Lemus es también quien participa en las mesas de negociación con las bandas delincuenciales de Los Costeños y Los Pepes en Barranquilla. Que un director de inteligencia negocie con grupos criminales es, por lo menos, insólito. Debería estarlos investigando.
La UIAF ha sido usada de manera ilegal por el presidente. Esa misma entidad, según reveló esta semana La W, recibió autorización presidencial para enviar a Isaac Beltrán —exasesor de la entidad— a reunirse en Europa con el zar del contrabando, Diego Marín, para invitarlo, según dicen, a someterse a la ley a cambio de garantías que desconocemos.
Y todo esto pasa en un país inundado de lavado de activos. En cambio, de transparencia tenemos opacidad. La instrumentalización política de los organismos de inteligencia.